Madrid reclama simplificar el modelo y más recursos por habitante en el nuevo sistema de financiación autonómica

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, aseguraba salir ayer de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera poco menos que igual que entraba. “Absolutamente ninguna sorpresa”, señalaba. Tampoco el anuncio de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que presentará en dos meses un nuevo modelo de financiación autonómica, algo que duda que vaya a ocurrir. “Si no lo han hecho en siete años y medio, ahora, de golpe, en dos meses y medio, sin habernos consultado, sin equipos de trabajo, no resulta muy creíble”, indicaba la consejera madrileña a la salida del encuentro.

La reforma del sistema financiación autonómica, diseñado en 2009 y considerado caduco por prácticamente todas las comunidades autónomas, es, en cualquier caso, una demanda recurrente del Gobierno madrileño, que no solo se considera perjudicado por el actual mecanismo sino que encuentra en el debate, con el modelo de financiación singular para Cataluña de fondo, un flanco por el que atacar al Ejecutivo central.

Desde Sol se reclaman recurrentemente más recursos por habitante para una Comunidad de Madrid que se dice “infrafinanciada”. El argumento repetido es que, siendo la autonomía que más aporta al sistema, es de las que menos recibe per capita. Sin llegar a invocar el principio de ordinalidad, en función del cual una comunidad tiene que tener la misma posición en la clasificación de autonomías que más aportan al sistema y entre las que más reciben, sí que se demanda no percibir menos por habitante que otras comunidades para prestar los mismos servicios públicos, “porque ahí es donde la propia comunidad se ve perjudicada”.

Madrid sí recibe menos por habitante que la media de las comunidades, pero no es la autonomía en peor situación a este respecto. Un informe publicado por la Federación de Estudios Aplicados (Fedea) el pasado agosto establecía en 3.390 euros la media por habitante ajustado de todas las comunidades. Madrid recibe 27 euros menos por habitante (3.363 euros), pero es la primera justo por debajo de esa media. En peores condiciones están Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia.

Cataluña, con quien frecuentemente suele compararse el Gobierno madrileño, se sitúa, según el estudio de Fedea, ligeramente por encima de la media, 60 euros por habitante más. La comunidad mejor parada es Cantabria, con 4.077 euros por habitante ajustado.

Un modelo "más transparente"

La otra demanda que realiza el Gobierno madrileño, relacionada con la anterior, es la de simplificar el modelo. En el sistema operan hasta cuatro fondos destinados a corregir posibles desequilibrios. Se trata del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales; el Fondo de Suficiencia Global; el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación.

El primero, constituido con aportaciones autonómicas y del propio Estado, actúa como garantía de equidad y nivelación entre lo que cada comunidad recauda y sus necesidades. Viene a plasmar el principio de solidaridad interterritorial. Según la última liquidación, de 2023, solo tres comunidades fueron contribuyentes netos a este fondo, es decir aportaron más de lo que recibieron de él: Baleares, con el 3,7%; Cataluña, con el 21%, y la Comunidad de Madrid, con el 75,2% de la parte autonómica. Desde 2009, la aportación de lo recaudado en la Comunidad al FGSPF ha sido de más de 55.700 millones de euros.

El Ejecutivo madrileño saca pecho a menudo de estas cifras para presumir de solidaridad. Pero se muestra particularmente crítico con el Fondo de Competitividad, creado con aportaciones del Estado para repartir entre las comunidades con financiación per cápita ajustada inferior a la media o a su capacidad fiscal. El Gobierno regional asegura, en cambio, que está diseñado de tal forma que beneficia a Cataluña y excluye a Madrid y reclama hasta 5.000 millones de euros no percibidos por esa razón en los últimos años.

"Nos toparon el fondo de competitividad y Madrid quedó fuera, con lo cual dejamos de recibir 1.000 millones anuales, y eso es lo que provocó que por cada habitante recibamos menos que otras comunidades autónomas", trasladaba hace unas semanas Albert en un encuentro con periodistas. "Por eso abogamos por un sistema que en lugar de tener tantos compartimentos estancos sea mucho más transparente".

La reclamación entronca con el empuje político con que el Gobierno de Ayuso afronta lo relativo a la financiación autonómica y el énfasis que pone en denunciar la "financiación singular" que vienen negociando el Gobierno y la Generalitat catalana. En el Ejecutivo regional no es solo una cuestión de cifras, es también un argumento de confrontación política como ayer volvió a mostrar la propia consejera madrileña al mencionar que Montero acudía al Consejo de Política Fiscal y Financiera "al dictado de los independentistas catalanes y del señor Illa". Una línea por la que seguirá insistiendo la Comunidad de Madrid.

Entretanto, en el enfrentamiento entre las administraciones central y regional en torno al sistema de financiación emerge otro asunto de choque: las rebajas fiscales. Montero ya advertía ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera de que no se puede "soplar y sorber al mismo tiempo, pedir más recursos y, en paralelo, bajar impuestos" y se mostraba favorable a introducir "desincentivos" a lo que se considera el "dumping fiscal" que practican algunas comunidades populares, aunque admitía que es algo que aún no está definido.

Ayuso presume de haber introducido más de 30 recortes de impuestos desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid, en 2019. Su Gobierno niega practicar "dumping" fiscal y defiende que todas esas reducciones se han practicado, al amparo de su autonomía fiscal, sobre tributos que gestiona la propia Comunidad de Madrid y que no afectan, por tanto, a la recaudación general del sistema.