La línea 7B de Metro reabre este sábado hasta San Fernando de Henares tras 1.185 días cerrada, 74 viviendas demolidas y 170 millones invertidos

Es una de las heridas que Esperanza Aguirre dejó abiertas a sus sucesores en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Estrenada entre 2007 y 2008, la Línea 7B de Metro, que prolongaba la red del suburbano madrileño a los municipios de Coslada y San Fernando de Henares, al este de la capital, se presentaba como uno de los hitos para la zona junto al Hospital del Henares, hasta el que llegaba y que se inauguraba a la par, con apenas días de diferencia.

La infraestructura, sin embargo, comenzó a dar problemas casi desde el principio. Construida en un terreno rico en yesos solubles con el agua que dejaban oquedades encadenó sucesivos cierres para reparar filtraciones y reaperturas. En agosto de 2022 Metro de Madrid anunció un nuevo cierre temporal de tres estaciones a su paso por San Fernando de Henares. Se había constatado un progresivo hundimiento del túnel, pero también daños en superficie.

En los edificios comenzaron a aparecer grietas. Hasta 74 viviendas y un complejo que albergaba dependencias municipales como la sede de la Escuela Oficial de Idiomas, una escuela infantil, la Casa de la Mujer o una sala de exposiciones han tenido que ser derribados. Otras 300, hasta 600, según las plataformas vecinales, se han visto afectadas en distinto grado, con muchas personas fuera de sus casas durante semanas o meses, algunas en estado de depresión y, en general, infligiendo un arañazo social en el municipio difícil de restañar.

Dos años después, en julio de 2024, se procedía al cierre de otras tres estaciones de la línea en el término de Coslada tras detectarse desperfectos en el túnel de otra naturaleza y sin que se hayan reportado daños en superficie. Más o menos por esas fechas, en un encuentro con periodistas, desde la Consejería de Vivienda, Infraestructuras y Transportes se dejaba abierta la posibilidad de que el tramo de San Fernando de Henares no llegara a reabrir.

El pasado septiembre, sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba la reapertura de la Línea 7B de Metro en su totalidad, hasta Hospital del Henares, para finales de noviembre. Será finalmente el próximo sábado 22 cuando los trenes vuelvan a circular por los 5,5 kilómetros de vías y seis estaciones clausuradas, 1.185 días (480 días en el tramo de Coslada) y más de 171 millones de euros invertidos en indemnizaciones y reparaciones, después. Son 48 millones de euros más de los previstos en 2022, cuando se ideó lo que pretende ser la solución al problema.

Ese día, el Metro abrirá normalmente, en su horario comercial, sin que se prevea ningún acto especial. Se calcula que unas 120.000 personas vuelvan a hacer uso de la Línea 7B una vez reabra. Durante este tiempo un servicio sustitutivo gratuito de autobuses ha estado operando que ha costado a Metro de Madrid algo más de 620.000 euros.

Cinco piscinas olímpicas de mortero de hormigón

Las operaciones para garantizar una reapertura segura han ido en dos direcciones. Por una parte, se ha trabajado en la consolidación del terreno en superficie. Para ello, entre octubre de 2022 y abril de 2024 se realizaron perforaciones de hasta 60 metros de profundidad para rellenar las oquedades con mortero. En total, en una superficie de 20.600 metros cuadrados se han inyectado más de 11.200 toneladas de mortero.

Por otro lado, se ha trabajado en la impermeabilización de los 5,5 kilómetros de túnel, tanto en el tramo de San Fernando, cerrado desde 2022, como en el de Coslada, clausurado en 2024. "El túnel está conformado por anillos consecutivos de 1,5 metros de anchura cada uno", explica Miguel Núñez, director general de Infraestructuras en la Consejería de Transportes. "Cada anillo se divide en siete dovelas. Para impermeabilizar absolutamente el túnel hemos hecho perforaciones de entre uno y dos metros en cada una de esas dovelas e inyectado mortero. Es decir, hemos impermeabilizado el trasdós del túnel a través de un total de 26.000 perforaciones".

Adicionalmente, en un tramo de unos 200 metros entre las estaciones de San Fernando y Jarama, coincidente con lo que en superficie es la calle Rafael Alberti de San Fernando de Henares, y que es la zona más afectada, se han realizado perforaciones de hasta 25 y 30 metros para inyectar mortero y "anclar" el túnel al terreno. "En total, juntando las toneladas de mortero de la consolidación en superficie y las de impermeabilización del túnel habremos inyectado en la zona unas 13.000 toneladas, que es el equivalente a cinco piscinas olímpicas de mortero de hormigón", tercia Núñez.

En la obra han participado, entre junio de 2024 y el pasado septiembre, un total de 300 operarios en turnos de mañana y tarde con picos de hasta 150 personas simultáneamente. "Manejar esa cantidad de trabajadores a unos 45 metros de profundidad en turnos continuos es una obra muy complicada", afirma el director general de Infraestructuras regional. Solo en la impermeabilización y consolidación del túnel se han invertido 38,4 millones de euros.

