Del reparto de menores a la quita de deuda: la pugna por la Real Casa de Correos amplía el frente judicial de Ayuso contra Sánchez

La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles de la declaración de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática ha avivado un conflicto vivo, uno de los de carácter más simbólico y a la vez de los más encendidos, entre los gobiernos central y regional. También uno de los que más trabajo están dando a los servicios jurídicos de ambas administraciones.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, anunciaba apenas horas después de que se publicara el acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que declara "la extinta Dirección General de Seguridad franquista que tuvo su sede en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol" como Lugar de Memoria Democrática que Madrid presentará un recurso contencioso administrativo contra la decisión ante la Audiencia Nacional. Entre los argumentos que esgrimirán, la caducidad del expediente de declaración.

El expediente, con un plazo de resolución de un año, se incoó el 16 de octubre de 2024, lo que lo dejaría la declaración, con fecha del 20 de octubre y publicada en el BOE hoy, fuera de plazo. Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se argumenta, en cambio, que la fecha a considerar es el 24 de octubre de 2024, que es cuando la incoación se publicó en el BOE.

Disquisiciones legales aparte, el recurso ante la Audiencia Nacional supone una nueva actuación ante los tribunales de la Comunidad de Madrid contra medidas del Gobierno central. La propia Real Casa de Correos y el intento de declararla Lugar de Memoria Democrática es ya objeto de un recurso del Gobierno regional ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo de Ayuso planteó un conflicto de competencias tras el inicio del procedimiento que el órgano de garantías admitió a trámite en marzo de este año.

Alegaba el Gobierno regional que la declaración de Lugar de Memoria Democrática en relación con los bienes inmuebles de los que es titular le corresponde a la propia Comunidad de Madrid y que el acuerdo por el que se iniciaba el expediente vulneraba competencias que le son propias. El Pleno del Tribunal Constitucional acordaba considerar el recurso el pasado 11 de marzo, pero está pendiente de pronunciarse.

Menos de un mes después el mismo Tribunal Constitucional admitía a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la ley aprobada por el Ejecutivo madrileño para tratar de blindar el edificio. La Ley de Memoria Democrática establece que la declaración de Lugar de Memoria Democrática autoriza a la colocación de placas o distintivos indicativos. La presencia en la fachada de la Real Casa de Correos de una placa que recuerde que fue sede de la Dirección General de Seguridad, donde está documentada la práctica de torturas, es vista por Sol como una afrenta con la "evidente" intención política de asociar a Ayuso y su gabinete con el franquismo. Por eso a finales de diciembre incluyeron en forma de enmienda a una ley sobre mejora de la gestión pública una medida por la que la colocación de cualquier placa o distintivo en el edificio requerirá de la previa autorización del Consejo de Gobierno regional.

Es contra esa medida contra la que se dirigía el recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno, que alegaba que ese precepto vulnera competencias estatales y señalaba, además que podría ser contrario a los artículos 10 (dignidad de la persona) y 15 (derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, se pueda ser sometido a tortura) de la Constitución. La admisión a trámite implicaba la suspensión de la medida adoptada por la Comunidad de Madrid, suspensión que, sin embargo, el propio Tribunal Constitucional levantaba tres meses después.

El levantamiento de la suspensión no implica el reconocimiento de la constitucionalidad de la norma, sobre ello tiene que pronunciarse todavía el Pleno. Las dos apelaciones cruzadas, la de la Comunidad de Madrid y la del Gobierno central, continúan, por tanto, vivas en el Tribunal Constitucional.

Tres recursos contra el reparto de menores

También ante el Tribunal Constitucional tiene recurrida el Gobierno de Ayuso la Ley de Amnistía. Y recientemente, el pasado septiembre, el órgano ha dado la razón a la Comunidad de Madrid en un conflicto de competencia en relación con un contrato para el diseño de un servicio para captar y formar a familias interesadas en el acogimiento de menores tutelados licitado por el entonces Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla también ha sido impugnado ante varias instancias por el gabinete de Ayuso. Ante el propio Tribunal Constitucional recurrió el real decreto-ley 2/2025 que reforma la Ley de Extranjería y autoriza los traslados de estos menores, un recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite a finales de abril de este año. En él, el Gobierno regional aduce que el instrumento adecuado para regular la cuestión hubiese sido una ley orgánica en vez de un real decreto ley, pues afecta al derecho fundamental de estos menores a la libre circulación y elección de residencia y que se vulnera el régimen de distribución de competencias.

Además de ello, el Gobierno regional ha recurrido ante el Tribunal Supremo los dos decretos posteriores de desarrollo del reparto.

Otro de los aspectos que enfrentan a ambas administraciones en el debate público y en los tribunales es la asunción por parte del Estado de 83.252 millones de euros de deuda autonómica, 8.644 millones de ellos de la Comunidad de Madrid. Los servicios jurídicos autonómicos han llevado a la Audiencia Nacional el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que Gobierno y comunidades acordaron la quita por falta de quorum. La medida en sí todavía se está tramitando, es un anteproyecto de ley contra el que no cabe recurrir judicialmente, pero se presentarán alegaciones y, una vez se sustancie como ley, se aventuran acciones legales. Ayuso aseguró, además, en el Debate del Estado de la Región el pasado septiembre, que Madrid no se acogería a la condonación.

También ha anunciado la presidenta madrileña que la Comunidad recurrirá ante el Tribunal Supremo el reciente decreto que endurece los requisitos para la creación de universidades. Se entiende en el Gobierno autonómico que conculca la libertad de empresa y educativa y ataca las competencias autonómicas. Fuentes regionales confirman que el recurso aún no se ha formalizado, pero se está en plazo.

Sí que se ha presentado ya, también ante el Tribunal Supremo, la Ley de Eficiencia de la Justicia. La demanda se admitió a trámite el pasado junio. Alegan en la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración que la ley impulsada por el ministerio de Félix Bolaños no contempla el coste de su aplicación para las comunidades con las competencias en la materia transferidas como Madrid. La Comunidad lo estima en 44 millones de euros solo en su primer año.