El agujero negro que podría acabar con la Casa Árabe de Madrid: "La situación financiera es crítica"

El problema económico al que se enfrenta la Casa Árabe de Madrid podría ser irreversible en 2026 si no se toman medidas. Así lo ha alertado el Tribunal de Cuentas este lunes tras analizar los ejercicios correspondientes a 2023 y 2024: "La entidad se encuentra en una situación financiera crítica que afecta a su viabilidad, debido a los déficits continuados y a las importancias deficiencias del inmueble, lo que obliga adoptar medidas urgentes para solventarlo". Al frente de esta etapa estuvo Irene Lozano, ex diputada del PSOE.

Su dimisión tuvo lugar tras las quejas por su gestión económica al frente de esta entidad cultural, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores. El Informe sobre Fiscalización del Consorcio Casa Árabe, precisamente, pone el foco en esta cuestión y explica que los resultados negativos cercanos al millón de euros fueron compensados paulatinamente con el remanente de otros cursos económicos, lo que ha provocado un desajuste. Es tal la situación que el Tribunal ha sido tajante: "Si hubiera que afrontar alguno de los gastos urgentes por dichas deficiencias, el remanente se agotaría en 2026".

Esta situación, además, de ahí la trascendencia política, podría poner en entredicho la viabilidad de este instrumento de diplomacia pública. La Casa Árabe es una entidad de carácter interadministrativo constituida en 2006 por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Córdoba y Madrid para entablar relaciones entre España y el mundo árabe. El consorcio dispone de dos sedes y 28 trabajadores para desarrollar su actividad: una en el número 62 de la calle Alcalá de Madrid y otra en el número 9 de la calle Samuel de los Santos Gener de Córdoba.

A lo largo del expediente, el tribunal liderado por Enriqueta Chicano argumenta su posición por puntos, enfatizando la falta de asistencia y supervisión por parte de Exteriores. "La Casa Árabe carece formalmente de un sistema completo y estructurado de control interno, habiéndose observado debilidades relacionadas con la organización del personal", sostiene afeando a la antigua Dirección que no contase con un sistema de planificación de objetivos que reuniese los requisitos legalmente prescritos. Y asegura que "carece de un instrumento en el que se establezca una relación de puestos de trabajo". Asimismo, tampoco posee un sistema de provisión de vacantes y selección de personal.

Evitar la quiebra

La primera directora general fue la arabista Gema Martín Muñoz (2006-2012), a la que sucedieron los diplomáticos Eduardo López Busquets (2012-2015), Pedro Villena (2015-2017) y Pedro Martínez-Avial (2017-2021). Lozano recogió el testigo hasta el 5 de febrero de 2025, a quien sustituyó el diplomático Miguel Moro. El Tribunal de Cuentas ha valorado positivamente "la actitud mantenida por la actual dirección", ya que está intentado recuperar el control financiero para evitar la quiebra del organismo. No obstante, le recomienda realizar una serie de acciones para atajar el aprieto.

En primer lugar, plantea la realización de "un estudio de viabilidad riguroso en el que se expongan todas las actividades realizadas y la oportunidad de las mismas". En segundo lugar, pide que se solventen "las debilidades de control interno mediante la aprobación e implantación de manuales en las distintas áreas de gestión económica, así como el fortalecimiento del sistema de gestión y un archivo documental con un catálogo de puestos de trabajo completo con definición de funciones, cualificaciones y retribuciones". Y, en tercer lugar, exige que se intensifique "la búsqueda de patrocinios y colaboraciones en el entorno del mundo árabe: legalizaciones diplomáticas, empresas y entidades culturales y de otro tipo, que en definitiva se benefician también directa o indirectamente de las actividades del consorcio".