Ayuso presume de cerrar 2025 con más de la mitad de su programa cumplido

Con un perfil marcadamente político y en permanente confrontación de ida y vuelta con el Gobierno central y su presidente, a menudo el aspecto de la gestión del Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso tiende a quedar opacado. La oposición busca resaltar sus fallas: sanidad y educación, la izquierda, con el acento en lo que describen como impulso privatizador; inseguridad y, más recientemente, vivienda, Vox. Desde Sol, entretanto, se trata de enfatizar la imagen de dinamismo de un gabinete, corto en carteras con nueve consejerías, pero propositivo.

Cuando se acerca el final de año y, con él, el momento de hacer balance, el Gobierno de Ayuso presume de haber ejecutado 248 de las 459 medidas de su programa (un 54%) y tener en marcha otras 198 (lo que eleva el porcentaje al 97%). En este año, prosiguen, el Consejo de Gobierno ha aprobado 1.390 asuntos.

De entre todas las medidas, se destacan las obras en el Metro. El pasado abril comenzó a operar la extensión de la Línea 3 desde la estación de Villaverde Alto hasta la de El Casar. El tramo de apenas 2,62 kilómetros, tenía un doble valor. Operativo, por una parte, pues permite una segunda conexión de Metrosur (Móstoles, Alcorcón, Getafe, Leganés y Fuenlabrada) con el resto de la red del suburbano. Simbólico, por otro, al tratarse de la primera ampliación en una década y la primera también, por tanto, de la era Ayuso, si bien la presidenta madrileña no lo inauguró oficialmente tras una polémica con el ministro de Transportes, Óscar Puente, a cuenta de quién había costeado las obras, financiadas con fondos Next Generation de la Unión Europea asignados por el Gobierno Central.

También este año se ha reabierto la Línea 7B a su paso por las localidades de Coslada y San Fernando de Henares, cerrada durante más de tres años por las alteraciones causadas en el suelo durante su construcción, que afectaron a la propia infraestructura y a las edificaciones en superficie. Hasta 74 viviendas tuvieron que ser derribadas y varios centenares más han resultado dañadas. Tras invertir más de 170 millones de euros en indemnizaciones y en la consolidación del terreno y del propio túnel, los trenes vuelven a circular desde el pasado noviembre para 120.000 potenciales usuarios.

Además, se ha procedido a la renovación de la Línea 6 para adecuarla a la llegada, en 2027, de los trenes sin conductor. Los trabajos, que han obligado al cierre parcial en dos fases, han supuesto, particularmente a partir de septiembre, un considerable quebranto a la movilidad, con imágenes de andenes llenos publicadas en redes sociales por usuarios y compartidas no solo por la oposición regional, sino también por el propio ministro Puente. Desde el Gobierno regional se aduce que se ha trabajado por turnos las 24 horas del día siete días a la semana para acelerarlos. De hecho, Ayuso anunciaba la semana pasada que la línea reabrirá íntegramente este sábado, 11 días antes de lo previsto. Entretanto, prosigue la ampliación de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, que cobrará nuevo impulso con la reciente llegada de la tuneladora Mayrit, actualmente en fase de montaje en el parque de Comillas.

Otras obras que celebran en el Gobierno regional haber iniciado finalmente este año son las de la Ciudad de la Justicia. El proyecto de aunar en un megacomplejo en el barrio de Valdebebas todos los órganos jurisdiccionales del partido judicial de Madrid, ideado en tiempos de Esperanza Aguirre y dos veces malogrado, aspira a convertirse, cuando esté concluido, en 2029, en el mayor recinto judicial del mundo, con una inversión de 653 millones de euros.

Vivienda, sanidad y educación

Más grúas que siguen moviéndose son las que construyen las promociones del Plan Vive. La apuesta del Gobierno regional por esta fórmula de colaboración público privada para construir vivienda de alquiler a precio regulado ha superado este año los 5.000 pisos entregados (en concreto, 5.135) desde que se lanzó en 2021. En este 2025, y desde el convencimiento de que el problema responde, sobre todo, a un problema de oferta, Sol presentó a la vuelta de verano un Plan de Choque de Vivienda a dos años vista que plantea, entre otras medidas, modificaciones legislativas tendentes a flexibilizar los usos del suelo, agilizar tramitaciones o aumentar la edificabilidad y la densidad en las parcelas destinadas a vivienda protegida sin necesidad de modificar los planes urbanísticos.

