Más Madrid propone la creación de supermercados públicos municipales para contener la inflación de los alimentos

Una red pública de supermercados municipales. Es lo que plantea Más Madrid para contener la inflación de los alimentos y garantizar "el acceso a alimentos frescos y saludables a precios justos" a toda la población. Así consta en la proposición no de ley que el grupo ha elevado a la Mesa de la Asamblea de Madrid para promover su debate y votación en el Pleno de la cámara de Vallecas.

En el texto, firmado por la portavoz de la formación en el Parlamento regional, Manuela Bergerot y por el diputado Pablo Padilla, se incide en que las familias madrileñas han pasado de gastar 31.586 euros en alimentos y bebidas no alcohólicas en 2015 a 37.360 euros en 2023. Madrid, se señala, es una de las capitales europeas donde más han crecido los precios en los últimos 10 años, hasta un 66%, solo por detrás de Varsovia (106%) y considerablemente por encima de Berlín (41%) o Londres (48%).

Al mismo tiempo, se recoge en la exposición de motivos, el sector de la distribución ha registrado una elevación de beneficios, con una rentabilidad bruta del 6,1% a cierre de 2024 según el Observatorio de Márgenes Empresariales. En el caso de algunas cadenas de supermercados, el crecimiento de beneficios entre 2020 y 2024 (40%) ha superado al de las ventas para el mismo periodo (31%).

Por ello plantea Más Madrid en el texto de la Proposición No de Ley que la Asamblea inste al Gobierno regional a poner en marcha, "en colaboración con las entidades locales", una red de supermercados públicos municipales "con el objetivo de que toda la población tenga acceso a alimentos frescos y saludables a precios justos".

De la misma manera, se llama a promover el consumo de proximidad e impulsar la producción de cercanía. En este sentido se aboga por favorecer las cooperativas de consumo, pero también por privilegiar el acceso a productos madrileños de temporada para la elaboración de menús en los colegios, hospitales y residencias.

Además, se propone que, dentro de sus competencias en materia de consumo, el Gobierno madrileño vigile los precios de la alimentación, supervise la cadena de valor y haga por detectar posibles prácticas abusivas de lo que en el texto se identifican como "grandes intermediarios y superficies comerciales". En este sentido, el Ministerio de Agricultura creó en 2013 el Observatorio de la Cadena Alimentaria y existen organismos similares en once comunidades autónomas: Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vasco, Región de Murcia y La Rioja.

Finalmente, plantea el texto que la Asamblea inste al Gobierno regional a que inste a su vez al Gobierno central a establecer "un mecanismo de control y limitación de precios" de productos como pan y cereales, carne, pescado, leche, queso, huevos, aceites, frutas, legumbres, hortalizas, patatas y alimentos de bebé.