TRIBUNALES
Los bomberos ganan el recurso contra la Comunidad por "desviar" 40 millones a gastos corrientes
El Gobierno regional deberá emplear las cantidades recibidas de las aseguradoras, entre 2019 y 2023, en inversiones reales para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos

Equipación de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. / Alba Vigaray / EPE
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a los bomberos de la Comunidad de Madrid en su denuncia contra el Gobierno regional por “desviar” 40 millones de euros procedentes de las primas que el Ejecutivo autonómico ha recibido de las aseguradoras (Unespa) entre 2019 y 2023.
En una sentencia con fecha de 11 de noviembre, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM declara la obligación de la Comunidad de Madrid de destinar esas cantidades que la administración recibe “única, exclusiva e íntegramente” a inversiones reales en su Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos.
La Comunidad de Madrid ha presentado aclaraciones ante el TSJM sobre el destino y la aplicación de ese dinero. El Ejecutivo regional asegura que lo ha dedicado “a la ampliación y mejora del Cuerpo de Bomberos de la región, invirtiendo muy por encima de lo que se ingresa por parte de las mismas”.
El recurso fue presentado por el Sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid, federado en CSIT Unión Profesional, contra la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. La organización entiende que el Gobierno madrileño estaría incumpliendo la normativa al no destinar este dinero procedente de pólizas de seguros “íntegra y exclusivamente” a inversiones para mejorar el servicio, sino a partidas no concretadas o a otros servicios de emergencias.
CSIT recuerda que las administraciones con servicio de bomberos (ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones) perciben de las aseguradoras un 5% de las pólizas contra incendios contratadas por los ciudadanos, un ingreso que —según el sindicato— debe dirigirse a “inversiones reales” en el cuerpo correspondiente.
Según la organización sindical, la “sustracción” de esas cantidades tiene “un impacto negativo” tanto en el servicio antiincendios como en la seguridad y protección de los ciudadanos.
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