La nueva utilidad que recibirán los terrenos de la cárcel de Carabanchel: "Hace 50 años ya se hacían estas promesas y aquí no cambia nada"

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado viernes la decisión de declarar la antigua Prisión Provincial de Madrid, más popularmente conocida como Cárcel de Carabanchel, como Lugar de Memoria Democrática. Por sus celdas pasaron miles de hombres y mujeres entre 1944 y 1998, momento en el que cerró sus puertas, perseguidos por su ideología, orientación sexual, capacidad económica o actividad sindical. Fue un espacio clave durante la dictadura y, al igual que Real Casa de Correos y 'la tapia de fusilamiento de La Almudena', ha recibido este reconocimiento. Entre tanto, el Gobierno de España va a transformar los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel en 508 viviendas protegidas y un hospital que atenderá a los barrios de Carabanchel y Latina.

Desde el momento en el que se cerraron sus puertas, los vecinos y asociaciones reclamaron la reutilización de los terrenos para construir un hospital y un centro de servicios sociales. El 23 de octubre de 2008, los muros de la cárcel fueron derribados. Hasta el pasado mes de enero, el ejecutivo nacional no transfirió los terrenos a la empresa encargada. El pasado marzo, la Coordinadora Vecinal de Carabanchel se reunió con la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) para conocer sus intenciones con la parcela. La ciudadanía exige que todos los nuevos alojamientos sean de gestión pública en régimen de alquiler social, con prohibición expresa y por escrito de su posible venta a empresas lucrativas.

El proyecto, además, consiste en destinar un espacio al recuerdo de lo que ocurrió en el pasado. Implicaría la construcción de un monumento y museo sobre la cárcel y su papel en la etapa franquista. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática habría reservado un importe de 300.000 euros para el reconocimiento. Aunque a día de hoy permanecen algunos restos materiales del antiguo complejo, se llevarán a cabo tareas de limpieza y derribo de los escombros para comenzar a edificar en cuanto sea posible. Pese a que esta medida haya sido aclamada durante años por asociaciones vecinales y organizaciones, no se muestran del todo conformes con la decisión tomada.

Las dudas surgen, sobre todo, en torno a la veracidad de las palabras del Gobierno. "Tengo más de 50 años. Cuando era niño, se cerró la cárcel y ya en aquel entonces se prometió la construcción de vivienda pública en estos terrenos. Aquí seguimos varias décadas después, no cambia nada. Permítanme que dude", cuenta un vecino que pasea junto a las ruinas de la antigua cárcel. "Me huele a que esto puede ser otra cortina de humo", añade. Otra de las vecinas de Carabanchel toma una postura similar. "Todos los años se nos promete lo mismo y las soluciones no llegan", sentencia.

"Cuando lo vea lo creeré", comenta otro de los vecinos del barrio. Las promesas y la falta de toma de decisiones han generado un clima de inquietud entre los vecinos, que llevan años luchando para que el proyecto salga adelante. Ahora, están más cerca que nunca de alcanzar su cometido, casi dos décadas después de la demolición de los muros de la cárcel.

¿Qué exigen los vecinos?

Desde las plataformas vecinales se exige que el tamaño de los pisos se adjudique en función del tamaño de la unidad familiar. También reclaman que dichas viviendas dispongan de espacios comunitarios, lavandería, refugios climáticos y un huerto comunitario. Desde SEPES, se comparte esta propuesta y se cederá la explotación de estos espacios a la propia comunidad de vecinos. La tercera y última de las solicitudes recae en que los pisos deben entregarse por sorteo entre todas aquellas personas que así lo soliciten. Para ello, desde la Coordinadora Vecinal se propone que para tener acceso a alguna de las viviendas, deberán cumplirse estos requisitos:

• No disponer de ninguna vivienda en propiedad
• Que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a: familia sin hijos menores (de 25 años): dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en cómputo anual. Por cada hijo menor de 25 años se sumaría 0,5 SMI al tope establecido. El tope máximo sería de tres veces el SMI.