Pozuelo se defiende tras el recurso del Gobierno por el cierre del centro de refugiados: "Les dimos cuatro meses para reubicarlos"

El pulso institucional en torno al Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de personas refugiadas en Pozuelo de Alarcón ha entrado en una nueva fase judicial. El Gobierno ha presentado un recurso contencioso-administrativo, acompañado de la solicitud de medidas cautelares, contra la orden municipal que decretaba el cierre definitivo de este dispositivo de acogida. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirman que el Ejecutivo está ahora “a la espera de la resolución judicial”. El CREADE de Pozuelo ocupa un edificio cedido en 2022 por la Seguridad Social al área de Migraciones para dar respuesta a la emergencia humanitaria derivada del estallido de varios conflictos armados, entre ellos la guerra en Ucrania.

"El Gobierno dice que ha presentado el recurso, pero a esta hora seguimos sin saber dónde o cuándo lo ha hecho. No dudamos que dicen la verdad, pero no sabemos a qué juzgado dirigirnos para defendernos y pedir explicaciones", alegan fuentes del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Así mismo, insisten en que al Ayuntamiento "no ha llegado nada después de más de un mes" y que no conciben que el Juzgado no haya dado trámite al Ayuntamiento.

"Si se ha presentado un recurso, el Ayuntamiento debe tener conocimiento. La fecha límite era el 17 de noviembre y ha pasado más de un mes. Si el recurso ha sido presentado y han pedido medidas cautelares, respetaremos a la justicia y acataremos lo que diga el juez. Si, por el contrario, no lo han presentado o lo han hecho fuera de tiempo, la orden de cierre seguirá vigente y se ejecutará el 17 de enero. Si el Gobierno no la cumple, el Ayuntamiento volverá a mandar un requerimiento avisando de que han pasado los cuatro meses de plazo y no consta que haya un recurso judicial. Si no lo cierran entonces, será el Ayuntamiento quien recurra a los tribunales e iniciará un procedimiento sancionador en la vía administrativa que contempla multas de hasta tres millones de euros", defienden.

"Ese centro es un edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social que tiene licencia para acoger a un máximo de 150 funcionarios que venían a hacer cursos de varios días. Se utilizó cuando empezó la guerra de Ucrania de forma excepcional para acoger familias ucranianas. Todas las administraciones colaboramos. Después, el Gobierno lo empezó a utilizar como un centro de refugiados subsaharianos y afganos, llegando a acoger 404 personas sin tener licencia para ello. Se decretó un cierre inicial, después el cierre definitivo. Ellos no alegaron, por lo que se ordenó el cierre. Tratándose de un tema tan delicado, les dimos cuatro meses para que planteasen cómo reubicar a esas 400 personas", zanjan.

100.000 personas atendidas

Según el Ministerio, el centro se ha consolidado en estos años como un recurso clave del sistema de acogida estatal, con más de 100.000 personas atendidas desde su puesta en marcha. Las mismas fuentes subrayan que, hasta fechas recientes, la actividad del centro no había generado conflictos con el Ayuntamiento. En la actualidad, el dispositivo acoge a 125 personas, en su mayoría mujeres ucranianas beneficiarias de protección temporal, algunas acompañadas de menores, así como mujeres de otras nacionalidades —principalmente latinoamericanas y afganas— en situación de protección internacional junto a sus hijos e hijas.

Frente a esta posición, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha elevado el tono y ha exigido formalmente al Gobierno información detallada sobre la situación del centro, reiterando su determinación de agotar todas las vías legales para ejecutar el cierre. Así lo ha trasladado en una carta dirigida a la ministra Elma Saiz, remitida tras la celebración, esta semana, de un acto institucional por el Día del Migrante en el propio CREADE, pese a que el Ayuntamiento había declarado en septiembre el cese definitivo de su actividad.

En su misiva, la regidora reprocha al Ministerio no haberla invitado al acto ni haber comunicado ninguna novedad sobre el futuro del centro, y recuerda que la resolución municipal ordena la clausura por carecer, a juicio del Consistorio, de los títulos habilitantes necesarios para el desarrollo de la actividad. El acuerdo concedía un plazo de cuatro meses para el cierre, que expira el próximo 17 de enero de 2026, así como un periodo inicial de quince días para solicitar la correspondiente autorización administrativa.

El Ayuntamiento sostiene que, hasta la fecha, no ha recibido notificación alguna por parte del Ministerio ni sobre la solicitud de licencias ni sobre la interposición de recursos judiciales dentro de los plazos establecidos, aunque sí constata que el centro continúa en funcionamiento. Con este telón de fondo, la alcaldesa ha instado al Gobierno a detallar las medidas previstas para garantizar, “en aras del principio de legalidad”, el cumplimiento de la orden de cierre. “Al Ejecutivo le queda un mes para ejecutar esta clausura y el Ayuntamiento de Pozuelo no se va a quedar quieto”, ha advertido Tejero, insistiendo en que utilizará “todas las herramientas y cauces legales” a su alcance. Mientras tanto, la continuidad de un recurso que atiende a personas especialmente vulnerables queda ahora en manos de los tribunales.