El Ayuntamiento recompone el puzle urbanístico de El Corte Inglés de Campo de las Naciones tras más de una década de pleitos

El Ayuntamiento de Madrid ha dado un paso clave para cerrar una de las operaciones urbanísticas más complejas de la ciudad. Con el solitario voto favorable del PP, el Pleno de Cibeles aprobó este martes la modificación del Plan General que recalifica los terrenos de El Corte Inglés de Campo de las Naciones con el objetivo de corregir el exceso de edificabilidad que llevó a los tribunales a tumbar la operación anterior y a ordenar el derribo parcial del centro comercial.

La nueva ordenación crea el área de planeamiento bautizada como 'Campo de las Naciones–Guadalajara 25' y reordena tanto la parcela donde se ubica el centro comercial, en la avenida de los Andes, como dos terrenos residenciales colindantes en el barrio de Palomas. La clave de la operación consiste en traspasar edificabilidad desde esas parcelas a la manzana de El Corte Inglés, de forma que una parte del exceso de metros cuadrados construidos se “legaliza” ajustando el planeamiento a la realidad existente; mientras que el resto deberá ser demolido.

En concreto, el acuerdo reconoce 8.300 m² de edificabilidad terciaria comercial ya materializados, que serán compensados con la cesión de los terrenos residenciales, los cuales se cambiarán a uso dotacional para albergar el fututo Centro de Movilidad Sostenible vinculado al anillo ciclista. La operación incluye también una nueva zona verde y la regularización de viarios aún pendientes de urbanizar, bajo la condición de cumplir una serie de requisitos ambientales en materia de saneamiento, drenaje, ruido y arbolado.

Discrepancias políticas

Una solución que para la oposición municipal supone "legalizar lo ilegal", en palabras de Ignacio Ansaldo (Vox) durante el debate de la iniciativa. En la misma línea, Antonio Giraldo (PSOE) criticó que se trata de "un arreglo a medida de los intereses de la empresa para solucionar la situación de ilegalidad"; mientras que para Más Madrid la modificación implica "inventarse" un área homogénea a medida de las necesidades de la empresa de distribución.

Desde el equipo de gobierno, el delegado del área de Urbanismo, Borja Carabante, aseguró que "aquí no se legaliza una ilegalidad. Aquí lo que se hace es restablecer la legalidad y, sobre todo, poner en el planeamiento lo que señala la sentencia del Tribunal Supremo y por tanto, atendemos a esa sentencia de obligado cumplimiento". Asimismo, ha apuntó que con esta aprobación no se atiende al interés de El Corte Inglés, porque en esas parcelas se va a "restablecer la vía pecuaria".

De los años 90 al Supremo

La historia de El Corte Inglés de Campo de las Naciones arranca en los años 90, cuando la Comunidad de Madrid autorizó la construcción del centro, que abrió sus puertas a finales de 1997 con una edificabilidad máxima acorde al planeamiento de la época. Sin embargo, en 2012 el Ejecutivo regional aprobó una modificación puntual del mismo que permitía a tres centros de la cadena - Campo de las Naciones, Méndez Álvaro y Serrano- incrementar los metros construidos a cambio de dos parcelas municipales en Salamanca y Vicálvaro para zonas verdes y equipamientos.

Un particular recurrió la modificación aprobada por la Comunidad al entender que se estaba otorgando edificabilidad de más y que la operación no estaba suficientemente justificada en términos de interés general. Tras ser declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la operación desembocó en el Supremo, que en 2019 decretó el derribo parcial de los 11.300 metros cuadrados construidos en exceso.

Mediación judicial y plan 'ad hoc'

En 2023, una mediación intrajudicial evitó que los derribos llegasen a ejecutarse. A cambio de ello, la compañía indemnizó con 350.000 euros al denunciante y acordó una serie de compensaciones urbanísticas. El Ayuntamiento tomó entonces las riendas del proceso: a finales de 2024 se presentó la Modificación Puntual del PGOU para la creación de ese nuevo ámbito en Hortaleza, cuya tramitación culminó este martes en el Pleno.

Ahora, El Corte Inglés tendrá que acometer las obras necesarias para eliminar el remanente de metros ilegales, ejecutar las cesiones de viales y parcelas dotacionales y asumir las cargas económicas pactadas. El Ayuntamiento, por su parte, deberá convertir esas parcelas en un polo de movilidad ciclista sostenible y velar porque la solución elegida cierre una de las polémicas urbanísticas más largas de la historia reciente de la capital.