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Foro 'España 360'

Murcia y Aragón piden al Gobierno conferencias sectoriales de medioambiente presenciales tras denunciar que ahora son "por escrito"

El responsable de Sostenibilidad de Endesa defiende que "a veces una llamada de teléfono puede solucionar" muchos problemas

Manuel Blasco, consejero de Aragón: "Las comunidades autónomas tenemos mucha responsabilidad con el medio ambiente"

PI STUDIO

Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

La conferencia sectorial es el órgano de cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para tratar asuntos específicos de un sector determinado, como el turismo, la justicia o el consumo. Están presididas por el ministro del ramo y en ellas se reúnen los consejeros autonómicos de la materia para coordinar políticas y tomar decisiones conjuntas. Pues bien, en la actualidad y a pesar de que la importancia que el Ejecutivo central otorga al cambio climático, impulsando un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática o con una vicepresidencia en manos de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el caso del medioambiente estas ‘reuniones’ se realizan “por escrito”.

Así lo han denunciado el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, y el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, Juan María Vázquez Rojas, en el marco del foro España 360 (el primer encuentro de comunidades autónomas organizado en Madrid por Prensa Ibérica) en un diálogo que lleva por título 'La responsabilidad de liderar y gobernar ante el cambio climático'.

Ambos consejeros han coincidido en que hay colaboración entre las distintas administraciones, a pesar del ruido político, y han puesto ejemplos de esa coordinación pública, como la planificación de la red eléctrica, la intervención en los bosques como consecuencia de la sequía, la reintroducción de especies como el lince ibérico o la tramitación administrativa de parques renovables, que en muchos casos requieren de la participación de comunidades autónomas, ayuntamientos y gobierno central. “Se puede mejorar, sí; pero hay coordinación entre todos”, ha afirmado Manuel Blasco.

Blasco: "Hay colaboración entre las administraciones, pese al ruido político, aunque siempre es mejorable"

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No obstante, Blasco ha advertido que “las comisiones sectoriales de consejeros con ministros sería mejor que fueran presenciales que a través de una tablet o por escrito”. En la misma línea, Juan María Vázquez Rojas ha asegurado que para “engrasar” las relaciones entre administraciones “el procedimiento presencial” debiera ser el utilizado en las conferencias sectoriales. “Creemos que es importante el contacto y el debate para la toma de decisiones”, ha asegurado.

En el diálogo ha participado también el responsable de Sostenibilidad de Endesa, Jorge Pina, quien se ha mostrado sorprendido y decepcionado al enterarse de esta casuística: “Me decepciona que la conferencia de medioambiente sea a día de hoy por escrito. Es algo que podría mejorarse y engrasarse aún más”. Pina ha enfatizado la importancia del diálogo fluido al poner como ejemplo el caso de la tramitación de plantas fotovoltaicas, en donde "a veces una llamada de teléfono puede solucionar" muchos problemas. "Y se echa en falta esa llamada de teléfono", ha reconocido acto seguido.

Juan María Vázquez: "La colaboración (entre las Comunidades Autónomas y el Estado) no es necesaria, sino que es obligada"

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Actualizar la regulación

Preguntado por la relación entre administraciones y empresa, el directivo ha afirmado que lo que espera de los distintos gobiernos son "objetivos claros y ambiciosos, un marco regulatorio estable que haga atractiva la inversión y de seguridad jurídica y agilidad administrativa". En el caso de España, según Pina los objetivos medioambientales están claros y son ambiciosos, pero el marco regulatorio "debe actualizarse" en tres cuestiones clave: la red de distribución (redes de baja y media tensión) con "una retribución atractiva" para impulsar el desarrollo de nuevas líneas, resolver la judicialización de los proyectos renovables y fomentar una mayor agilidad administrativa.