Solo hay un humedal en Madrid con protección internacional: "Está en el Macizo de Peñalara y tiene 242 lagunas"

En lo alto del Macizo de Peñalara, la montaña más alta de la Sierra de Guadarrama, se esconde un tesoro. Al menos, para la Comunidad de Madrid, pues no alberga otro igual en su territorio. Con una superficie de 2,6 hectáreas y conformado por 242 charcas, arroyos, turberas y lagunas de alta montaña, se encuentran los Humedales del Macizo de Peñalara, incluidos en la lista del Convenio Ramsar desde 2006. “Su declaración tiene como objetivo la conservación y el uso racional de estos espacios cada día más escasos, además de una cooperación internacional”, señala José Juan Castro, subdirector general de Gestión Territorial en la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid. El acuerdo, de carácter mundial cuenta con una red de casi 2.500 humedales en 170 países: 76 de ellos están en España y sólo uno en la Comunidad. De ahí su unicidad.

En Peñalara habitan 94 especies protegidas, según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, 30 de ellas de importancia europea. En esta zona hay, al menos, 15 especies de vertebrados con un alto grado de amenaza, como el tritón alpino, la rana patilarga, el topillo de Cabrera o el desmán del Pirineo. Este humedal, vigilado internacionalmente, se integra en el 49,2% del territorio protegido de la comunidad autónoma. “La superficie total son 802.573 hectáreas de extensión, de las cuales 395.402 cuentan con al menos una figura de protección en su territorio. Algunas de ellas, como la Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Río Manzanares, están doblemente escoltadas”, añade. A la hora de gestionar o admitir un nuevo uso en este tipo de suelos, es necesario acudir a las dos o más normativas que regularizan su gestión para conocer lo que no se puede hacer. Si bien no es la más extensa del país, la Comunidad de Madrid se postula como una de las autonomías con mayor porcentaje de territorio protegido en España: “Si no es la que más, está cerca. En 2023 lo era”. 

Espacios protegidos

La Comunidad de Madrid cuenta con nueve espacios naturales protegidos por una normativa autonómica o nacional: el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, con 21.714 hectáreas de extensión; el Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares (42.583 ha), el Parque Regional Cursos Bajos de los ríos Manzanares y Jarama (31.550 ha) y el Parque Regional Curso Medio del río Guadarrama y su entorno (22.116 ha). Además, otros cinco enclaves de menor tamaño, como son el Paraje Pintoresco Pinar de Abantos y Zona de la Herrería (1.538,6 ha), la Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola (629,21 ha), el Sitio Natural de Interés Nacional Hayedo de Montejo de la Sierra (250 ha), el Refugio de Fauna Laguna de San Juan (47 ha) y el Monumento Natural de Interés Nacional Peña del Arcipreste de Hita (2,65 ha): “Mientras que Guadarrama está protegido nacionalmente, los tres parques regionales proceden de una normativa autonómica. El resto lo están por su singularidad. No solo se protegen fauna y flora, sino también formaciones geológicas o monumentos”. 

No son los únicos entornos de esta índole. Entre las más de 800.000 hectáreas madrileñas también se incluyen 14 espacios protegidos denominados ‘Red Natura 2000’. “Siete de ellos son zonas de especial conservación y los otros siete son de especial protección de las aves. Se rigen por normativas europeas de los años 1992 y 1979 respectivamente”, señala Castro. La Comunidad también alberga otras tres áreas preservadas internacionalmente. Dos Reservas de la Biosfera declaradas por la Unesco, como son la Reserva de la Sierra del Rincón y la Reserva de las Cuencas Altas del Río Manzanares Lozoya y Guadarrama; y el Humedal de Peñalara: “Además, existen otros 54 embalses y zonas húmedas controladas; y siete reservas hidrológicas. Los cursos de los ríos Jarama, Riato, Puebla, Manzanares, Lozoya, Madarquillos y el arroyo de Canencia. No solo son nueve, como mucha gente cree, sino que hay otras figuras de protección que condicionan el territorio de la Comunidad”. 

40 humedales

A la hora de catalogar un espacio como zona de especial protección han de tenerse en cuenta numerosos factores. “Se intenta conservar un valor ecológico, de hábitats, de su fauna y flora… Tiene que ser singular, una presencia escasa en el territorio o que aporte beneficios ecosistémicos al resto de la población. No tiene que ser un único condicionante lo que lleve a la inclusión de un nuevo territorio en esta categoría. Hay valores paisajísticos, patrimoniales, culturales o históricos que tener en cuenta”, sostiene. En el caso de las tres zonas vigiladas internacionalmente su conservación tiene que ver con los animales que las habitan: “Han de contar con un entorno adecuado para su correcto desarrollo y no vayan disminuyendo a lo largo del tiempo, sino que mantengan las condiciones iniciales. En el caso de la directiva de aves, que establece las zonas de su protección, su labor es conservar a largo plazo todas las especies silvestres que hay en la Unión Europea. Se establece un régimen general para gestionarlo”. 

