Los vecinos de Colonia San Carlos se niegan a ser desalojados: "Llevo 73 años pagando, no soy ninguna okupa"

La Colonia San Carlos fue el segundo gran proyecto de vivienda pública que la Obra Sindical realizó en Villaverde durante la posguerra. En total, a principios de la década de los 40 se construyeron 94 domicilios en esta zona del barrio -- cercana a la estación de Renfe de Villaverde Alto--, agrupados en seis grandes bloques lineales que conforman una manzana cerrada. Una parte de ellos, que pertenecían al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), fueron vendidas hace años a particulares. Las casas que quedan sujetas a este alquiler social pertenecen a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), entidad que, desde hace aproximadamente un año, ya ha pedido a una docena de vecinos que entreguen las llaves y abandonen el lugar, pese a que muchos de ellos llevan décadas viviendo en este rincón del sur de la capital.

En declaraciones a El Periódico de España, fuentes de la empresa municipal afirman que los técnicos han detectado irregularidades en los bloques, como obras ilegales o subarrendamientos. De igual forma, la entidad sostiene que los contratos de alquiler no están sujetos a normativa, incumpliendo la ordenanza de vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid. Según especifican, una revisión de la situación de los hogares, necesaria para renovar su inspección técnica, habría sido el detonante de estas solicitudes de entrega de llaves. "No hay interés político ni especulatorio, lo único que se pretende es cumplir con la ordenanza", sostiene la EMVS.

"Si llego a saber que esto iba a acabar así, jamás me habría metido a vivir aquí"

En una de estas casas vive desde hace más de 25 años Marisa. Esta mujer, de 52 años, nació en la colonia, y entró a vivir a esta vivienda por voluntad de la anterior inquilina, a la que cuidó a diario hasta su fallecimiento. Tras el deceso, Marisa se personó en la sede de la EMVS para tratar su situación e intentar regularizar el contrato de alquiler, cambiándolo a su nombre. Según sostiene, desde la entidad pública le aseguraron desde el primer momento que nadie podía echarla de allí mientras pagase el arrendamiento y las facturas de suministro. En cuanto a la regularización del contrato, la EMVS le indicó que era posible, si bien llevaría tiempo. Estas han sido las respuestas que tanto ella como otras vecinas han recibido siempre en sus numerosos intentos de regularizar la situación. Tal y como demuestran a este medio mediante comprobantes de pago y facturas, los alquileres, la luz y el agua han sido correspondientemente pagados durante estos años. Algunas llevan desde los ochenta tratando de conseguir el traspaso de titular. Sin embargo, ese cambio en el arrendamiento nunca ha llegado a término, lo que ha provocado que, durante décadas, el alquiler se haya pagado a nombre de fallecidos. Y, ahora, esta irregularidad es el principal argumento de la EMVS para ordenar el desalojo de las viviendas.

"Si llego a saber que esto iba a acabar así, jamás me habría metido a vivir aquí. Si lo hice, fue porque desde el minuto 1 me aseguraron que no iba a tener problemas", señala Marisa a El Periódico de España. Casi tres décadas después de su primera visita a la EMVS, el 8 de enero de este año Marisa fue informada de que debía abandonar su hogar. Su caso está judicializado, al igual que el de otros tres vecinos. Marisa, que padece una cardiopatía grave, nos cuenta el calvario que está viviendo. "En junio me dio un infarto aquí mismo a causa de este follón. Llevo meses sin dormir, esto es un sinvivir", indica. El 11 de diciembre irá a juicio, tras negarse a abandonar su hogar.

Este medio se ha desplazado a la colonia con el fin de conocer la historia de cada uno de los afectados. Reunidos en torno a un banco del patio central de la misma, las vecinas nos cuentan sus casos particulares, en un tono abatido y mostrando gran temor y preocupación por su futuro. El denominador común a todas es claro: desde hace meses, la EMVS ha dejado de permitir a unas 20 familias pagar el alquiler y las facturas de luz y agua, a lo que, para doce de ellas, ha seguido una solicitud de entrega de llaves. En dos casos concretos, la orden de desalojo ya se ha promulgado. "Siempre hemos pagado todo lo que se nos ha pedido, y el mantenimiento de la colonia lo hemos gestionado nosotros. Aquí prácticamente no se ha pasado nadie ha arreglar nada en la vida. Y ahora, de repente, me piden que me vaya", señala Carmen, que lleva 32 años viviendo en Colonia San Carlos. En su caso, también denuncia la reticencia de la EMVS a regularizar su situación, aun tratándose de un cambio de titular a un familiar directo.

"En la casa vivía mi suegro, y ni por esas nos han dejado cambiar el alquiler a nombre de mi marido", explica esta anciana con depresión crónica diagnosticada, que convive en el hogar con su hija y sus nietos. Esta joven, por otro lado, nos cuenta la falta de alternativa habitacional que la EMVS les ha ofrecido para vivir tras un hipotético lanzamiento. "Lo único que nos ofrecen es la opción de albergue, y yo a mis hijos no me los llevo a vivir con desconocidos y en esas condiciones. Aquí viven seres humanos, no somos un número", subraya esta mujer, que convive con cinco familiares en una vivienda cuyo primer inquilino fue su abuelo.

