Piden una comisión para investigar la relación del Gobierno regional con Madrid Network

El grupo parlamentario Más Madrid ha registrado este jueves en la Asamblea una solicitud para crear una comisión de investigación que analice las posibles responsabilidades políticas y económicas derivadas de la relación entre la Comunidad de Madrid y la asociación público-privada Madrid Network, implicada en presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos.

La iniciativa, firmada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, y una veintena de diputados del grupo, busca esclarecer la "opacidad" que, según denuncian, rodea la actividad de esta entidad fundada por el propio Ejecutivo autonómico.

Según el texto registrado, Madrid Network lleva desde 2018 sin devolver las cuotas de un préstamo de 80 millones de euros concedido por el Gobierno regional, ni ha detallado qué empresas se beneficiaron de esos fondos.

Más Madrid sostiene que la asociación "ha mantenido conexiones con empresas y altos cargos implicados en tramas de desviación de fondos", entre ellas el llamado caso Montoro y la consultora Equipo Económico, que habría recibido 1,8 millones de euros de la entidad.

El grupo parlamentario denuncia además que, aunque el Ejecutivo regional insiste en que Madrid Network es una entidad privada, los Presupuestos autonómicos para 2025 incluyen la "participación en la asociación y sus actividades como socio". Para Más Madrid, esta referencia evidencia la continuidad de los vínculos institucionales con la entidad.

La formación también ha recordado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, trabajó en el pasado para Madrid Network y que entre 2012 y 2022 su consejo asesor estuvo presidido por Francisco Cabrillo, actual consejero de la Cámara de Cuentas.

Obligación judicial de transparencia

El grupo ha subrayado igualmente que el Tribunal Supremo ha obligado recientemente al Gobierno autonómico a entregar las memorias anuales de Madrid Network, después de que el Ejecutivo de Ayuso recurriera las resoluciones del Consejo de Transparencia que reconocían el derecho de acceso a esa documentación.

La comisión, cuya constitución se plantea para diciembre de 2025, estaría formada por doce miembros —tres por cada grupo parlamentario— y dispondría de plazo hasta junio de 2026 para elaborar sus conclusiones, que serían elevadas posteriormente al Pleno de la Asamblea de Madrid para su debate.