Paralizado el tercer intento de desahucio de una familia en el barrio de Lavapiés

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha logrado paralizar el tercer intento de desahucio de Rahman, vecino del madrileño barrio de Lavapiés, y su familia, previsto por La Caixa para este viernes 14 de noviembre en la calle Amparo, número 81.

El colectivo de inquilinas ha mantenido contactos telefónicos con las diferentes personas involucradas con la intención de negociar, en los que se ha acordado la paralización del desalojo y se ha fijado un plazo hasta el 8 de enero para buscar una alternativa para Rahman y su familia.

Hasta entonces, detalla la organización de inquilinas, la propiedad podría ofrecer un nuevo contrato de alquiler a Rahman en la vivienda de la calle Amparo, 81 o en otra vivienda o se podría buscar una alternativa habitacional a través de los servicios sociales, entre otras opciones.

El acuerdo se ha alcanzado después de más de diez sucursales del banco La Caixa, situadas en los distritos Centro, Arganzuela, Latina, Carabanchel, Moratalaz y Chamberí, entre otros, amanecieran este miércoles con carteles con la consigna "¡Rahman se queda!" y un llamamiento a los vecinos a la movilización para impedir una nueva expulsión del barrio, según el colectivo de inquilinas.

Este era el tercer intento de desalojo contra Rahman y su familia, que residen en la vivienda de la calle Amparo, 81 desde hace más de diez años. El Sindicato de Inquilinas de Madrid auspició la movilización popular que logró paralizar los dos intentos anteriores.

Rahman ha pagado su renta puntualmente durante una década sin saber que su casero incumplía el pago de la hipoteca, algo de lo que no le avisó. Ahora, el vecino se enfrenta al desalojo debido al embargo de la vivienda por parte de La Caixa.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid expone que La Caixa, una entidad con una alta penetración en España, ha destacado en los últimos tiempos por su apuesta por la inversión inmobiliaria y por su responsabilidad "en procesos de especulación que vulneran el derecho a la vivienda".

La situación ha motivado diversas acciones de desobediencia civil coordinadas junto al Sindicat de Llogateres de Catalunya, como la huelga de alquileres que mantienen desde hace siete meses 68 inquilinas en Cataluña para protestar contra la venta de 35 bloques de alquiler social a entidades privadas.