Las cuentas del modelo de financiación autonómica avivan el choque político entre el Gobierno y Madrid

Asunto esencial del andamiaje político en España, el sistema de financiación autonómica es también uno de los frentes en los que el choque entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid resulta más sonoro. El modelo vigente, aprobado en 2009, lleva pendiente de renovación desde 2014. Y ahora que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado una propuesta para reformarlo la pugna entre los Ejecutivos de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso vuelve a aflorar.

Desde Sol se busca apuntalar la idea de que el reparto perjudica a Madrid para beneficiar a Cataluña y contentar al independentismo, una de sus proclamas recurrentes. Desde Moncloa, se asegura que se aumentan los recursos disponibles para todas las comunidades, también para Madrid, y que rechazarlo es oponerse al fortalecimiento de los servicios públicos, eje sobre el que se viene construyendo el discurso contra el PP, a menudo personificado en Ayuso. Y en el centro de esa batalla, una cifra, la de los 2.555 millones adicionales que la reforma del sistema en los términos planteados supondría para Madrid.

De acuerdo con los cálculos de Hacienda, el nuevo diseño permite elevar en hasta 20.975 millones de euros el total del dinero repartido entre las comunidades para 2027 respecto a lo que se prevé transferir en 2026. La cantidad crece para todos los territorios. Madrid es, en términos globales, la cuarta comunidad en la que el aumento de recursos es mayor, según la estimación del departamento de Montero, por detrás de Andalucía (4.846 millones de euros), Cataluña (4.686 millones de euros) y Comunidad Valenciana (3.669 millones de euros). Y ahí es donde señala un primer agravio la Comunidad de Madrid. "Montero, con el nuevo sistema pactado con los independentistas, está perjudicando a los madrileños", señalaba la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, este mismo viernes, tras la rueda de prensa en que la vicepresidenta desgranaba la propuesta. "Los madrileños van a tener la mitad de los recursos que tienen los catalanes para poder hacer frente a todo el gasto de los servicios públicos".

No es el único inconveniente al que apuntan desde el Gobierno regional. El aumento en la cantidad disponible para las comunidades autónomas se apoya en gran parte en el aumento del porcentaje que se cede de la recaudación de IRPF, del 50% al 55%, y del IVA, del 50% al 56,5%. Al ser la Comunidad de Madrid la que aporta una mayor recaudación de estos dos tributos, el aumento del porcentaje de cesión redunda en mayor medida en beneficio de las demás comunidades, "especialmente para el independentismo", se insiste.

Además, se acusa a Montero directamente de mentir cuando anuncia 2.555 millones de euros más para Madrid, pues una parte, se afirma, provienen de recursos que ya se recibían por fuera del sistema. Además del aumento del porcentaje de cesión del IRPF y del IVA, otra parte para elevar el montante a distribuir entre las comunidades proviene de la incorporación a la cesta de otros impuestos. Se mantiene el 58% de los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza e hidrocarburos, pero además se incorporan el 100% de los impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TPAJD) y otros tributos, entre ellos el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Depósitos Bancarios. Una recaudación de hasta 1.200 millones de euros, asegura Albert, que ya estaba redundando en beneficio de los madrileños.

'Dumping' fiscal

La oposición madrileña a la reforma del sistema también se funda en los mecanismos, aún no concretados, que se prevén para poner límite a lo que Montero llama "dumping fiscal" y en Sol consideran hacer uso de "la posibilidad reconocida en la Constitución a las comunidades autónomas de subir o bajar impuestos". En el gabinete madrileño se percibe como "una amenaza" a quien no se pliegue al esquema fiscal del Gobierno cuando las rebajas fiscales son una de las banderas de gestión de Ayuso, quien no pierde ocasión de recordar que ha bajado impuestos hasta 34 veces desde que preside la Comunidad de Madrid.

También se reclama un sistema más sencillo, con menos elementos que se superpongan como el fondo de 1.000 millones que se introduce vinculado a las consecuencias del cambio climático, y cuya existencia no se cuestiona desde Madrid, pero separándolo del reparto de recursos propios del sistema de financiación autonómica.

La mayor objeción, no obstante, es política y tiene que ver con cómo se ha gestado esta reforma, negociada primero con ERC, y extendida luego al resto de comunidades. "La señora Montero miente, porque nos dice que va a hacer un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde vamos a debatir este sistema de financiación, pero es un modelo que ya ha sido cerrado y acordado y con los independentistas, y la prueba de ello es que ayer el presidente de España, el presidente Sánchez, se reunió con Oriol Junqueras, con un inhabilitado que salió con dos promesas concretas: que para Cataluña tendrían casi 4.700 millones más en el sistema de financiación y que para Cataluña sí opera el sistema de ordinalidad", señalaba este viernes Albert. En el equipo de Ayuso indican que es lo mismo que ocurrió con la condonación de la deuda autonómica y aseguran que se vive "el día de la marmota".

Con todo, se afirma en Sol, no dejan de ser "fuegos de artificio". "Ellos saben de sobra os saben de sobra que esto tiene que pasar por el Congreso y que tiene que ser aprobado. Y al igual que saben que no tienen los apoyos para aprobar los presupuestos, tampoco tienen los apoyos para modificar una ley tan importante como es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas", trasladan. La reforma tiene que sustanciarse en una ley tramitada en las Cortes y Junts ha anticipado que no votará a favor de nada que no sea un sistema de cupo catalán a la manera de los que están reconocidos para el País Vasco y Navarra.

Desde el Gobierno, entretanto, conscientes de esta dificultad, buscan trasladar presión hacia quienes se puedan oponer a un sistema que aumenta las transferencias que recibirá todas las comunidades autónomas. Así lo han hecho la propia Montero o el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López. "Este modelo de financiación aporta 2.555 millones más a Madrid al año. Un dinero que podría destinarse a la sanidad pública, a la asfixiada universidad o a vivienda (siempre que no se derive luego a Quirón, claro). Si lo rechazan, deberán explicárselo a los madrileños", escribía en la red social X.

Es el mismo argumentario que empleaba unas horas antes el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, en una comparecencia de prensa. "El Gobierno de España va a continuar implementando mejoras en la financiación de las comunidades autónomas y la financiación de Madrid, la clave es qué va a pasar con esos recursos", apuntaba. ¿Van a fortalecer los servicios públicos esenciales? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer y, quizá, el miedo o la aversión que algunos y algunas demuestran rechazando este modelo de financiación autonómica antes de conocerlo. Yo creo que quizá lo que están demostrando es que no quieren disponer de más recursos para fortalecer los servicios públicos. Tendrán que explicar por qué si finalmente esa es su posición".