La Comunidad de Madrid insta a seis ayuntamientos socialistas a ceder terrenos para sus residencias en régimen publico privado

Anunciado hace poco más de un año por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el Plan 40/40 pasa por ser uno de los grandes proyectos de su mandato en un asunto, como el de las residencias, particularmente sensible, no solo por el creciente número de personas dependientes, sino por la gestión que se hizo en ellas durante los primeros meses del covid, una cuestión aún en los tribunales y con un elevado coste político que el Gobierno regional trata de cerrar y la oposición, mantener abierto.

En esencia, lo que viene a proponer el Plan 40/40 es la construcción en la región de 40 nuevas residencias, y otros tantos centros de día, de ahí el nombre, en régimen de colaboración público-privada, tanto en lo que se refiere a la construcción como a la posterior gestión. Para ello, la Comunidad de Madrid solicita a los municipios la cesión de una parcela de suelo municipal y, una vez estudiada la idoneidad de esa parcela y formalizada la cesión, licita la construcción.

El plan, aseguran desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ha concitado el interés de numerosos municipios. Alrededor de 90 ayuntamientos se han dirigido a la Comunidad preguntando por el proyecto y ofrecido terreno para la construcción de residencias, en algunos casos varias parcelas. Hasta 123 parcelas han visitado los técnicos de la Comunidad. De hecho, ya se han encontrado terrenos idóneos en siete municipios de la región. Se trata, en concreto, de Alcobendas, Leganés, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y la propia ciudad de Madrid, en la que hay ya parcelas señaladas en 13 distritos: Barajas, Carabanchel, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde.

Se está ahora en concretar la cesión formal de esas parcelas a la Comunidad de Madrid. Una de ellas, de hecho, en el barrio de Las Rosas, en el distrito de San Blas-Canillejas, ya ha sido formalmente cedida y será la primera de las 40 residencias en construirse. Se espera licitar los pliegos a prinicpios de 2026. Una vez adjudicada, la Consejería maneja un plazo de unos dos años para la construcción y apertura. La previsión es ir licitando a largo de 2026 la mitad de las residencias del Plan 40/40, para el que se baraja el año 2030 como horizonte temporal para que las 40 residencias estén concluidas.

El Plan 40/40 está encontrando la resistencia, no obstante, de algunos municipios con alcaldes del PSOE. Seis de ellos en particular, entre los mayores de la región, Alcorcón, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Parla y San Fernando de Henares, con una población entre todos de más de 800.000 habitantes, no han ofrecido ninguna parcela. Por ello, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha enviado una carta a estos seis alcaldes para instarles a que reconsideren su postura.

Desde el Gobierno regional entienden que el rechazo responde a motivos meramente políticos. "Creemos que esos alcaldes tienen que pensar en sus mayores y no hacer ideología con las residencias, reconsiderar la situación y ceder esas parcelas para que se pueda construir una residencia", ha asegurado Dávila en un encuentro con periodistas. "Los ciudadanos de sus municipios tienen todo el derecho, si así lo desean, a permanecer y a vivir donde ahora mismo están viviendo".

Desde la Consejería se señala que otros alcaldes socialistas de municipios de menor tamaño sí que han ofrecido parcelas para acoger esas residencias. También lo han hecho munícipes de otro color político. Y respecto al hecho de que se justifique el rechazo en que las residencias del Plan 40/40 vayan a ser gestionadas por entidades privadas señalan que numerosos servicios públicos en esos municipios, incluidos servicios públicos sociales, se prestan en régimen de colaboración público privada. "El Ayuntamiento de Getafe tiene externalizado el servicio de ayuda a domicilio, el de la teleasistencia avanzada y todas las actividades del mayor. El de Fuenlabrada tiene externalizada la residencia municipal, el servicio de ayuda a domicilio y los centros de día. El consistorio de Parla tiene externalizado el centro municipal de mayores. Y el municipio de Alcorcón tiene externalizado el servicio de ayuda a domicilio, el de la teleasistencia avanzada y un centro ocupacional para personas con discapacidad", detallan esas fuentes.

Nuevo decreto de dependencia

Entretanto, el plan, que establece un nuevo modelo residencial, con un máximo de 150 plazas por centro y su organizacion en unidades de convivencia de un máximo de 25 residentes, seguirá adelante. En la actualiaad, unas 2.400 personas se encuentran en lista de espera para ingresar en una residneica en la Comunidad de Madrid.

También avanza el segundo gran proyecto del área para esta legislatura, este de carácter normativo. Se trata del nuevo decreto de dependencia, cuyo proyecto se publicará en cuestión de días en el Portal de Transparencia de la Comundiad de Madrid y que se espera poder aprobar para su entrada en vigor en el primer trimestre de 2026.

El texto busca agilizar todo lo que tiene que ver con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en la Comunidad, desde la petición del reconocimiento para ser beneficiario hasta la resolución y la prestación de servicios en un momento en que no deja de crecer el número de personas en situación de dependencia. En agosto se superaron por primera vez las 200.000. Actualmente suman más de 203.000, con un crecimiento neto por encima de las 12.000 personas anuales

Entre las novedades que recogerá el decreto está la posibilidad de autorizar que los técnicos en dependencia puedan acceder a través de la Historia Social Única a todos los informes sociales así como a los informes médicos, sin necesidad de que los tenga que aportar el interesado o la unificación en una sola evaluación el grado de discapacidad, de dependencia y la necesidad de atención temprana en menores de hasta seis años.

También se acortan plazos. Los casos de especial urgencia, entre los que se señala a enfermos en cuidados paliativos, pacientes de ELA o personas en urgencia social, habrám de verse en un máximo de 90 días. Igualmente se rebajan los plazos de revisión del Programa Inidvidual de Atención (PIA) y de la capacidad económica, de seis a tres meses.

Además se definirá el catálogo de servicios y se hará compatible acceder simultáneamente a algunos que ahora son incompatibles. En cuanto a las prestaciones económicas, se trabaja en una mejora vinculada a variables como el distinto grado de dependencia o el nivel de ingresos medido a través del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).