El Ayuntamiento de Madrid precinta finalmente el Teatro Barceló tras levantarse las medidas cautelares

El Ayuntamiento de Madrid ha precintado finalmente este jueves el Teatro Barceló tras el levantamiento de las medidas cautelares tomadas por el juzgado, después de que la Agencia de Actividades (ADA) emitiese una orden de cese y precinto durante un año por exceso de aforo que "comprometió la seguridad de los usuarios"

precinto del establecimiento pegando En torno a las 10:00 horas, un grupo de funcionarios y miembros de la Policía Municipal han llegado al exterior de este histórico local de ocio en la céntrica calle Barceló. Al llegar se han encontrado las protestas de una decena de trabajadores, contrarios a la decisión. No les han impedido precintar el establecimiento y poner un cartel en la puerta principal donde se puede leer: "Local precintado por resolución del Gerente de la Agencia de Actividades".

Según informaron fuentes municipales a Europa Press, se ha ordenado el cumplimiento de la primera por seis meses de clausura y, posteriormente, se ordenará el cumplimiento de la segunda, hasta el total de un año.

Críticas de la Plataforma del Ocio

Representantes de la Plataforma por el Ocio también han acudido a la calle Barceló para mostrar su enfado por el cierre de la discoteca. Su portavoz, Jesús Martínez, ha manifestado que esta acción supone la "ruptura del proceso de negociación" entre el sector del ocio, la cultura, la hostelería y el turismo con la Agencia de Actividades de la Delegación de Urbanismo del concejal Borja Carabante.

La Plataforma sostiene que se han superado "todas las líneas rojas" al "atacar y cuestionar la integridad y la profesionalidad de la gestión de los establecimientos públicos y locales de ocio". Además, ha afirmado que este conflicto supone un "choque de trenes" entre las pymes y las empresas del sector servicios y la Delegación de Urbanismo en el "mejor momento de la historia de la gastronomía, la vida nocturna y los espectáculos de Madrid".

"Cerrar el Teatro Barceló es atacar a una empresa de más de cuarenta y cinco años, que trajo la marca Pachá a Madrid y que, desde entonces, lleva prestando sus servicios al público cada fin de semana de manera impecable y sin ningún tipo de incidencia en materia de seguridad", ha aseverado el portavoz.

Sobre los próximos pasos en materia judicial que la Plataforma piensa llevar a cabo, ante un precinto que consideran "una barbaridad", Martínez ha explicado que no van a renunciar a ninguna vía de defensa de las empresas, pymes, autónomos y trabajadores del sector. También ha afirmado que van a "intensificar" la campaña de información y comunicación y ha denunciado que la Agencia de Actividades no ha establecido unos "criterios objetivos" de cálculo de aforos y de revisión de los mismos en los locales situados en el entorno de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) de Centro.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha declarado que desde el Ayuntamiento pretenden seguir hablando con la Plataforma por el Ocio, pero ha advertido que el Gobierno municipal tiene que "velar" por el cumplimiento de la legislación vigente. "Se ha llevado a cabo por dos sanciones de superación de aforo, en cada una de ellas de una manera importante, y, por lo tanto, podemos entender que haya una demanda del sector respecto a modificaciones legales que se puedan introducir, pero mientras esté vigente la normativa actual hay que darle cumplimiento", ha subrayado.

Exceso de aforo

Apenas unos días después de que la antigua Pachá cambiase de manos de la familia Trapote (dueño también de la Joy Eslava o la chocolatería Ginés), la ADA decretó la clausura de esta emblemática sala por "exceso de aforo". En dos inspecciones, agentes de la Policía Municipal habían detectado que el local superaba la capacidad permitida, implicando un riesgo de seguridad para las personas presentes: en el interior había alrededor de 1.500 personas, por encima del límite de 990 fijado en la licencia.

Los nuevos propietarios recurrieron la decesión presentando un contencioso-administrativo ante un juzgado de Madrid, por lo que la discoteca permaneció abierta durante unas semanas. La Justicia aceptó en primera instancia las medidas cautelarísimas solicitadas por los promotores del local, retrasando hasta este jueves la orden de cese y precinto, que estaba prevista para el 20 de noviembre.