Rehabilitación de cinco calles y un nuevo parque

Además de rehabilitar la infraestructura ferroviaria, la Consejería de Transportes se ha tenido que hacer cargo de reponer hasta 22.000 metros cuadrados en superficie. La mitad, unos 11.000 metros cuadrados, corresponden a cinco calles que ha habido que volver a urbanizar. El resto será un parque urbano de otros 11.000 metros cuadrados que se extenderán sobre lo que era el complejo dotacional El Pilar para evitar potenciales riesgos de edificar en altura en el terreno consolidado a base de inyecciones de mortero.

"El diseño del parque ha sido consensuado con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y hemos adaptado todos sus requerimientos", asegura Núñez. Desde su departamento estiman que las calles estarán terminadas en el primer trimestre de 2026, mientras que para inaugurar el parque habrá que esperar hasta finales del segundo trimestre, no tanto por la obra civil como por la entrega del material y el mobiliario urbano de que dispondrá.

Indemnizaciones

Entretanto, está el espinoso asunto de las indemnizaciones a las personas cuyas viviendas han quedado afectadas o directamente han sido demolidas. La Comunidad de Madrid tiene abiertos cerca de 385 expedientes de dos tipos, de responsabilidad patrimonial y de responsabilidad funcional. Los primeros atañen a las 74 viviendas en que se observaron daños estructurales que obligaron a su derribo; el resto, a edificios con daños de menor alcance que pueden ser reparados sin comprometer la estabilidad de la construcción, no solo viviendas, también hay algunas reclamaciones de los ayuntamientos de Coslada y San Fernando.

Desde el Gobierno regional se mantiene que a 31 de octubre de 2025 ya se habían pagado hasta 11,8 millones de euros en indemnizaciones. El importe, variable en función de las características de cada vivienda echada abajo, se ha establecido en función de lo determinado por Tinsa, sociedad de tasación independiente, ajena a la Comunidad de Madrid. Las cifras oscilan entre 136.000 y 355.000 euros, informa Europa Press.

Existe, sin embargo, un hondo malestar entre los vecinos por lo que entienden que son unas cuantías insuficientes. Al menos una treintena han acudido a los tribunales para reclamar mayores indemnizaciones y no se descarta que se sumen más.

"Supuestamente, indemnizan a precio de mercado del suelo y el vuelo, pero el precio del suelo en las zonas dañadas es bajísimo por la circunstancia que vivimos. Todo el problema generado por las obras del Metro ha ocasionado una devaluación masiva de la localidad. En San Fernando de Henares no se puede vender una vivienda, es muy difícil hacerlo, la gente no quiere venir a vivir a nuestro municipio", explicaba en una entrevista en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA hace unos meses Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma Afectados por Metro L7B. Más allá de los 11,8 millones ya abonados , la Comunidad de Madrid tiene consignados hasta 24 millones de euros para hacer frente a más indemnizaciones.

Auscultación constante

La otra incógnita, además de cómo acabe resultando el asunto de las indemnizaciones, es si la reapertura del sábado será la definitiva, después de varios cierres previos. Desde la Comunidad de Madrid se mantiene que se ha acometido una actuación "muy potente" de consolidación del terreno y de impermeabilización del túnel que se confía en que sea suficiente. "De hecho, hemos constatado que el estado del túnel era mucho mejor del que preveíamos en octubre de 2022 [cuando se diseñó el plan de intervención]. Tanto es así que hemos tenido que hacer dos modificados negativos, de casi el 50%, en los contratos de impermeabilización, porque a cota de túnel, a 40 metros de profundidad, el túnel estaba bien", revela el director general de Infraestructuras.

Por otra parte, se seguirá vigilando el estado tanto del terreno como del túnel para detectar posibles alteraciones y poder actuar pronto. "Tenemos más de 500 instrumentos repartidos por la zona y cuatro estaciones ETR que toman datos cada 15 minutos, la auscultación es constante", asevera Núñez.

Esa auscultación en superficie se ha completado con la captura de imágenes vía satélite que permiten ver cómo ha evolucionado el terreno de Coslada y San Fernando desde 1995, un estudio llevado a cabo a través de un convenio firmado con la Universidad Politécnica de Madrid. Y se han implantado balizas en el túnel para ver, en tiempo real, si tiene convergencias o está en perfecto estado.

Desde febrero de 2023 no se han registrado movimientos en el terreno. Cinco informes independientes, aseguran fuentes de la Consejería de Transportes, acreditan las condiciones del trazado, la mayor resistencia del suelo respecto a la prevista inicialmente y el buen estado del hormigón de la plataforma y la contrabóveda

Además, se ha firmado un contrato de conservación ordinario plurianual, de manera que, ante la detección de cualquier anomalía se actúe inmediatamente, sin tener que recurrir a la fórmula de contratación de urgencia. Por los servicios de mantenimiento, conservación, actividades de vigilancia de infraestructuras y terrenos y los de auscultación, supervisión geotécnica, control y consultoría, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras va a pagar 8,2 millones de euros.