De juzgados a tribunales de Instancia: el gran cambio de la Justicia llega a Madrid entre críticas de jueces, sindicatos y agentes jurídicos

Desde este jueves ya están activos y este viernes entran en funcionamiento en Madrid los nuevos tribunales de Instancia que sustituyen a los juzgados unipersonales con el objetivo de "agilizar" la Justicia. En total se implantan los 100 que quedaban en grandes partidos judiciales como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Palma o Valladolid. Así, el Ministerio de Justicia completa la última fase de la aplicación de la Ley de Eficiencia, en vigor desde abril. Solo en Gijón, Oviedo y Avilés se pondrán en marcha el 15 de febrero. Desde julio ya se habían activado más de 300 y ahora ya ha llegado la hora al último centenar.

La ley introduce una reforma organizativa que tiene como objetivo modernizar una planta judicial diseñada en el siglo XIX: transforma los tradicionales juzgados unipersonales (3.800 en toda España) en 431 tribunales de instancia, órganos colegiados donde los jueces se dividen en secciones especializadas (civil, penal, violencia sobre la mujer, etcétera) y que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico. La intención es conseguir una mayor agilidad en los procesos judiciales, al optimizar recursos, repartir mejor las cargas de trabajo y lograr flexibilidad para adaptarse a las necesidades. No obstante, este cambio organizativo se lleva a cabo entre críticas de jueces, sindicatos y otros agentes jurídicos, como abogados y procuradores.

El cambio supone una gran transformación: se pasa de un sistema unipersonal a uno colegiado. Por definirlo de manera un poco más gráfica, si antes se trabajaba como si cada juzgado fuera una columna con escalones en el que el juez ocupaba la parte más alta y hacia abajo tenía una serie de trabajadores; ahora se trabajará en modo pirámide, con filas donde la presidencia estará arriba del todo, pero no conocerá quién está al cargo de los procedimientos que le llegan. En el nuevo sistema, los letrados de la administración de justicia ganarán peso: tendrán que ocupar cargos de gestión a partir de ahora.

Una organización por partido judicial

La transformación de la planta judicial tiene como objetivo principal integrar todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial. Hasta ahora, los juzgados estaban compuestos por un juez, un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y un pequeño equipo de funcionarios que dan apoyo técnico al titular del juzgado en la tramitación de los procedimientos. Un grupo de funcionarios que, según el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, "no tiene capacidad para adaptarse a los problemas actuales de la justicia, así como de especialización".

"Ahora -ha explicado Olmedo en declaraciones a la agencia Efe- con los nuevos tribunales de Instancia, esos pequeños juzgados se transforman en una oficina judicial que está dividida en distintos servicios de atención al ciudadano, de tramitación de ejecución, que son los que van a dar soporte, los que van a dar apoyo a todos los jueces de ese tribunal de instancia; con lo cual permitimos la especialización de cada uno de los equipos". Una nueva organización que permite "mucha flexibilidad" si en un momento dado cambian las condiciones de la litigación, al poder trasladar el trabajo de un lugar a otro o reforzar los equipos que más lo necesitan en ese momento.

Flexibilidad para su implantación

El Ministerio de Justicia y los representantes de las comunidades autónomas acordaron el pasado 22 de diciembre que la tercera fase de la reforma de la justicia entrara en funcionamiento el 31 de diciembre, tal como estaba previsto. Sin embargo, pactaron por unanimidad dotar de flexibilidad a todos los partidos judiciales, de tal manera que la puesta en marcha de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo.

De esta forma se completa uno de los puntos clave de esta norma, que planteaba la constitución de los tribunales de instancia "de manera escalonada" en tres fases, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025. Desde el departamento que dirige Félix Bolaños destacaron a finales de diciembre que ya estaban en funcionamiento más de 300 tribunales de instancia "sin incidencias destacables". Y en esa última reunión con las comunidades con las competencias transferidas se oficializó la puesta en marcha desde el 1 de enero de los últimos en grandes partidos judiciales.

