Pozuelo recurrirá ante el TSJM la paralización del cierre del centro de refugiados

El Gobierno ha logrado que la justicia paralice de forma cautelar el cierre del centro de refugiados que el Ejecutivo gestiona en Pozuelo de Alarcón, una clausura que el ayuntamiento de este municipio madrileño ordenó alegando la falta de licencia. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han indicado a Efe este jueves que el Juzgado de lo Contencioso número 16 de Madrid ha aceptado las medidas cautelares pedidas por el Ejecutivo, paralizando así el cierre del centro, que no será clausurado mientras no resuelva el recurso interpuesto, según señalan estas fuentes.

La alcaldesa popular de la localidad, Paloma Tejero, prolongará, no obstante la pugna en los tribunales. Según informa el consistorio, el gobierno municipal acata "aunque no comparte" la decisión judicial, pero recurrirá el auto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Desde la corporación se subraya que el auto se ha conocido apenas 24 horas después de que el ayuntamiento formulara sus alegaciones, cuando el ayuntamiento tardó más de un mes en tener constancia de la solicitud de esas medias cautelares.

Además, se recuerda que la decisión ahora conocida se refiere a las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno, pero no al fondo del recurso que presentó el Ejecutivo contra la orden de cierre, una cuestión aún pendiente de resolverse.

La Alcaldía de Pozuelo de Alarcón, gobernada por el PP, ordenó cerrar este recurso el pasado 31 de julio alegando que el Ejecutivo no disponía de licencia para su actividad después de que trascendiese que se barajaba trasladar a estas instalaciones a unos 400 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias.

La Secretaría de Estado de Migraciones presentó entonces alegaciones y un recurso de reposición, pero el 15 de septiembre el Ayuntamiento declaró su cierre definitivo, por lo que el Ejecutivo acudió a la vía judicial el pasado 17 de noviembre para evitar este final.

El Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) ubicado en Pozuelo acoge en estos momentos a 70 personas refugiadas y está, según el Ministerio, al 17 % de su capacidad. Las plazas ocupadas corresponden a familias con niños y niñas ucranianos con protección temporal y mujeres afganas con sus hijos en situación de asilo.

La paralización cautelar del cierre ha sido recibida con alivio por parte de Migraciones, que alude a las familias acogidas en este recurso.

Pozuelo alegó riesgo de hacinamiento

Para defender el cierre, Pozuelo sostuvo en sus alegaciones ante el juzgado que el edificio solo cuenta con licencia para alojamientos breves de hasta 270 alumnos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y no para acoger de forma indefinida a 564 solicitantes de asilo, y aludió además a un "riesgo cierto de hacinamiento". Según argumentan, este verano la Secretaría de Estado del ramo autorizó hasta 564 plazas y reconoció que en ese momento la “ocupación real” superaba las 400 personas, concretamente 403, procedentes de distintas partes del mundo, como ucranianos, afganos y otras ocho nacionalidades africanas.

Este ayuntamiento madrileño, que en todo momento ha estado respaldado por el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, argumenta asimismo que la licencia concedida en 2013 establecía la obligación de obtener una nueva autorización en caso de cambio de actividad o de titularidad, requisitos que, a juicio de la localidad, no se han cumplido.

Frente a estas alegaciones, fuentes del ministerio que dirige Elma Saiz señalaron que este Creade fue abierto en marzo de 2022 para atender a las personas ucranianas huidas de la invasión rusa con 400 plazas iniciales "sin que el Ayuntamiento emitiese crítica alguna hasta hace unos meses" y su situación administrativa no ha variado desde su apertura.

Además, estas fuentes apuntaron que "como su propio nombre indica" se trata de un centro "de derivación", por lo que no tiene el "carácter de permanencia" que esgrime Pozuelo.

En estos centros, en apenas unas horas las personas refugiadas son registradas, documentadas, informadas de derechos y obligaciones y son atendidas a nivel psicosocial, mientras se deriva a recursos sociales a quienes lo necesitan, según explican desde el Ministerio de Migraciones.