"Al tener un juicio abierto, no podemos optar a una alternativa"

Muchos de los afectados tienen minusvalías, afecciones psíquicas u otras enfermedades crónicas, o conviven con familiares que las tienen. "En mi caso, somos seis en casa, y mis dos hijos tienen minusvalía. Ahora mismo el desahucio está parado hasta diciembre por la Ley de Vulnerabilidad Económica, después veremos qué pasa", nos cuenta Sara. En junio, en una reunión con la EMVS, la entidad dio su compromiso a revisar los expedientes de posible vulnerabilidad de cada familia. Una revisión que, de momento, no se ha producido. En cambio, Sara denuncia que la entidad sí habría elaborado "expedientes de personas conflictivas" referentes a los afectados, sin prueba alguna de que así sea. Recuerda, además, que en el caso de las familias a las que la EMVS ha llevado a juicio por "cesión no autorizada de vivienda" -- cuatro hasta el momento --, estas no pueden optar a entrar en sorteo de una casa del IVIMA o de la propia EMVS. "Al tener juicio abierto, no podemos optar a una alternativa. O nos vamos a un puente o, en el mejor de los casos, a un albergue", explica Sara a EPE.

Las vecinas no entienden este interés repentino en que abandonen sus hogares, cuando llevan décadas "abandonadas" por la EMVS. Sostienen que las "obras ilegales" a las que la empresa municipal hace referencia se han realizado, en su mayoría, para "impedir que la casa se nos caiga encima". "Cuando han venido, han destrozado más que arreglado. Goteras, jardines... Nos hemos encargado de todo nosotros mismos durante años", señala Pili, a la que también han dejado de cobrar el alquiler tras 73 años viviendo en Colonia San Carlos, en una casa donde han vivido sus abuelos, sus padres y ella misma. "Llevo pagando mis facturas 73 años, no soy una okupa. Pero como nunca me han dejado cambiar la titularidad, me tratan como tal", destaca. "No entendemos que durante décadas nos hayan dicho que no había problema en que estuviésemos aquí, y ahora de golpe y porrazo quieran las casas para sorteo", se queja, por otro lado, Carmen.

La posiblidad de intereses especulativos, que la EMVS ha negado rotundamente a este medio, sobrevuela la cabeza de las afectadas. "El suelo en esta zona está ganando mucho valor, estamos casi en el centro de Madrid se podría decir. El tiempo dirá qué pasa con esto", sugiere Sara. Este supuesto interés es el que también ha denunciado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

"Si duermo en mi dormitorio, las humedades pueden matarme"

Esta desatención por parte de la EMVS hacia las casas es una de las principales quejas de los vecinos. Marisa nos expresa su temor a lo que pueda ocurrir a la estructura del edifico en caso de una gran tromba de agua. "Ya nos han advertido que si hay una gran tormenta un día podemos llevarnos un susto, las casas no han tenido ninguna renovación en ochenta años, más allá de las que nosotros mismos hemos hecho". Este "abandono", para muchos vecinos, desacredita ahora a las autoridades municipales a echarles de un lugar que han mantenido ellos mismos durante medio siglo.

Este desinterés continuado es tal que, en cualquier momento, podría llegar a incurrir, incluso, a repercutir en problemas de salud para alguno de los inquilinos. Es el caso de Juan Francisco, un anciano que nos invita a su casa para que veamos las humedades que, desde hace nueve años, se comen su dormitorio. "Duermo con oxígeno por una enfermedad respiratoria. Si duermo en mi cuarto, me puede pasar algo por los hongos. Me puedo morir. Llevo años solicitando a la EMVS que me lo arreglen, sin recibir respuesta. Me veo obligado a dormir en el sofá". Juan Francisco añade que si tuviese el dinero suficiente, lo arreglaría él mismo. "De todas formas, son casas públicas, así que este tipo de acciones deberían correr a cargo del Ayuntamiento. Pero bueno, aquí ya estamos acostumbrados a sobrevivir como se pueda", se lamenta. La EMVS asegura haber invertido unos 200.000 euros desde 2023 en el mantenimiento de la colonia. Los desperfectos que encontramos en la misma y la versión de los vecinos, no obstante, ponen en duda esta afirmación. "Si las casas siguen en pie, es gracias a nosotros. Aquí nadie ha venido en décadas, hasta que de repente han decidido interesarse por las viviendas", sostiene Pili.

La Plataforma Hábitat24 insta a la ciudadanía a acudir el próximo 11 de diciembre, a las 13:00, a los Juzgados de Primara Instancia de Madrid (C/Rosario Pino, 5) para mostrar el apoyo a las familias afectadas. Más en concreto, a Marisa, cuyo caso será el primero en llegar a los tribunales ese día.