Las seis universidades públicas madrileñas paran este miércoles y jueves para exigir más financiación y rechazar la futura Ley de Universidades

La coordinadora de plataformas de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid -que agrupa a trabajadores y estudiantes- ha convocado dos manifestaciones este miércoles y jueves para reclamar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso un incremento de la financiación del sistema universitario.

El anuncio se ha realizado este lunes frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, donde representantes de la plataforma han exigido la retirada del anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) y la elaboración de un nuevo plan plurianual de inversión. También han adevertido de que no descartan promover una huelga indefinida si no hay avances.

"Tienen que comenzar un proceso negociado y consensuado con rectorados, asociaciones de trabajadores, sindicatos y estudiantes para poder crear un texto que realmente apoye a la universidad pública y que no sea un estrangulamiento", ha señalado la profesora Eva Aladro, integrante de la plataforma por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), centro que ha debido solicitar un préstamo de 34,5 millones de euros.

La primera protesta se celebrará este miércoles a las 15.30 horas frente a la Consejería de Educación, dirigida por Emilio Viciana. La segunda manifestación tendrá lugar el jueves a las 18.00 horas: partirá de Atocha y concluirá en la Puerta del Sol, sede del Gobierno autonómico.

Paralelamente, los Consejos de Estudiantes de las universidades públicas madrileñas han expresado su apoyo unánime a la movilización y han convocado "el primer paro académico de la historia" en la Complutense, la Autónoma (UAM) y la Rey Juan Carlos (URJC). Esta medida permitirá que el estudiantado ejerza su derecho a interrumpir la actividad académica.

Según han explicado en un comunicado, el paro académico es una herramienta prevista por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para “garantizar el derecho a la protesta del estudiantado”, cuyo desarrollo corresponde a cada universidad.