Un menor del centro de Hortaleza escapa de la policía tras agredir a varios trabajadores

El centro de primera acogida de Hortaleza- en el ojo de la polémica desde que en septiembre uno de sus integrantes violase a una chica de 14 años y, en respuesta, unos encapuchados asaltaran las instalaciones- vivió este domingo por la mañana un nuevo episodio violento. Un menor escapó cuando la policía intentaba detenerle tras haber protagonizado un altercado junto con otros dos internos.

Según las primeras informaciones publicadas este lunes, los tres menores habían intentado fugarse tras prohibírseles la salida por incidentes previos. Sin embargo, fuentes de la Comunidad de Madrid aclaran que no existía tal prohibición ya que "no se trata de un centro de régimen cerrado". De acuerdo con las mismas, lo sucedido es que los trabajadores del centro se vieron obligados a llamar a la policía a raíz de un altercado violento provocado por los tres menores.

Estos habrían agredido, con golpes y mordiscos, a dos vigilantes y a una educadora de las instalaciones. A su llegada, los agentes detuvieron a dos de los implicados, mientras que el tercero logró escapar y continúa siendo buscado. El mayor fue detenido y trasladado al Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, según fuentes policiales, mientras que el más pequeño quedó exento de responsabilidad penal debido a su corta edad.

Reagrupación familiar de los perfiles conflictivos

Esta misma mañana, la consejera de Juventad y Familia, Ana Dávila, ha enviado una nueva carta al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, para exigir que se agilicen los 58 expedientes de reagrupación familiar de menores migrantes conflictivos que permanecen “paralizados desde hace más de seis meses”. Dávila critica que el Gobierno “no haya iniciado ningún expediente de oficio” y mantenga “inactivos expedientes plenamente fundamentados por informes técnicos”, pese a que la Comunidad ha atendido “más de 11.000 menores extranjeros no acompañados desde 2018, 1.532 solo en lo que va de año”.

La consejera reprocha a la Delegación del Gobierno que su “única actuación conocida se limitó a un requerimiento impertinente” y que desde entonces no se haya producido “ninguna actuación efectiva” para avanzar en los casos. En su escrito, advierte de que los menores acogidos presentan “conductas más disruptivas y serias dificultades de adaptación” y reclama al Ejecutivo que asuma sus competencias para tramitar las reagrupaciones y reforzar la seguridad en los centros. “Si la inacción persiste y llegaran a producirse incidentes graves, la responsabilidad recaerá, sin duda, en la Administración competente por haber desatendido sus obligaciones”, advierte la consejera, que insta al Gobierno a actuar “con la diligencia que la ley y la situación exigen”.

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