MEMORIA DEMOCRÁTICA
El delegado del Gobierno amenaza con los tribunales si el Gobierno de Ayuso se niega a colocar la placa de memoria en Sol
La institución recurrirá a la justicia si finalmente la Comunidad se niega a colocar el distintivo

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, durante el desayuno informativo de este lunes. / Delegación del Gobierno en Madrid

En lo que supone un paso más en el ya largo pulso con las dos principales administraciones madrileñas, el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, ha avanzado su intención de acudir a los tribunales si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pone "problemas" para colocar la placa en la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, tras su declaración como Lugar de Memoria Democrática.
Lo ha dicho durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que ha reprochado a Ayuso su "cierta afición a incumplir las leyes" y declararse "insumisa manifiesta y orgullosa de ello". Una desobediencia que, según Martín, supone un "pésimo ejemplo para la ciudadanía a la que tanto le exigimos".
El Gobierno central declaró oficialmente el pasado 25 de octubre como Lugar de Memoria Democrática la que fuera sede de la extinta Dirección General de Seguridad franquista. Desde un primer momento este reconocimiento ha desatado una refriega política y judicial entre Delegación y Comunidad, habiendo esta última recurrido la declaración y expresado su negativa a poner la placa identificativa.
El delegado ha defendido esta mañana que dicha colocación la "mandata la ley". Previamente, Martín ha declarado que "solo puede temer a la memoria quien tiene algo que ocultar" y que es "legítimo" sentir "vergüenza por muchas cosas que sucedieron en España", pero que "lo valiente es asumirlo y hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder".
Desde el Gobierno regional se replica al delegado que es la propia Comunidad de Madrid la que ha acudido a los tribunales, informa Víctor Rodríguez. El pasado 24 de octubre, dos días después de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado la declaración del edificio como Lugar de Memoria Democrática, los servicios jurídicos madrileños sustanciaban un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional.
"El expediente está caducado, toda vez que pasó más de un año desde su incoación hasta que lo resolvieron", ha indicado hoy el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, quien también ha insistido en que la Real Academia de la Historia emitió un informe, solicitado por el Gobierno e incorporado al propio expediente en el que si hubiera que vincular la Real Casa de Correos con algún periodo de la historia "sería, ante todo, con el periodo de la Ilustración". El mismo dictamen reconocía, no obstante, "comprender bien las razones aducidas para declarar Lugar de Memoria Democrática la 'Extinta Dirección de Seguridad franquista'".
Destacamentos penales de la línea ferroviaria Madrid-Burgos
Ahondando en la cuestión, Martín ha anunciado que Moncloa declarará próximamente como Lugares de Memoria Democrática los 11 destacamentos penales donde presos políticos del franquismo trabajaron en la construcción de la línea ferroviaria Madrid-Burgos, que se sumarán los nombramientos de la Casa del Reloj, a la antigua Cárcel de Carabanchel y la tapia de fusilamiento del cementerio de La Almudena.
El ferrocarril directo Madrid-Burgos fue un proyecto estatal iniciado en 1926 y concluido en 1968. Tras el final de la Guerra Civil, en 1939, el Ministerio de Obras Públicas del régimen franquista reanudó su construcción utilizando mano de obra de presos republicanos, dentro del sistema de redención de penas por el trabajo gestionado por el Patronato de la Merced, que ofrecía la posibilidad de reducir las condenas a cambio de trabajos forzados.
Entre 1941 y 1955, unos 6.000 prisioneros participaron en las tareas más duras y peligrosas, como la extracción de piedra y la excavación de túneles. El Gobierno pretende preservar la memoria de aquella historia, todavía visible en los vestigios de los antiguos destacamentos penitenciarios. Además, el Ejecutivo financiará la identificación de los restos de 108 víctimas exhumadas en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo, correspondientes a personas condenadas a muerte en 1939 por el tribunal militar de ese municipio madrileño.
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