Ayuso crea una dirección general específica para favorecer el acceso a ayudas a la vivienda

Es, ha señalado hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "uno de los grandes desafíos" que afronta no solo la región, sino el país y la mayoría de grandes capitales europeas. La vivienda en una comunidad autónoma que ha rebasado los siete millones de habitantes y se encamina hacia los ocho millones antes de 2040 y en la que los precios suben en el entorno del 15% anual es uno de los principales asuntos a abordar.

La presidenta madrileña ha presentado hoy las 15 medidas del Plan de Choque para 2026-2027 que anunció en el pasado Debate del Estado de la Región y que el equipo de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras viene desgranando desde entonces. Un plan que pasa sobre todo por agilizar trámites burocráticos, favorecer la construcción y ampliar los beneficiarios de los programas de ayuda.

La mayoría de esas medidas ya se habían adelantado en las últimas semanas. Ayuso sí ha anunciado hoy, en cambio, una novedad, la creación de una nueva Dirección General de Ayudas y Acceso a la Vivienda para "reforzar", ha dicho, "la tramitación de ayudas y la participación en los programas públicos de vivienda. El órgano, apuntan fuentes regionales, nace con el objetivo de "acercar la administración autonómica a las personas, agilizar trámites y ofrecer un acompañamiento más directo y eficaz a las personas que participan en los programas públicos de vivienda, así como en la tramitación de ayudas".

Ayuso ha celebrado el éxito de su anterior plan de vivienda, lanzado hace año y medio, del que ha asegurado, se ha cumplido el 90%, y lo ha contrapuesto al del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Nos hemos atrevido a hacer justo lo contrario de lo que se promovía desde el Gobierno central, que es garantizar más libertad, más intervención, brindar más seguridad política y ofrecer más oferta de vivienda en lugar de limitarla", ha señalado.

Entre las medidas del Plan de Choque para los próximos dos años está la reforma de la Ley del Suelo, que ha avanzado hoy Ayuso, tendrá nuevo nombre: Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER). Entre los principios que contemplará está la aceleración de trámites para modificar los Planes Generales de Ordenación Urbana de cada municipio, la mayoría pendientes de actualización y cuya elaboración y aprobación bajo la legislación actual se viene a prorrogar entre 10 y 12 años. La meta del Gobierno regional es que la nueva ley reduzca a entre cuatro y seis años este periodo.

"Más suelo, más vivienda, más agilidad burocrática y, por tanto, más oportunidades" es como ha resumido la presidenta madrileña la fórmula que se persigue. A ello va encaminado, de hecho, una de las principales iniciativas. Se trata de la modificación legal que permitirá incrementar en un 10% la edificabilidad (el número de metros construidos) y en un 20% la densidad (el número de viviendas por terreno edificable) en las parcelas destinadas a vivienda protegida sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico.

3.679 viviendas protegidas en suelo de oficinas

Asimismo, se habilitará la construcción de vivienda protegida en suelos dotacionales de titularidad privada y se extenderá el cambio de uso de suelo para la construcción de vivienda protegida de parcelas destinadas a edificar alojamientos hoteleros, una medida que ya se había autorizado en el anterior plan de choque de 2024 para el suelo originalmente destinado a oficinas. Según ha señalado la presidenta regional, desde su aplicación se han solicitado 3.679 licencias acogiéndose a este cambio de uso del suelo, lo que supone un 28,57% del total de calificaciones de vivienda protegida en 2024 en la Comunidad de Madrid. De los 179 municipios de la región, 170 han aplicado la normativa. La Comunidad ha identificado 2.514 parcelas susceptibles de cambio de uso, con un potencial total de viviendas por encima de las 54.000.

De manera complementaria, se pondrán en marcha un Plan Territorial de Vivienda para identificar bolsas de suelo que puedan alojar futuros desarrollos urbanísticos y una aceleradora urbanística, anunciada ya en marzo, para agilizar la tramitación de aquellos proyectos que se consideren prioritarios.

Ayuso también ha apuntado a un aumento hasta 14.000 de los pisos ofrecidos en el Plan Vive, fórmula de colaboración público privada para ofertar pisos de nueva construcción en régimen de alquiler asequible. Hasta 5.500 de ellos, 1.000 más que antes, se reservan para menores de 35 años en lo que se conoce como Plan Vive Solución Joven. Adicionalmente, al Plan Vive, se aumenta también el parque de vivienda social para familias en situación de vulnerabilidad. En total, la Agencia Social de la Vivienda prevé incorporar a su parque 500 pisos más de lo sprevistos para alcanzar un total de 2.100 en la legislatura. Actualmente posee 24.924 viviendas.

Desde el Ejecutivo madrileño se calcula que con la suma de todas estas medidas se pueden llegar a construir en el próximo bienio hasta 15.000 viviendas con algún tipo de protección adicionales a las 140.000 ya previstas.

Ayudas a la compra de primera vivienda hasta los 50 años

Por otra parte, la estrategia busca incorporar al mercado de alquiler viviendas ya construidas. Para ello, se otorgará un sello de calidad a las viviendas que se adhieran al Plan Alquila, incentivo que se suma a los ya existentes de ofrecer seguros gratuitos de hogar el primer año y de impago durante los tres primeros años. Por otra parte, se pondrá en marcha el llamado Plan Comparte Intergeneracional para facilitar que personas mayores puedan compartir su vivienda con inquilinos jóvenes, una medida que además de dar a estos una solución habitacional busca combatir lo que Ayuso ha llamado "la pandemia silenciosa de la soledad".

Asimismo, se amplía en una doble dirección el programa Mi Primera Vivienda, una línea de avales dotada con 25 millones de euros para facilitar el acceso a una hipoteca. Hasta ahora se limitaba a menores de 40 años, pero se extiende hasta los 50 años. Por otra parte, estaba restringido a la compra de vivienda de segunda mano. El Plan de Choque contempla extenderlo también a la vivienda nueva. Hasta 5.000 familias se han beneficiado ya de esta medida.

Finalmente, se desarrollará el Consorcio Puerta de Madrid en Leganés. Una iniciativa para la urbanización de un terreno de un millón de metros cuadrados y la construcción de unas 4.300 viviendas en el norte de la localidad que, no obstante, no se hará realidad hasta dentro de seis u ocho años, según declaró recientemente el alcalde de Leganés, el popular Miguel Ángel Recuenco.