Maricarmen gana la primera batalla, pero su lucha sigue: "Aquí me quedo y aquí moriré"

La de ayer, cuando el juzgado a cargo del caso comunicó el aplazamiento del desahucio previsto para este miércoles, fue una primera victoria pírrica. Pero Maricarmen aspira a ganar por completo en su lucha por quedarse en la casa de Alcalde Sainz de Baranda donde lleva viviendo desde hace 70 años. "Gracias a Dios se ha parado, no de la forma que queríamos, pero bueno, de momento me da un poco de tranquilidad", ha declarado en la rueda de prensa ofrecida esta mañana frente a la vivienda junto a su abogada, Beatriz Duro, y la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu.

La mujer, de 87 años y con un 50% de minusvalía, lleva viviendo allí casi siete décadas, desde que en 1956 su familia firmó un contrato de renta antigua. Tras adquirir el inmueble en 2020, el fondo de inversión Urbagestión intentó subirle el alquile a 2.650 euros, impagables con su pensión de 1.450. Por el momento, la justicia ha suspendido temporalmente la ejecución del alzamiento para dar tiempo a Maricarmen para que presente la documentación que acredite su situación de vulnerabilidad.

Pese al aplazamiento, el juzgado mantiene su decisión de seguir adelante con el desahucio. Según ha explicado la abogada, los magistrados han rechazado aplicar la moratoria de desahucios aprobada por el Gobierno central en 2020 a raíz del covid ya que el contrato de renta antigua de la afectada es anterior a la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos); así como que los gastos de vivienda de Maricarmen no superan el 35% de sus ingresos, ni estos se han visto mermados por culpa de la pandemia. "Es decir, que tienes que ser pobre, pero no desde hace mucho", ha resumido irónicamente Duro.

Según la defensora, los gastos de alquiler y suministros de Maricarmen "superan con creces" la frontera del 35%, por lo que no tendrán "mayor problema" para acreditarlo. Más complejo será que el juzgado acepte suspender definitivamente el desahucio a la vista de la normativa vigente. Una situación que, ha reivindicado Duro, pone de manifiesto la necesidad "legislar a favor y proteger de verdad el derecho a la vivienda", en vez de aplicar "parches" para "paliar temporalmente" situaciones de vulnerabilidad como las de esta vecina octogenaria.

"Ahora mi lucha vuelve a empezar", ha asegurado Maricarmen, que en medio de tanta incertidumbre, tiene clara una única cosa: "Me quedo en mi casa, no me voy". Ni la presión de la empresa ni el cansancio propio de la edad logarán que deje atrás su "vida" y su "memoria". Su férrea intención es resistir y morir en la casa en la que vio irse a sus padres. "Lo que sí os pido", ha lanzado a la concurrencia tras agredecer su presencia y su apoyo, es que "salgáis a luchar, que luchéis por vuestros derechos, por vuestra casa, que nadie os la pise porque es un derecho que tenemos".

Un mensaje compartido por la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, para quien el caso de Maricarmen es un "síntoma" del problema estructural de la vivienda en la región y el resto del país. "Vivimos en un lugar donde se premia mucho más la especulación de unos pocos que el derecho a la vida y el derecho a la vivienda", ha denunciado Valeria Racu megáfono en mano. Frente a este "modelo de ciudad", ha insistido, "nuestra estrategia es muy clara, es resistir en nuestras casas".

La historia de Maricarmen

Maricarmen llegó a su casa del número 46 de Sainz de Baranda, en el madrileño barrio de Ibiza, cuando tenía 17 años. "En 2020, Urbagestión compró mi vivienda y ahora me exigen un alquiler de 2.650 euros que, lógicamente, con mi pensión de 1.450 euros no puedo pagar", contaba la mujer en un vídeo publicado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. "Pero me niego a irme de mi casa, voy a luchar por ella", asegura antes de conocer el aplazamiento.

Allí se despidió de su padre en 1960 y de su madre en 2005. Cuando él falleció, su madre quien se subrogó al contrato de alquiler, y tras morir ella, llegó el turno de Maricarmen, siendo aceptadas por los propietarios las mismas condiciones del contrato, según el Sindicato. Algo que, explican, cambió en 2018, cuando el edificio fue vendido a un fondo de inversión y, en 2020, a Urbagestión —la actual propietaria—, que entonces inició un proceso judicial para desalojarla.

"Llevo aquí toda mi vida, desde que tenia 17 años. Es la casa donde he crecido. Hay muchísimas personas que están en mi misma situación. No podemos permitir que los especuladores nos echen de nuestras casas para hacerse más ricos. No es justo y no debería ser legal", aseguraba la mujer en el vídeo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Por ahora, lo ha logrado.