Desde la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal se están llevando a cabo algunos programas específicos para impulsar la repoblación de algunas especies en vías de extinción. Tal como el subdirector detalla, “existe un plan de control y seguimiento para la conservación del buitre negro, la cigueña negra y el águila imperial, entre otros”. Mediante estos proyectos se propicia el ambiente para que estas aves aniden “sin sentirse violentadas” por la presencia humana: “Desde la Consejería se han limitado algunas actividades en época de cría de estas y otras especies para que así encuentren un hábitat adecuado y no migren a otros territorios”. De igual forma, el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, compartido con Castilla y León, es el único de esta índole en la Comunidad. La mayoría de estos parajes fueron declarados protegidos en los últimos 20 años, por lo que no son desconocidos para la ciudadanía. 

“Hasta 2022 había 23 humedales vigilados y, tras unos análisis, el catálogo se amplió a 40 este año. Ha sido la adhesión más reciente”, suma. No hay intención de nombrar nuevos espacios con algún tipo de protección, asegura. “En caso de que los hubiera, primero habría que ver por qué motivos queremos que pase a formar parte de la red de espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid. Luego habría que informar a los municipios y partes interesadas, ya que están ubicados en ayuntamientos madrileños y hay que dar cabida a esas corporaciones locales para que los vecinos sean partícipes. Se deben establecer los usos del suelo en cada zona, dependiendo del tipo de figura a catalogar. Si hablamos de un parque regional o nacional, habría que regirse mediante leyes autonómicas o nacionales. En otros casos sería necesario un rango de decreto y la tramitación sería diferente”, explica. 

10 millones de euros

Si bien el mantenimiento de estos enclaves debería llevarse a cabo a lo largo de todo el año, existen temporadas en las que las labores quedan pausadas: “Nos encontramos con el impedimento de la nieve en invierno, ya que muchos de estos espacios se encuentran a gran altura. En verano los incendios también nos trastocan”. Además, hay trabajos que se ven condicionados por las modificaciones que algunos animales hacen en estos territorios. En estos casos, las labores de conservación se posponen a la época de otoño. “Desde la Comunidad hacemos tratamientos herbáceos, de salveo o desbroce, de nuevas plantaciones, etcétera. Todos ellos para mejorar la calidad y morfología de estos espacios naturales. Es una labor más activa”, agrega. Para estas actividades, la Dirección General destina un presupuesto de entre ocho y 10 millones de euros anuales: “A esto hay que añadirle otros dos millones adicionales previstos para obras y gestión de estos lugares”. Además, entregan subvenciones a fincas particulares para que, por su cuenta, realicen estas mismas tareas. 

Esa gestión de la que habla Castro abarca también un control de usos y aprovechamientos en cada terreno. Según qué actividad se vaya a llevar a cabo, se necesita un informe previo por parte de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal: “Aunque en la mayoría de casos son compatibles, algunas también son desfavorables para el medio y tenemos que rechazarlas”. La mayoría de los quehaceres son ganaderos, agrarios, recreativos por parte de los habitantes, deportivos o incluso vuelos de drones con fines científicos: “Esos los tenemos controlados y son una pata más en la gestión de estos espacios. Sobre el terreno también restauramos canteras o entornos degradados por la actividad humana. La Comunidad toma partido para renaturalizar la zona”. En cuanto a incendios, esos mismos equipos se encargan de la labor preventiva con el fin de evitar grandes daños en caso de producirse un fuego. “Se quita la leña seca o árboles que presenten una morfología defectuosa, con el fin de seleccionar lo mejor y clarear las masas boscosas de cara al verano. No dejan de ser combustibles en el terreno”, insiste. 

El Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid lleva a cabo tareas de vigilancia y control de que los usos que se dan a estos enclaves sean los adecuados según su plan de gestión. “En caso de que no fuera así, se comunicaría al Área de Disciplina Ambiental para que inicie diligencias y valore si debe realizarse un procedimiento sancionador. En caso de incidentes graves, son los propios agentes quienes acuden a la Fiscalía de Medioambiente y presentan la correspondiente denuncia para que sea el fiscal quien abra el procedimiento jurídico o penal correspondiente”, narra. Algunos de estos delitos son las talas desautorizadas, los cambios de uso en el terreno, construcciones ilegales o la caza furtiva, que pueden cambiar por completo la naturaleza madrileña.