Maricarmen se queda, de momento: la justicia aplaza el desahucio de la vecina de 87 años que lleva siete décadas viviendo en el barrio de Retiro

Maricarmen, se queda, al menos de momento. La justicia ha aplazado la ejecución la orden de desahucio de su piso en la calle Alcalde Sainz de Baranda, prevista para este miércoles, a la espera de que presente nueva documentación sobre su situación de vulnerabilidad. La mujer, de 87 años y con un 50% de minusvalía, lleva viviendo allí casi siete décadas, desde que en 1956 su familia firmó un contrato de renta antigua. En 2020, tal y como ella mismo contó, "Urbagestión compró mi vivienda y ahora me exigen un alquiler de 2.650 euros que, lógicamente, con mi pensión de 1.450 euros no puedo pagar".

Entonces se inició un proceso judicial que parecía que acabaría con su salida del domicilio este miércoles, cuando estaba previsto el desalojo. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid había convocado ese mismo una movilización para parar el desahucio, pero finalmente no será necesaria. La mujer presentó varios informes y documentación para tratar de probar su situación de vulnerabilidad, dado que es una persona con un 50% de minusvalía. De esta manera, ahora la justicia le da un nuevo plazo de tiempo para que presente nueva documentación que avale su causa.

Desde el Ayuntamiento de Madrid han trasladado que tuvieron conocimiento del caso "a través del juzgado" y que "los servicios sociales municipales la han atendido e informado sobre diferentes recursos de alojamiento que podrían ponerse a su disposición". También aseguran que, "por el momento, ha rechazado todas las alternativas propuestas" y que también "se le ha facilitado la asistencia de un educador social a través del programa de mayores en riesgo y también ha rechazado este apoyo, manifestando que se siente arropada por su entorno".

La historia de Maricarmen

Maricarmen llegó a su casa del número 46 de Sainz de Baranda, en el madrileño barrio de Ibiza, cuando tenía 17 años. "En 2020, Urbagestión compró mi vivienda y ahora me exigen un alquiler de 2.650 euros que, lógicamente, con mi pensión de 1.450 euros no puedo pagar", contaba la mujer en un vídeo publicado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. "Pero me niego a irme de mi casa, voy a luchar por ella", asegura antes de conocer el aplazamiento.

Allí se despidió de su padre en 1960 y de su madre en 2005. Cuando él falleció, su madre quien se subrogó al contrato de alquiler, y tras morir ella, llegó el turno de Maricarmen, siendo aceptadas por los propietarios las mismas condiciones del contrato, según el Sindicato. Algo que, explican, cambió en 2018, cuando el edificio fue vendido a un fondo de inversión y, en 2020, a Urbagestión —la actual propietaria—, que entonces inició un proceso judicial para desalojarla.

"Llevo aquí toda mi vida, desde que tenia 17 años. Es la casa donde he crecido. Hay muchísimas personas que están en mi misma situación. No podemos permitir que los especuladores nos echen de nuestras casas para hacerse más ricos. No es justo y no debería ser legal", aseguraba la mujer en el vídeo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Por ahora, lo ha logrado.