2025 termina con las universidades de Madrid en pie de guerra contra la nueva ley de Ayuso

Las universidades públicas de Madrid se han movilizado durante todo el año contra la futura ley del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que "perpetúa la infrafinanciación", favorece a las privadas y recorta la autonomía universitaria, por lo que preparan una escalada de protestas en 2026 además de informes sobre la inconstitucionalidad del borrador.

La comunidad universitaria ha plantado cara a la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) con sucesivas protestas en las seis públicas -Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y Alcalá- que culminaron con una huelga de dos días, el 26 y 27 de noviembre, con casi 70% de seguimiento, y una marcha con 6.500 manifestantes pidiendo más financiación universitaria.

Todo ello ha puesto la universidad "en primera línea del debate social. Toda la sociedad es consciente de que la situación económica de las universidades madrileñas es insostenible" y, ante ello, el Gobierno regional "no ha dado respuesta" en los Presupuestos de 2026, según coinciden las plataformas en defensa de la universidad pública.

Fruto de las movilizaciones, el último borrador recoge algunas concesiones reclamadas por los rectores y, aunque la resistencia de la comunidad universitaria ha retrasado el anteproyecto de la LESUC, los nuevos Presupuestos mantienen el "estrangulamiento presupuestario".

Ante ello, los seis miembros de la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid (Cruma) cerraron 2025 escenificando su unión mediante su conversión en una "asociación con personalidad jurídica".

Infrafinanciación sin resolver

El último borrador sigue sin detallar cómo será el modelo de financiación y, aunque mantiene la "corresponsabilidad de las universidades" en la obtención de financiación, desaparece el porcentaje del 30% que estas debían conseguir de fuentes externas, una de las concesiones a los rectores.

Aunque la financiación crecerá un 6,5 % en 2026, hasta 1.239 millones, ello no cubre la pérdida de los últimos quince años, cuando la financiación subió un 5 % frente al 38 % de inflación, y además está lejos del 1 % del PIB previsto para 2030 en la LOSU, que supondría una inversión anual de 3.000 millones.

Esta situación de "asfixia" obligó a la Complutense a pedir un crédito de 34,5 millones a la Comunidad, con intereses de 900.000 euros anuales, que recortará un 35% el gasto de sus facultades por tres años, mientras la URJC afronta una situación delicada tras cerrar 2024 con 45 millones de déficit.

Vulneración de derechos

Docentes de Derecho de cinco universidades están trabajando en informes y alegaciones contra la LESUC por su vulneración de derechos constitucionales como la autonomía universitaria, las libertades de expresión, asociación y reunión, asegura la Coordinadora de plataformas Universidad por la Pública.

También se vulneraría el derecho constitucional a la educación pública al exigir explícitamente a las universidades "una gradual renuncia a la financiación pública", mediante fórmulas mercantilistas como la constitución de fondos de inversión (artículo 86).

El polémico régimen sancionador por realizar protestas o colgar carteles no autorizados en los campus pasa a denominarse, en el último borrador, 'Supervisión y consecuencias jurídicas de los incumplimientos' (artículo 51). Pero mantiene multas de hasta 300.000 euros por infracciones muy graves; hasta 100.000 por las graves y desde 300 a 15.000 euros por las leves.

La "vaguedad y ambigüedad de las conductas sancionables abre la puerta a la arbitrariedad" vulnerando también el principio constitucional de legalidad.

Otros aspectos polémicos

El borrador del 28 de noviembre insiste en coordinar todas las enseñanzas superiores bajo una misma ley, algo inédito en la región, poniendo los centros públicos y privados al mismo nivel, de modo que "los públicos aporten lo que les falta a los privados", según la Coordinadora que también critica que se facilite "las prácticas de los estudiantes de centros privados en instituciones públicas".

Medidas de colaboración público-privada como "compartir las instalaciones de las universidades públicas con las privadas", la impartición conjunta de doctorados y reconocimiento mutuo de créditos (artículo 8), son rechazadas por los rectores que defienden fórmulas de "colaboración en lugar de obligación".

La comunidad universitaria rechaza el intento de convertir los Consejos Sociales "en instrumentos de control", aunque la Comunidad ha cedido en algunos puntos: renuncia finalmente a nombrar a tres miembros de estos consejos y elimina la Oficina de Control Económico y Presupuestario y la figura del Interventor.

Aunque aumenta la representación de las universidades públicas en el nuevo Consejo de Enseñanzas Superiores de la Comunidad de Madrid, sin embargo eleva la participación de las privadas en la Comisión de Coordinación Universitaria.

Sobre el reconocimiento de nuevas universidades privadas, los informes "no son vinculantes" y la última decisión depende del consejero de Educación, además de eliminarse el requisito de garantía financiera de 4 millones.

Nuevas movilizaciones

En enero está prevista una "asamblea general interuniversitaria" para decidir las próximas acciones, "sin descartar una huelga indefinida", explica la Coordinadora.

Entre las iniciativas, campañas comparativas "entre unis públicas y privadas en resultados, investigación y rankings de empleabilidad", además de sensibilizar a los preuniversitarios y sus familias para que "sepan, apoyen y se sumen", mediante contactos con los centros de enseñanza.

La comunidad universitaria, apoyada por los sindicatos, "no se va a cruzar de brazos y seguirá defendiendo una Universidad para todos", apostillan.