El Gobierno de Ayuso estudia todos los recursos legales contra un modelo de financiación que "perjudica" a los madrileños

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que estudia todos los recursos legales para "impedir" la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, que considera que "perjudica" a los madrileños. Según el Ministerio de Hacienda, y como ha confirmado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, la Comunidad incrementaría en 2.555 millones de euros sus recursos en 2027, un 9% más que con el sistema actual, y se situaría como la cuarta región que más crecería, tras Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Así ha reaccionado este viernes ante los medios de comunicación la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha cargado contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por "difamar" y "mentir" contra Madrid al decir que está haciendo dumping fiscal.

"Está perjudicando a los madrileños porque con los impuestos de los madrileños se va a tener que aportar más recursos para financiar toda esta fiesta independentista y todo este nuevo sistema que a los que más benefician fundamentalmente es a los independentistas", ha censurado desde la sede de su Consejería. "Los madrileños van a tener la mitad de los recursos que tienen los catalanes para poder hacer frente a todos los gastos de los servicios públicos". 

La consejera madrileña lo ha comparado con "lo de siempre", "como el Día de la Marmota", al entender que se repite el mismo esquema de pactos previos con los socios independentistas. Albert ha sostenido que ya ocurrió "exactamente" con la condonación: primero, según su versión, se cerró un acuerdo con ERC y después, para evitar protestas del resto de comunidades, "nos dieron a nosotros las migajas".

Una propuesta de "fuegos de artificio"

La consejera ha advertido además de que Madrid no piensa aceptar "de ninguna manera" un reparto que, a su juicio, perjudique a los madrileños: "Vamos a utilizar todos los recursos legales" para impedir que reciban menos recursos para los servicios públicos "que a cualquier otro español". También ha añadido que no permitirán que "ningún español tenga menos recursos para los servicios públicos que los que tiene un español independentista", algo que ha calificado de "vergüenza".

En todo caso, Albert ha tildado la propuesta de "fuegos de artificio", subrayando que cualquier cambio debe pasar por el Congreso. Y ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez tendría que lograr apoyos parlamentarios para sacarlo adelante y ha señalado que, del mismo modo que -según ha dicho- no los tiene para aprobar los Presupuestos, tampoco los tendría para modificar una ley orgánica "tan importante como la LOFCA".