Pozuelo avisa al Gobierno que irá a la Fiscalía si envía a menores refugiados al municipio

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha avisado este jueves que acudirá a la Fiscalía si el Gobierno consuma su intención de reubicar en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) del municipio madrileño a los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que debe atender, tras la orden del Tribunal Supremo (TS).

En un comunicado, la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha calificado de "absoluta temeridad y tremenda irresponsabilidad" que el Gobierno "amenace ahora" con llevar a medio centenar de menores no acompañados a este centro de acogida de migrantes, que ha asegurado que es "ilegal" al carecer de licencia para dicha actividad.

Respondiendo a una medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid, el Tribunal Supremo da al Gobierno un plazo improrrogable de 30 días para que se haga cargo de los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo que se encuentran en la Comunidad de Madrid.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han señalado que pondrán a disposición plazas del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) en Pozuelo de Alarcón para cumplir con la orden del TS.

"Carece de licencia"

Ello a pesar de que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado también por el PP, ordenó cerrar este centro el pasado 31 de julio alegando que el Ejecutivo no disponía de licencia para su actividad. El Gobierno ha recurrido la decisión ante la justicia y ha solicitado medidas cautelares, a la espera de una resolución.

Según la alcaldesa, el centro, instalado en un edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, además de carecer de licencia, no reúne las condiciones ni la capacidad para acogida de migrantes, y ya residen en sus instalaciones "más de 125 personas, incluidas familias con adultos y sus hijos".

En su opinión, esta "amenaza" del Gobierno llega justo después de que el Supremo "le haya pintado la cara hoy mismo" con los menores inmigrantes acogidos por la Comunidad de Madrid, ya que el Alto Tribunal ha dado la razón al Ejecutivo de Díaz Ayuso, al resolver que es la administración central la que debe encargarse de ellos.

Ante este intento del Gobierno de "castigar a los pozueleros", Tejero ha avisado de que acudirá a la Fiscalía, ya que pesa sobre el centro una orden de "cierre inmediato".

En julio, cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pidió la medida cautelar ahora aceptada, la Administración del Estado reconocía 38 menores en esta situación, mientras que la Comunidad de Madrid decía que había 50. Según la Comunidad de Madrid, ahora hay 106 menores en esa situación: 87 que han solicitado asilo y 19 a los que ya se ha concedido la protección internacional.