Ayuso recurre ante el Tribunal Supremo el decreto de universidades del Gobierno

Con la universidad como campo de batalla ideológico y político, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció el pasado octubre que llevaría a los tribunales el decreto que regula la creación de universidades aprobado por el Gobierno. Aquel anuncio se ha concretado. Los servicios jurídicos del Ejecutivo regional han interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra la norma que establece requisitos más exigentes para autorizar la apertura de nuevos centros académicos.

Se entiende desde Sol que la medida es arbitraria, que se ha elaborado sin consenso, que atenta contra la seguridad jurídica y que invade competencias de las comunidades autónomas. También que socava la libertad de empresa e incluso la libertad educativa recogida en la Constitución, que en su artículo 27.6 establece que se reconoce a las personas físicas y jurídicas “la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”. El mismo artículo señala en otros de sus puntos que los poderes públicos “inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes” y “ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”.

Entre los argumentos que esgrime el Gobierno de Ayuso, se asegura que reposa en las comunidades la capacidad “de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades”. Al Estado, prosiguen, corresponde fijar la normativa básica. Pero el decreto, mantiene el Ejecutivo autonómico, “supera ese marco básico y deja muy poco margen a las regiones para regular por su cuenta”.

Madrid critica también que el real decreto se haya tramitado, se afirma “con opacidad, sin consulta pública previa y sin contar con las comunidades autónomas”. Y se apunta también a algunos de los criterios que recoge la norma, como el requisito de que los centros tengan un mínimo de 4.500 alumnos, una circunstancia que se señala como arbitraria.

El decreto, asegura el Gobierno, persigue elevar la calidad de las universidades y que las instituciones que utilicen tal nombre estén comprometidas “con la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento”. Aparte del mínimo de alumnos, se establecen condiciones como la obligatoriedad de destinar al menos un 5% del presupuesto a investigación o de contar en su claustro con un mínimo de un 50% de doctores y al menos un 60% de miembros con experiencia acreditada en investigación.

En el trasfondo del pulso entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno asoma el debate sobre el peso de las universidades privadas en el conjunto del sistema. En Madrid existen seis universidades públicas y 13 privadas, a las que próximamente se sumará el Instituto de Empresa. El proyecto de ley para su conversión en universidad fue aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno y se tramitará próximamente en la Asamblea. Todo ello en un momento en que las universidades públicas madrileñas denuncian llevar desde 2009 infrafinanciadas y cuando el Gobierno regional está elaborando una Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) que impulsa la búsqueda de instrumentos de autofinanciación de los campus.

El recurso contra el decreto de universidades del Gobierno se suma a la lista de pleitos que mantienen la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo. Sol tiene planteado un conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional y un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional por la declaración como Lugar de Memoria Democrática de la Real Casa de Correos; tres recursos, dos ante el Tribunal Supremo y uno en el Constitucional; por el reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla; uno más, en el Constitucional, por la Ley de Amnistía; otro ante el Tribunal Supremo, por la Ley de Eficiencia de la Justicia, y uno más ante la Audiencia Nacional, por la quita de deuda autonómica.

La decisión de recurrir el decreto ha sido criticada por la oposición regional. "Un recurso contra la legislación que le exige unos requisitos mínimos de calidad a la universidad lo dice todo de Ayuso", ha señalado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. "No hay un chiringuito privado al que la presidenta no se tire de cabeza a defender".