Según Justicia, los tribunales que entraron en funcionamiento en julio "agilizan los procedimientos", algo que quiso mostrar con algunos datos. Así, detallaron que los actos de comunicación pendientes (notificaciones, requerimientos...) se han reducido un 36 % de media en siete comunidades, con un 43 % en Andalucía y un 34 % en la Comunidad Valenciana. Mientras, la ejecución de sentencias se ha agilizado un 30 % de media, alcanzando un 69 % en Andalucía, un 55 % en Castilla-La Mancha y un 27 % en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

325 millones de inversión

Para implementar el nuevo modelo, Justicia ha invertido más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos en las 12 comunidades con competencias transferidas en Justicia, "con un ahorro estimado de cerca de 300 millones en los próximos diez años", destacaron. Además, otra novedad es la creación de las Oficinas de Justicia en el Municipio, las cuales facilitan a los ciudadanos realizar múltiples trámites judiciales sin tener que desplazarse al municipio donde se ubican los tribunales de instancia. Según datos del ministerio, entre julio y diciembre, estas oficinas han gestionado más de 114.000 trámites-

Sin embargo, este proceso de modernización no ha estado exento de críticas. De hecho, más de 50 decanos de grandes capitales y la Audiencia Nacional solicitaron el aplazamiento de su implementación. "No hay una dirección clara para ordenar el trabajo en los servicios comunes, hay juzgados con expedientes por los suelos… Y todos temen un colapso total por tanta imprevisión", señalan desde la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que pidió al Ministerio de Justicia que retrasara esta tercera fase de implantación de los tribunales de instancia en vista de la actual situación.

Precipitación y falta de medios

La portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, explicó a ‘El Periódico’ que pretender cambiar toda la organización judicial en menos de un año "es un disparate", y apunta que en algunos sitios pequeños donde la reforma ya se viene aplicando desde hace algunos meses --en julio comenzó la primera fase-- aún no se han conseguido celebrar juicios. Las disfunciones, según esa asociación, se ven especialmente en las citaciones y el control de la tramitación de los procedimientos, por lo que temen una afectación a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona alerta del riesgo de colapso y de dilaciones en la tramitación de los procedimientos por la carencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para llevar a cabo la gran transformación que exige la ley. También la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, insistió en que no es posible que el nuevo modelo judicial por la falta de recursos y de personal.

Presupuestos

Jesús Madroñal, magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla y presidente de la APM en Andalucía Occidental, explica en ‘El Correo de Andalucía’ que el objetivo perseguido es "loable", pero, "como todo, no se puede hacer sin presupuesto". "No podemos aplicar un sistema organizativo si tenemos dispersos los órganos judiciales en cuatro, cinco o seis. Esto funciona si estamos todos en un mismo edificio, pero no con esta dispersión", añade.

Desde el ámbito sindical, UGT ha criticado “la improvisación y falta de negociación efectiva con los sindicatos”, que incluso han presentado denuncias ante Inspección de Trabajo por este motivo en los distintos territorios. “Lo único que se ha hecho es acoplar de forma numérica a los funcionarios en los distintos órganos, sin tener en cuenta las cargas de trabajo, ni las peculiaridades del edificio donde van a desarrollar el trabajo, ni de los nuevos órganos”, lamenta el sindicato.

Mediación obligatoria

La ley también incluye otra novedad: la exigencia de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversia (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial para reducir los litigios y "fomentar la cultura del diálogo entre las partes". Según el ministerio, en el tercer trimestre de 2025 se redujeron los nuevos litigios en un 30,9 %.

Un punto que también ha sido objeto de críticas, sobre todo en lo que afecta a procesos de familia en los que hay menores implicados. La vicedecana del Colegio de la Abogacía de Madrid, Isabel Winkels, y la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), Dolores López-Muelas, alertaron a principios de diciembre en el Senado de que los MASC provocan "retrasos" e "inseguridad jurídica".