Sanidad, universidades y dependencia: Ayuso refuerza en los Presupuestos de 2026 los flancos por los que le ataca la oposición

Jueves tras jueves en la Asamblea de Madrid, PSOE y Más Madrid tratan de golpear a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con tres temas: sanidad, educación y dependencia. Vox juega a otra cosa e insiste semana sí semana, semana también, una pregunta y la siguiente, en vincular inseguridad con migración y en apuntar al bipartidismo como origen de todo mal. Pero Mar Espinar y Manuela Bergerot, portavoces de las dos formaciones de izquierda representadas en la cámara de Entrevías, y el resto de diputados de ambos grupos en las preguntas e iniciativas que plantean vuelven a menudo sobre estas cuestiones.

Son asuntos, además, con derivadas que intentan explotar. Hablar de sanidad permite a los rivales políticos de Ayuso hablar de los contratos de la administración con el grupo Quirón y terminar llevando el discurso a los negocios de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña y a punto de sentarse en el banquillo acusado de fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal e investigado también por corrupción en los negocios y administración desleal y que tenía en el grupo sanitario a su principal cliente. Entrar en la educación sirve para agitar el debate de la infrafinanciación acumulada que denuncia la comunidad universitaria. Abordar la dependencia abre la puerta a hablar de residencias y esgrimir la cifra de 7.291, el número de mayores que, insisten, murieron en ellas sin ser trasladadas a hospitales en la primera ola del covid, una de las más alargadas sombras que aún se cierne, más de cinco años después, sobre la gestión de la presidenta madrileña.

Sanidad, universidades y dependencia son también las partidas que más reforzadas salen en el proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2026 de la Comunidad de Madrid que ayer aprobó el Consejo de Gobierno y hoy entrega la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en la Asamblea para iniciar su tramitación. Las consejerías de Sanidad, Educación y Familia, Juventud y Asuntos Sociales son, por ese orden, las que en mayor cantidad verán aumentadas sus cuentas el año próximo, más de 1.019 millones de euros entre las tres.

Encabeza esa lista la Consejería de Sanidad, con 549,8 millones de euros más que el año pasado, un 5,3% más, para llegar a superar los 11.000 millones en total. Casi el 36% de los 30.663 millones del presupuesto regional para 2026 lo absorbe el departamento que dirige Fátima Matute, que se lleva uno de cada tres euros y medio de los 2.000 millones que han crecido las cuentas respecto al año pasado.

De esos 11.000 millones de euros, un total de 2.896 millones se destinarán a la atención primaria, 300 millones de euros más que en la misma partida de 2025. El incremento es algo menor, unos 267,5 millones de euros, para la atención hospitalaria, que, no obstante, sigue concentrando el grueso del gasto, con 7.228,4 millones de euros. Además, se prevén inversiones de campanillas en actuaciones como las primeras obras de la futura Ciudad de la salud en el Hospital Universitario de La Paz o la apertura de la primera residencia exclusiva para pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) del mundo en el antiguo Hospital Puerta de Hierro.

La Consejería de Educación es la segunda cuyo presupuesto más crece. Son 259,4 millones de euros más los que recibe este año para acercarse los 7.000 millones. Pero el apunte sobre el que está puesta la lupa es el de la financiación de las seis universidades públicas madrileñas. En total, Complutense, Autónoma, Alcalá de Henares, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos se repartirán en 2026 unos 75 millones de euros más, hasta los 1.239,7 millones de euros, un 4% de todo el presupuesto regional.

Desde Sol se hace hincapié en lo sustancial del aumento, pero la cantidad difícilmente acallará el debate. Los 75 millones adicionales distan de los 200 millones de euros que los rectores, que denuncian una infrafinanciación acumulada desde 2008, han señalado en alguna ocasión como necesaria. Ayer mismo el Consejo de Gobierno aprobó conceder a la Complutense el préstamo de 34,5 millones de euros que había solicitado y recientemente ha trascendido que la Universidad Rey Juan Carlos también se encuentra en una complicada situación financiera, adoptando importantes medidas de ajuste y en contacto con la consejería, aunque, de momento, no se habla de rescate.

Los 1.239,7 millones de euros, por otra parte, quedan lejos del 1% del PIB que establece como objetivo de financiación conjunta entre Estado, comunidad autónoma y autofinanciación de las propias universidades la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Para alcanzar ese porcentaje en la Comunidad de Madrid el conjunto de la financiación universitaria debería superar los 3.000 millones de euros anuales, una cifra considerada por el Gobierno regional "irreal y arbitraria". Esta misma semana, el consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana, ha enviado una carta a la ministra Diana Morant en la que traslada su negativa a participar en la comisión de trabajo creada para estudiar cómo conseguir ese objetivo, que, asegura, no aporta información real de las "necesidades efectivas" de cada centro.

Familia, Juventud y Asuntos Sociales es la tercera consejería que más incrementado ve su presupuesto este año, con 209,9 millones de euros más hasta sumar 2.904 millones de euros. La inversión en atención a mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia, remarcan desde el departamento que dirige Ana Dávila, se acercará por primera vez a los 2.000 millones de euros, un 10% más que en 2025.

Las cuentas recogen también un incremento del 14%, hasta los 86 millones de euros en acogimiento residencial de menores, en pleno enfrentamiento del Ejecutivo regional con el Gobierno central por la atención a menores migrantes no acompañados trasladados desde las comunidades y ciudades autónomas declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, esto es, Canarias, Ceuta y Melilla.

"Cuando hablamos de menores no distinguimos entre menores no acompañados, son todos menores", terciaba ayer Albert preguntada al respecto. "Tenemos la obligación por mandato legal de darles acogimiento. Ese acogimiento puede ser en residencia o puede ser en familia y nosotros queremos transitar a un acogimiento en familia". La semana pasada, de hecho, el Consejo de Gobierno aprobaba un aumento de un 40% de media de las ayudas para familias que acojan a menores tutelados, a partir de 500 euros mensuales.