Los abogados madrileños alertan sobre los riesgos de atribuir a la Fiscalía la instrucción penal y limitar la acción popular

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha manifestado su preocupación ante la propuesta del Gobierno central de atribuir al Ministerio Fiscal la instrucción penal y limitar de forma sustancial el ejercicio de la acción popular.

Al respecto, la institución subraya la necesidad de abordar cualquier reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) desde el respeto al equilibrio institucional, las garantías procesales y el diálogo con los operadores jurídicos.

Ante una eventual modificación del modelo de investigación penal que traslade la instrucción al Ministerio Fiscal, el ICAM alerta de que esta medida solo puede contemplarse si se adoptan previamente una serie de garantías imprescindibles para preservar la imparcialidad del sistema.

Por ejemplo, señala el Colegio, "incluyendo una asignación de medios suficiente que garantice que el traspaso de funciones no suponga un incremento de la demora en los procedimientos y se profundicen los retrasos estructurales de la Justicia".

Entre esas garantías, el ICAM destaca la necesidad de asegurar la autonomía real y funcional del Ministerio Fiscal respecto del Poder Ejecutivo, establecer un régimen claro de responsabilidad disciplinaria, civil y penal para los fiscales, y garantizar un control judicial efectivo sobre todas las diligencias que afecten derechos fundamentales.

Asimismo, reclama mantener el equilibrio procesal entre acusación y defensa, advirtiendo de que el doble papel del Ministerio Fiscal -como instructor y como acusador- puede "mermar las garantías de defensa del imputado" y "erosionar la confianza ciudadana en la independencia del sistema penal".

Preocupación por la limitación de la acción popular

El ICAM también muestra su rechazo a la propuesta de limitar la acción popular únicamente a las personas físicas directamente perjudicadas por los hechos investigados. A juicio del Colegio, esta medida "vacía de contenido un instrumento constitucional de participación ciudadana en la Justicia", reconocido en el artículo 125 de la Constitución Española.

La institución advierte de que esta restricción supondría "un retroceso en participación democrática" y "desactivaría una herramienta histórica de control ciudadano sobre los poderes públicos". Además, alerta sobre la inseguridad jurídica que podría derivarse de su posible aplicación retroactiva y lamenta que la iniciativa se haya impulsado "sin el necesario debate público y técnico".

Ante esta situación, la Junta de Gobierno del ICAM hace un llamamiento a los grupos políticos para que reconsideren durante la tramitación parlamentaria el contenido de las reformas aprobadas por el Consejo de Ministros.

El Colegio pide un debate "amplio, transparente y plural", recordando que los cambios que afectan a los pilares fundamentales del sistema penal "no pueden abordarse con urgencia ni por motivaciones coyunturales".