Madrid acusa al Gobierno de "desentenderse" de los menores solicitantes de asilo tras el requerimiento del Supremo y eleva su número a 106

No ha tardado la Comunidad de Madrid en reaccionar al auto del Tribunal Supremo en que requiere al Ejecutivo central a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo actualmente en la red de acogida regional. "El Tribunal Supremo vuelve a condenar al Gobierno por desentenderse de los menores solicitantes de asilo, después de dos años de nula política migratoria y de haber impuesto un reparto forzoso de menores no solicitantes de asilo a las comunidades autónomas salvo a Cataluña y País Vasco", trasladan fuentes regionales.

"El Tribunal Supremo ha dado la razón una vez más a la Comunidad de Madrid. Mañana mismo desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid nos vamos a poner en contacto con el Ministerio [de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones] para saber dónde, cómo y cuándo se va a hacer cargo de los actualmente 106 menores que tenemos bajo el sistema de protección en esta situación administrativa", ha señalado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales madrileña, Ana Dávila, desde la Asamblea regional. "Estamos a expensas de cómo se va a organizar para cumplir con la ley" y cumplir con su obligación para hacerse cargo de estos menores.

El Alto Tribunal ha requerido al Gobierno central para que, en el plazo improrrogable de 30 días, garantice el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores a cargo de los servicios madrileños de protección de menores que hayan solicitado la protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla.

La decisión responde al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la desestimación de un requerimiento efectuado por la propia Comunidad al Gobierno para que adoptara medidas que garantizaran el acceso al asilo de los menores que lo quisieran solicitar. En ese recurso solicitaban la medida cautelar de que la Administración General del Estado se hiciera cargo de esos menores que ahora ha aceptado el tribunal. 

En los pasados meses de marzo y junio, el Tribunal Supremo ya instó al Gobierno a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo que estaban acogidos en la saturada red canaria. En aquel caso se trataba de unos 1.000 menores. En el caso madrileño, son 38 según reconocía entonces el Gobierno. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales los cifraba entonces en 50, pero eleva el número actual hasta 106, de los que 87 han solicitado asilo y otros 19 ya tienen concedida la protección internacional.

"A partir de ahora es el Gobierno el que tiene que crear sus propios recursos para hacerse cargo de su tutela y protección", trasladan desde el departamento que dirige Ana Dávila. En ese sentido, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha apuntado al Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón, informa la agencia Efe.

La Abogacía del Estado está estudiando una respuesta al escrito, pero entretanto el Ministerio actuará "atendiendo en todo momento al interés superior del menor", y para ello se van a poner a disposición sus plazas de protección internacional en el Creade de Pozuelo. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ordenó el cierre del centro el pasado septiembre con la alegación de que el centro no disponía de licencia para su actividad. El Gobierno asegura que ha recurrido esa decisión, aunque desde el consistorio de la localidad se asegura no haber recibido notificación alguna de la interposición de ese recurso.

"Se trata de una provocación, una temeridad y una irresponsabilidad, una bofetada a Ayuso en la cara de los pozueleros", asegura la alcaldesa popular del municipio, Paloma Tejero. La orden de cierre daba un plazo de cuatro meses que vence este 17 de enero y el consistorio tiene intención de hacer efectiva. "Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, desde la imposición de sanciones hasta la interposición de demandas judiciales. Lo único que le pedimos al Gobierno es que cumpla la ley".

Se alega desde el gobierno local de Pozuelo que para lo que tiene licencia el recinto es para operar como centro de formación, no como centro residencial "transformado por la puerta de atrás". El centro empezó a operar como Creade en 2022 para dar acogida a refugiados ucranianos tras la invasión rusa. En la actualidad atiende a 125 mujeres refugiadas ucranianas, afganas y latinoamericanas solas o con sus hijos, si bien desde el Ayuntamiento se asegura no tener información al respecto. "La ONG que opera allí tiene autorización para más de 500 personas en un edificio que tiene unas 150 habitaciones", asegura Tejero. "No sabemos dónde pretenden llevarlos o cómo meter a menores con adultos".

"Obviamente pesa una orden de cierre sobre ese centro que no tiene licencia para centro residencial, ni siquiera para adultos, con lo cual el Gobierno sabrá lo que está diciendo cuando asegura que quiere meter a menores en ese centro", ha señalado, por su parte, la consejera Dávila.