Con vivienda, sanidad y educación son los otros dos asuntos mollares en la gestión del Gobierno autonómico. Lo son tanto por la cantidad de ciudadanos a los que afectan y la relevancia en sus vidas como por su peso presupuestario. La sanidad supone casi el 36% de las cuentas autonómicas para 2026 que la Asamblea aprobará esta semana; la educación, el 22,7%. Son también el principal campo de batalla político. Ha sido palmario estos días, con la crisis en torno al Hospital de Torrejón, público de gestión privada, tras conocerse unos audios en que el CEO de Ribera Salud, el grupo que lo opera, instaba a "desandar el camino" en la reducción de las listas de espera para mejorar los resultados económicos.

El asunto ha capitalizado el debate sanitario en este final de un ejercicio en el que, se trata de subrayar desde la Consejería de Sanidad, el Gobierno regional, se ha ampliado a las personas mayores en residencia o en situación de riesgo la vacunación contra el virus respiratorio sincitial (VRS). Desde septiembre se han administrado 42.000 dosis bajo este programa. También se insiste en el departamento que dirige Fátima Matute en la iniciativa para extender los cribados de cáncer de colon a través de la distribución en farmacias de kits para recogidas de muestras posteriormente llevadas al centro de salud para su análisis.

Desde Sol se subraya, igualmente, que el sistema de dependencia madrileño este año se ha rebasado el número de 210.000 beneficiarios, con más de 296.000 prestaciones y servicios concedidos. Las plazas en residencias para mayores, personas con discapacidad y enfermedad mental grave superan, por su parte, las 65.000.

En educación, este ha sido el año de implementación de dos de las tres medidas anunciadas en ejercicios anteriores destinadas, se argumenta, a la protección de la infancia y la preadolescencia. Se trata de la prohibición del uso individual y la limitación del uso compartido de dispositivos digitales en las aulas de Infantil y Primaria, y la incorporación de 1º y 2º de la ESO a colegios de Primaria. El retorno al llamado modelo EGB tiene por objeto retrasar la entrada de los menores en el instituto. Este curso 49 centros públicos de Primaria de la región han arrancado con 1º de la ESO. La tercera de estas medidas, aún en fase de aprobación, será la adopción obligatoria de la jornada partida en los colegios de nueva creación, que vendrá acompañada de medidas para facilitar el cambio de jornada continuada a jornada partida, nunca a la inversa, en los colegios ya existentes si las familias así lo expresan.

Universidad

El otro ámbito educativo en que 2025 ha sido agitado ha sido el universitario, fundamentalmente en torno a la discusión de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (Lesuc) y la cuestión aparejada de la financiación. Desde la Consejería de Educación se adelantó que el texto se llevaría a la Asamblea antes de que concluyera el año, lo cual no ha ocurrido.

Los presupuestos para 2026 elevan en 75 millones de euros, hasta los 1.239 millones de euros, las transferencias para el conjunto de las seis universidades públicas madrileñas, pero la cifra no cubre los más de 15 años de infrafinanciación que, defienden los rectores, padecen los centros de enseñanza superior. La Universidad Complutense ha tenido que pedir a la Comunidad de Madrid un préstamo de 34,5 millones de euros. Y la comunidad universitaria declaró dos días de huelga en noviembre.

Por lo demás, en el haber del balance de su gestión de 2025, Ayuso señala los 88 proyectos de uso de inteligencia artificial ya implementados en distintos servicios, la compra de Velintonia, residencia del poeta Vicente Aleixandre, para que acoja la Casa de la Poesía, en torno a la Generación del 27 y la Edad de Plata, o la solvencia con que se abordó, entre el 5 de marzo y el 7 de abril, el mayor episodio de lluvias registrado en la Comunidad en 135 años. Durante más de un mes se registraron 350.000 llamadas al 112, 1.000 expedientes por inundaciones y más de 540 intervenciones de los bomberos regionales. Por tercera vez en la historia, y primera en este siglo, la presa del Atazar tuvo que desembalsar agua por su aliviadero superior.