Almeida acusa a la ley estatal de vivienda de “estrangular” la oferta y encarecer el alquiler en Madrid

"Voy a empezar siendo claro: negativo", ha arrancado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su comparecencia de esta mañana en el Senado para analizar el impacto de la legislación nacional sobre el mercado de vivienda de la capital. El regidor popular ha dibujado un diagnóstico contundente, según el cual las normas aprobadas por el Gobierno central desde 2018 han tenido una repercusión "negativa, muy negativa" sobre el acceso a la vivienda, tanto en Madrid como en el conjunto de España.

Para Almeida, desde que el Ejecutivo entró en junio de 2018, "la legislación y las declaraciones de intenciones no han hecho más que "emborronar y dificultar aún más el acceso a la vivienda en España y particularmente en la ciudad de Madrid". En su opinión, los topes aplicados y el modelo intervencionista han termiando resultando “nefastos”, pues han provocado una salida masiva de vivienda del mercado de alquiler, cuya oferta se ha reducido un 45% desde 2022 - cuando se aprobó la Ley de Vivienda-, al mismo tiempo que los precios han subido un 40% de media.

Parte de esta oferta, ha reprochado, se ha trasladado del alquiler residencial al temporal, algo que era "inevitable" dados los incentivos creados por la propia regulación. Una realidad que ahora el Gobierno intenta paliar con las nuevas medidas en materia de vivienda anunciadas esta semana por Pedro Sánchez, que incluyen limitaciones al alquiler temporal. Según Almeida, se trata de un parche que "pretende corregir un error" de la Ley de Vivienda, sin atajar la raíz del problema, que es la propia norma.

"Mientras no se corrija el origen y mientras no se corrija qué es lo que determinó esa huida del arrendamiento de larga duración al arrendamiento de temporada, parece bastante complicado pensar que esto va a tener una solución", ha señalado un Almeida que, no obstante, sí se ha mostrado favorable a la primera de las medidas, la cual incorpora una bonificación del 100% del IRPF para los caseros que renueven el contrato sin subir el precio. "Una medida de fiscalidad que va en la línea de lo que yo podría haber defendido", ha incidido el alcalde.

El único "diagnóstico preciso", ha argumentado Almeida, pasa por aumentar la oferta, que ha caído "drásticamente" en los últimos años. "Estamos hablando de que en España, en la primera década de este siglo se construyeron en el entorno de los 5.700.000 viviendas", ha señalado, mientras que en la segunda década, apenas se "han construido 750.000 en un escenario de aumento de población" constante.

En esta línea, Almeida ha defendido la actuación municipal “dentro de nuestras competencias”, que ha limitado a dos grandes áreas: gestión del suelo y promoción de vivienda. En suelo, ha presumido de una gran bolsa para vivienda asequible y ha citado desarrollos como el sureste y Madrid Nuevo Norte, además de la capacidad actual del consistorio para otorgar hasta 60.000 licencias.

En paralelo, ha enumerado medidas para “facilitar la vida” a promotores: incentivos urbanísticos (más edificabilidad si se adelantan plazos), rebajas fiscales como la del impuesto de construcciones y una batería normativa para acortar trámites. Entre ellas, ha citado la simultaneidad de urbanización y edificación, la “licencia básica” y la simplificación de ordenanzas, además de adaptar normas para fórmulas como cohousing y coliving.

Como remate final, Almeida ha pedido un “marco normativo distinto” para recuperar vivienda para el alquiler, insistiendo en que el mercado está dominado por propietarios particulares, no por fondos, y que sin equilibrio entre arrendador y arrendatario no habrá seguridad jurídica para que vuelvan a poner viviendas en el mercado. En ese punto, ha mencionado también la necesidad de afrontar el fenómeno de la ocupación y ha defendido que Madrid no “vende humo” y que su objetivo es liderar la construcción de vivienda asequible. "No hay una sola ciudad en Europa a lo largo de los próximos años que vaya a construir tanta vivienda", ha subrayado.

Desde la oposición, el portavoz de Vivienda del PSOE, Pedro Barrero ha criticado que Almeida saque pecho de estos datos cuando el Ayuntamiento "mantiene 1234 viviendas públicas terminadas, vacías y cerradas, mientras más de 60 000 familias siguen esperando" por una de estas casas. Según el edil socialista, el PP "miente por omisión", pues Madrid solo tiene 2,7 viviendas públicas por cada 1000 habitantes, cuando Barcelona tiene el doble, Málaga el triple y Bilbao, cuatro veces más. "Madrid no necesita más propaganda, necesita llaves, contratos y voluntad política", ha zanjado Barrero.

Por parte de Más Madrid, Lucía Lois ha reprochado que "hay que tener mucha cara" para culpar al Gobierno central de "estrangular" la oferta, cuando en Madrid la Ley de Vivienda "no se aplica porque el PP se niega". La realidad es que, "desde que Almeida es alcalde, la vivienda es un 50% más cara en la capital", ha asegurado la edil, para quien la culpa es de "sus olíticas y planes de protección a los fondos buitre", que están convirtiendo a Madrid en "una ciudad para ricos".