La comisión de seguimiento del Plan de Cercanías de Madrid no se reúne desde que Puente es ministro

El pasado 24 de octubre de 2023, el entonces secretario de Estado de Transportes, David Lucas, y el consejero del ramo de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, se reunían en la comisión de seguimiento del Plan de Cercanías de Madrid, un mecanismo en el que se iba dando cuenta de los avances en el conjunto de medidas adoptadas por el Ministerio de Transportes para el periodo 2018-2025 con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los trenes en el sistema de transporte público de la región. Inicialmente dotado con 5.000 millones de euros, el plan ha tenido sucesivas ampliaciones hasta superar los 7.100 millones de euros.

Las actuaciones que contempla, tanto en la propia infraestructura ferroviaria como para la compra de nuevos trenes y mejora de los existentes, intervenciones en las estaciones o mejora de servicios, se han seguido ejecutando a través de Adif y de Renfe. Pero la comisión de seguimiento no ha vuelto a reunirse desde aquel encuentro de octubre de 2023, cuando todavía era ministra Raquel Sánchez. Aún quedaba un mes para que Óscar Puente se hiciera cargo de la cartera.

Desde la Comunidad de Madrid se asegura que desde entonces se ha pedido la reunión de la comisión en diversas ocasiones, entre ellas, tres veces al menos, por carta remitida al ministro. En diciembre de 2023 lo solicitaron después de los descarrilamientos de tres trenes en Atocha en menos dos semanas. Lo volvieron a hacer en mayo de 2024 "ante las persistentes incidencias en la red" y de nuevo en junio de ese año, recordando que esas reuniones debían de celebrarse cada seis meses. "Ambas administraciones han acordado convocar la Comisión de seguimiento con carácter semestral", afirmaba la nota distribuida por Moncloa tras la reunión de octubre de 2023, que daba continuidad a otro encuentro en marzo de ese año.

El Ministerio de Transportes resta importancia a estas reuniones. "Nosotros no actuamos en comisiones de seguimiento, actuamos con obras", trasladan. Y aseguran que están trabajando en solucionar problemas generados por el Gobierno del PP de Rajoy por inversiones no realizadas en la red de Cercanías madrileña.

Dentro del deterioro general de las relaciones entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, el enfrentamiento con Puente es particularmente notorio y ha vuelto a sustanciarse tras el descarrilamiento de un tren de Cercanías en San Fernando de Henares este lunes saldado con seis heridos leves . "Es la viva imagen de la gestión de Sánchez en Madrid. La vía de comunicación con el ministro es Twitter", señalaba ayer la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Puente lleva semanas publicando y reenviando mensajes de usuarios sobre las aglomeraciones en los andenes del Metro de Madrid como consecuencia del cierre por obras de todo el arco este de la Línea 6.

Choque en el Consorcio Regional de Transportes

La pugna viene de lejos. Desde el nombramiento de Puente, en noviembre de 2023, la Comunidad le ha remitido casi una quincena de cartas con reproches y reclamaciones, la última a principios de este mes. En ella exigía el pago de la aportación anual de 126,8 millones de euros que el ministerio realiza al Consorcio Regional de Transportes de Madrid y que, denunciaban desde el Gobierno regional, aún no se ha hecho efectiva. Ayer mismo el Consejo de Ministros aprobaba el real decreto en el que autoriza el pago al consorcio madrileño y a los de Barcelona, Valencia y Canarias.

La tarde de ayer dejó un nuevo capítulo en esta serie de reproches entre las dos administraciones. Los dos representantes del Ejecutivo central en el Consorcio Regional de Transportes, la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, y la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, votaban en contra de la aprobación del anteproyecto de presupuestos del ente para 2026.

Argumentan fuentes del Ministerio de Transportes que en las cuentas se realiza una previsión de 1.771,96 millones de viajes, un 0,37% menos que en 2025, y que plantean un recorte de 30 millones de euros. La votación en contra, en cualquier caso, no tendrá efectos prácticos, porque están en minoría y el anteproyecto se ha aprobado. Pero era la primera vez que lo hacían, hasta ahora solían abstenerse.