El Gobierno de Ayuso pide dejar a la justicia "hacer su trabajo", tras el inicio del juicio al fiscal general del Estado

Escueta reacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante el inicio del juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La presidenta regional, sin ningún acto público en la agenda de hoy, no se ha pronunciado tampoco en redes sociales, algo que sí ha hecho, por ejemplo, tras la dimisión de Carlos Mazón.

Sí lo ha hecho, en cambio, el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. "Dejemos ahora que la justicia haga su trabajo", ha señalado al término de un acto en el que presentaba la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Madrid para atención a personas con adicciones inmersas en procesos judiciales. "Y la verdad es que tiene mucho trabajo por delante", ha añadido a continuación.

Con ello se ha dado pie a sí mismo para recordar que aparte del inicio del juicio por revelación de secretos a García Ortiz, se ha conocido que han sido procesados el exministro y ex secretario de Organización del PSOE Jose Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por cuatro delitos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia, entre ellos pertenencia a organización criminal. "Me pregunto a qué tipo de organización criminal pertenecían", ha indicado García Martín.

"Es el momento de que la justicia actúe y de que el Partido Socialista y el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, colaboren con la justicia", ha concluido.

El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comenzado hoy en el Tribunal Supremo. En el proceso se intenta dilucidar si tuvo algún papel en la filtración de un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, en el que se reconocía el fraude fiscal por el que se juzga al empresario y ofrecía un acuerdo. Previamente, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, había difundido que era la fiscalía la que había ofrecido el pacto pero se había retirado "por órdenes de arriba", hechos a los que, luego ha reconocido, llegó "por deducción".

El proceso en el Tribunal Supremo es el primero que se sigue en España contra un fiscal general del Estado.