POLÉMICA SANITARIA
El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía investigar al Hospital de Torrejón por reesterilizar y reutilizar catéteres
El sindicato Amyts ve "un escándalo" en la selección de pacientes según los beneficios

Entrada principal del Hospital de Torrejón de Ardoz. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
La Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, investigar al Hospital de Torrejón por presunta reutilización de material sanitario de un solo uso, tras nuevas denuncias de empleados del centro.
Según la entidad, varios trabajadores aseguran que se les ordenó reesterilizar y reutilizar catéteres destinados legalmente a un único uso, un procedimiento que "no es legal y, además, requiere procesos industriales realizados por empresas especializadas externas al hospital". Su presidenta, Carmen Flores, sostiene que estas prácticas podrían constituir "un delito más" dentro del expediente ya remitido a la Fiscalía, al amparo del Real Decreto 1591/2009 y de posibles delitos de imprudencia profesional o negligencia médica recogidos en los artículos 142 y 152 del Código Penal. La asociación recuerda que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a comunicar estos hechos a juez o fiscal.
Flores añade que los trabajadores denunciantes advirtieron internamente de que la orden recibida "no era legal" y apunta que la reutilización de este material podría haberse realizado con "premeditación y mala fe", extremo que deberá aclarar la investigación.
"Un juego injusto" para los pacientes
Por otro lado, la secretaria general del sindicato médico Amyts, Ángela Hernández, considera "un escándalo" la grabación del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, en la que ordena rechazar pacientes y aumentar listas de espera para obtener más beneficios. A su juicio, los audios son "un escándalo", pero aún más "la falta de supervisión por parte del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) al modelo de gestión indirecta o privada tipo Public Private Partnership (PPP, por sus siglas en inglés), implantado en cinco hospitales de la región, que "lleva sin una Dirección General de Supervisión desde hace muchos años" y que en su día ocupó Manuel Molina. Este modelo, denuncia, genera "un juego injusto" para los pacientes y revela "algo peligrosísimo: una selección de pacientes en función de los beneficios que va a obtener el hospital por tratarlos".
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