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OCIO EN MADRID

El Teatro Barceló seguirá abierto tras suspenderse temporalmente su precinto por exceso de aforo

La Justicia ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por los promotores del local

Fachada del Teatro Barceló de Madrid.

Fachada del Teatro Barceló de Madrid. / Marta Fernández Jara - Europa Press

Madrid

El delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, confirmó este miércoles que el precinto del Teatro Barceló decretado por el Ayuntamiento de Madrid ha quedado suspendido temporalmente después de que la Justicia haya aceptado las medidas cautelarísimas solicitadas por los promotores del local.

En declaraciones a los medios, Carabante explicó que sobre el establecimiento pesaba una orden de cese y precinto para el 20 de noviembre "como consecuencia de dos infracciones graves que comprometieron la seguridad de los usuarios al superar el aforo permitido". La Agencia de Actividades (ADA) había ordenado el cese de la actividad durante un año después de que la Policía Municipal constatara en dos ocasiones que se había excedido el aforo máximo autorizado por licencia, fijado en 990 personas.

Los responsables de la sala recurrieron a los tribunales y solicitaron medidas cautelares, que han sido finalmente estimadas. "Por lo tanto, de momento ha quedado suspendido ese precinto como consecuencia de que, insisto, han sido estimadas las medidas cautelarísimas que ha presentado el promotor", señaló el delegado.

Por su parte, la Plataforma por el Ocio ha celebrado la decisión judicial que permite a Teatro Barceló seguir funcionando y ha cargado contra el "desgobierno" y la "actuación errática" de la ADA. En un comunicado, la entidad -que integra a Hostelería Madrid, Noche Madrid, Madrid en Vivo y las asociaciones de hostelería de Malasaña, La Latina y el Barrio de las Letras- acusa a la Agencia de mantener una "campaña de acoso" contra los establecimientos de hostelería y los locales de ocio de la ciudad.

La Plataforma ha instado además a Carabante a mantener una reunión para abordar el que consideran un "vacío legal" en materia de aforos y en la definición de los criterios de seguridad que deben cumplir los establecimientos públicos.