El Ayuntamiento se da otro año de plazo para culminar el censo de edificios con amianto en Madrid

La larga y errática lucha contra el amianto - ese material altamente tóxico con el que España, desconocedora del riesgo, cubrió durante años sus edificios y construcciones- está todavía lejos de ver la luz al final del túnel en Madrid. Con atraso acumulado desde 2023, cuando todas las administraciones públicas debían tener listo un censo de las instalaciones y emplazamientos con fibrocemento, el Ayuntamiento de la capital se ha dado otro año más de plazo para tener listo este listado imprescindible para culminar el desamiantado de la ciudad.

Tras asumir la tarea con el cambio de competencias del pasado 20 de noviembre, la Dirección General de Rehabilitación, dependiente del Área de Políticas de Vivienda, está "trabajando ya" en ello. La previsión es que "en 2026 comiencen los trabajos que nos den los resultados viables del censo general de amianto en la ciudad de Madrid”, avanzó este lunes el delegado del ramo, Álvaro Rodríguez, en respuesta a una pregunta formulada por el edil Enrique Rico (PSOE) durante la comisión de Obras y Equipamientos.

Cuestionado por el retraso en la elaboración de este registro, González justificó la tardanza por el "enorme" tamaño de la capital, con “131.726” edificios y “más de 1 millón y medio de viviendas”; así como por la complejidad técnica y el coste de identificar el material, especialmente en un parque inmobiliario donde más de la mitad de los edificios (62.240) se levantaron entre 1950 y 1980, cuando el fibrocemento estaba en pleno auge.

"Además de delicado y complejo, el proceso de detección del amianto es también caro y muy técnico", señaló el titular de Vivienda. Por eso, el Ayuntamiento está preparando unos "pliegos" y "estudios" para "dotarnos de los medios necesarios" para la tarea, añadió, antes de cargar con la falta de ayuda y los "inasumibles" plazos fijados por el Gobierno central. "No hay un solo ayuntamiento en España que haya podido cumplir”, reprochó González durante su réplica.

Un reloj que corre desde 2022

La obligación de este censo nace de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que daba un año a los ayuntamientos para catalogar todas las instalaciones de amianto de sus ciudades, incluyendo asimismo un calendario para su retirada. Este debía priorizar los edificios públicos con mayor riesgo, los cuales deberán estar gestionados antes de 2028.

Ya entonces el Defensor del Pueblo advirtió de que este plazo sería difícil de cumplir para la mayoría de administraciones. En 2024, un año después de vencido, el Ministerio de Sanidad publicó unas directrices metodológicas para homogeneizar cómo elaborar esos censos y priorizar retiradas, recordando las obligaciones del censo, su carácter público y el umbral de 2028.

Aunque todavía falta para que el censo municipal esté completo, no significa que el Consistorio haya estado de brazos cruzados hasta la fecha. Tal y como expuso el delgado en la comisión, hasta la fecha ya se ha retirado el amianto de "más de 5.500 hogares" de la ciudad. En cuanto a actuaciones concretas, el propio Ayuntamiento informó el pasado junio de una intervención en un edificio de la avenida Ciudad de Barcelona (distrito de Retiro) con retirada de bajantes de amianto y renovación de la red de agua, con una subvención municipal de 485.000 euros, dentro del Plan Rehabilita.