Foessa denuncia el "agujero negro" energético de Madrid: el 94 % de la electricidad que consume procede de otras autonomías

El abastecimiento eléctrico se ha convertido en una de las piedras angulares de la política madrileña, ante las reiteradas demandas del ejecutivo autonómico para que el Gobierno asegure el suministro para garantizar inversiones económicas, ya que la capacidad de la red eléctrica madrileña está saturada en un 82 %. De hecho, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a alinearse esta última semana con su correligionaria extremeña, María Guardiola, para intentar evitar el cierre previsto de la central nuclear de Almaraz, haciendo fuerza juntas durante la próxima campaña electoral en Extremadura. Ya en febrero pasado ambas visitaron las instalaciones y Ayuso alertaba de que la suspensión de actividad en Almaraz "pone en riesgo el suministro en zonas de alta demanda como la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que genera el 15% de la energía" que consume la región. 

Y es que aquella comunidad exporta el 70 % de la energía que produce y su principal destinaria es Madrid, según recoge el "IX Informe sobre desarrollo y exclusión en España" recién presentado por la Fundación Foessa. Así, el 94% de la electricidad consumida en la Comunidad de Madrid procedía al inicio de esta década de otras comunidades autónomas. En el caso de otra región "económicamente central" como el País Vasco, esa proporción era del 52%. Cataluña también presentaba déficit, "aunque más reducido, si bien mantiene un grave desequilibrio sobre todo en Barcelona, parcialmente compensado durante años por las centrales nucleares de Ascó y Vandellós en Tarragona, y con la importación de electricidad generada en Aragón".

Excedente periférico

El documento alerta de que "son las regiones económicamente periféricas (Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura) las que ofrecen un excedente notable de generación eléctrica (tanto de hidroelectricidad, centrales térmicas o solar y eólica) respecto de su consumo, siendo vertida a la red en beneficio del resto de regiones". Por ejemplo, a comienzos de esta década, más del 70 % de la electricidad generada en Extremadura se exportaba a otras regiones (sobre todo a Madrid), pero lo mismo en el caso de Castilla-La Mancha (48 %) o Castilla y León (44 %) con idéntico destino madrileño, o Aragón (44 % con destino principal a Cataluña) y Galicia (28 %).

Esto explica que, al cruzar los puntos de territorio según la generación de electricidad con el consumo de esta, aparezcan lo que Foessa denomina "agujeros negros" de Madrid y Barcelona, "haciendo que el resto del territorio se configure para abastecerlos". De hecho, la necesidad de Madrid de contar con más suministro de energía eléctrica para afrontar tanto sus desarrollos urbanísticos como para proyectos industriales -sobre todo centros de datos- ha llevado al Gobierno a preparar un plan para desviar electricidad generada por fuentes renovables desde Andalucía y Castilla-La Mancha, tal como informó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Asimetría

El informe destaca que Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia "muestran una producción renovable que supera su propio consumo eléctrico en más del 100 %", y en el caso de Aragón, Castilla y León y Galicia la presencia renovable en su producción eléctrica total es mayor al 75 %. "La asimetría -subraya- también se produce cuando se compara la demanda eléctrica que realizan Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco (que suponen el 36%) con la generación de electricidad de origen eólico o solar diez veces menor (el 3,6 %)".

Al contrario, se observa que Castilla-La Mancha, Castilla León, Aragón y Extremadura son responsables del 55 % de la producción eléctrica estatal a partir de energía solar y eólica, aunque solo suponen el 11,2 % de la demanda eléctrica total. A juicio de Foessa, "esta asimetría es un ejemplo claro de cómo se reparten desigualmente los costes y beneficios de la generación eléctrica (renovable o no) en el territorio, pues las comunidades autónomas que sufren los costes de generación no se suelen corresponder con las que obtienen, limpio de polvo y paja, el flujo eléctrico procedente de otras regiones".

Despliegue "desordenado"

La fundación alerta del "despliegue desordenado de la iniciativa privada por el territorio amparado por la Administración". Explica que el volumen de la potencia solar y eólica de las solicitudes de acceso concedidas y de aquellas en trámite —tomando para ello como fecha a efecto de los trámites el 30 de junio de 2024— supera ya los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030 en un 28 % para el caso de la eólica, y en un 91 % en el caso de la fotovoltaica. "El problema -subraya- es que el impacto territorial asociado a estos megaproyectos renovables es notable".

Cita a tal efecto un estudio de Alberto Matarán y sus colaboradores: "Las regiones del sur, centro y norte destacan por albergar una gran parte de las plantas fotovoltaicas, con una ocupación del suelo provincial de hasta 4.000 hectáreas en el caso de Cáceres, provincia que acoge la planta fotovoltaica más grande de Europa, la planta solar Francisco Pizarro, con 1.300 hectáreas de superficie ubicada entre los municipios cacereños de Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera".

Por su parte, "los parques eólicos se concentran principalmente en el norte y centro del país, con una ocupación del territorio de entre aproximadamente 3.000 y más de 9.000 hectáreas en cada provincia". También destacan por la "intensidad de ocupación" las provincias de Zaragoza, Huesca y Albacete. Extremadura es así el territorio que más solar fotovoltaica tiene instalada, mientras que Castilla y León y Galicia, son las que más tienen en el caso de la energía eólica.

Distribución regional

Foessa concluye que se ha desarrollado "un metabolismo económico a escala regional que permite ver hasta qué punto las dinámicas físicas influyen y sirven para explicar ciertas pautas de desarrollo económico regional y de división espacial del trabajo en el seno de la economía española".

Esa división permite identificar, "con zonas intermedias y difusas, ciertas regiones periféricas especializadas en la extracción de recursos (y vertido de residuos) como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Aragón y otras regiones centrales especializadas en el consumo y acumulación, muy dependientes, a su vez, de las primeras, y donde se colocan, básicamente, Madrid, Cataluña y el litoral mediterráneo".