Ayuso vincula 10 millones de euros anuales al cumplimiento de objetivos en plena batalla por la financiación de las universidades

Cuando crece la preocupación entre la comunidad universitaria por la situación económica de los campus madrileños y después de que se haya conocido que la Comunidad de Madrid concederá a la Universidad Complutense un préstamo de casi 34,5 millones de euros que tendrá como contrapartida para la entidad la presentación de un plan de ajuste, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va desvelando algunas novedades del sistema de financiación que apuntalará la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) regional.

La presidenta madrileña ya había anticipado que sería un modelo plurianual y revisable a cinco años, un plazo que los rectores de las seis universidades públicas de la región convienen en encontrar aceptable. Desde el Gobierno regional se considera que el actual modelo de transferencias nominativas, diseñado en 2006, se ha quedado obsoleto. Y plantean que el dinero que desde la Comunidad se destina al sostenimiento de las universidades se vehicule de tres formas.

Un primer tramo respondería a lo que se identifica como financiación básica, que engloba los gastos necesarios para el funcionamiento regular de los campus, incluidos los de personal, la partida que más recursos demanda. Un segundo tramo se definiría en función de las necesidades específicas de cada universidad. Se suele poner como ejemplo la rehabilitación de edificios históricos o singulares. Finalmente, un tercer componente será la financiación por objetivos. A este respecto, concreta ahora el Gobierno regional, se destinarán anualmente 10 millones de euros, a sumar a la financiación básica y específica, que se distribuirán entre todas las universidades en régimen competitivo. La concesión de esa financiación adicional se vinculará a la consecución de esos objetivos previamente definidos entre el Ejecutivo autonómico y las propias universidades.

Sobre la naturaleza de esos objetivos, los primeros borradores planteaban un catálogo amplio con líneas consideradas estratégicas por el Gobierno regional, pero fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades afirman que en la negociación con los rectores se ha optado por simplificarlo y abrirse también a lo que cada universidad pueda considerar un objetivo estratégico propio. Como consecuencia, abundan, la ley incluirá una serie de objetivos ejemplificativos a los que en la negociación con cada universidad se podrá pactar añadir otros. Entre los que se citan como ejemplo están el fomento de programas de investigación, las iniciativas para la atracción de profesores "de excelencia" desde otras regiones, la Unión Europea e Hispanoamérica o el impulso a las titulaciones de Humanidades.

El futuro sistema también prevé potenciar la autofinanciación de las universidades. En el proceso de elaboración de lo que todavía no es ni anteproyecto de ley ha emergido que la pretensión de la Comunidad de Madrid sería llegar a una proporción de que un 70% de los ingresos de las universidades corriera a cargo de las transferencias contempladas en los Presupuestos regionales y el 30% lo sumaran los propios centros de fuentes distintas a la Comunidad de Madrid, ya sean convenios con otras administraciones o empresas o proyectos de investigación. También se ha planteado que para alcanzar este 30% se habiliten instrumentos como la gestión por parte de las universidades de sus propias carteras de inversión, los préstamos entre ellas de sus remanentes en condiciones preferentes o la gestión de sus inmuebles.

En la Consejería de Educación mantienen que el texto se está negociando, todavía no hay nada definitivo y que no es concluyente que esa proporción del 70%-30% se vaya a incluir en la ley o que se vaya a hacer con esos porcentajes, que, no obstante, se perciben como razonables. De hecho, aseguran, ya se están cumpliendo. Otra cosa, admiten, es que las universidades cuestionen que tengan que tener un carácter obligatorio. Incluso se podría incluir entre los propósitos para esa financiación adicional por objetivos.

Está por ver, igualmente, en cuánto aumenta la cuantía total que destinará la Comunidad de Madrid a las universidades madrileñas en los Presupuestos de 2026, que se presentan en unas semanas. El año pasado aumentó en 47 millones de euros, un 4% respecto al anterior, un incremento que, sin embargo, los rectores consideran insuficiente. Con una inversión anual de unos 5.000 euros por alumno y un 0,4% del PIB, lejos del 1% que la Ley Orgánica del Sistema Universitario nacional, la Losu, señala como deseable, Madrid, afirman los responsables de sus universidades públicas, está a la cola de España en términos relativos y acumula una infrafinanciación de años.

Universidades en déficit

En medio de este debate, el Gobierno regional daba a conocer la semana pasada que concederá un préstamo a la Universidad Complutense por valor de 34,5 millones de euros para que haga frente al pago de nóminas y otras obligaciones ante terceros. La universidad, por su parte, tendrá que elaborar un plan de ajuste, una circunstancia, insisten desde la Consejería de Educación, a la que están obligadas todas las universidades que incurran en déficit.

En el departamento que dirige Emilio Viciana mantienen que se han analizado las cuentas de la Complutense conjuntamente con la propia universidad con detenimiento y se ha detectado un incremento "exponencial" del capítulo 1, el de gastos de personal, desde 2019, una cuantía, afirman, que coincide "casi con exactitud" con la del déficit. En cualquier caso, afirman, es la Universidad Complutense la que tiene que presentar su plan de ajuste y decidir cómo reequilibrar sus cuentas.

En situación de déficit se encuentra igualmente la Universidad Rey Juan Carlos. "Lógicamente, al igual que hemos hecho con la Complutense, nos situamos a su lado y vamos a ayudarla en todo lo que sea necesario", ha trasladado en un reciente encuentro con periodistas el propio Viciana. La situación deriva también de un aumento de los gastos de personal y, aunque es hoy de una gravedad de menor dimensión que la de la Complutense, en la consejería temen que pudiera llegar a ser parecida en el futuro, por lo que ya se está en contacto y se valoran muy positivamente las medidas de contención de gasto adoptadas por Abraham Duarte, su rector desde el pasado mes de junio.

Calendario para la Lesuc: en diciembre a la Asamblea y aprobación en primavera

Entretanto, prosigue la elaboración de la Lesuc. Desde la consejería se subraya que ninguno de los borradores que se han ido filtrando es siquiera el anteproyecto definitivo, que se conocerá cuando se abra el trámite de audiencia e información pública, presumiblemente en un mes o mes y medio. En el periodo de consulta, trasladan, se llegaron a recibir mas de 1.000 comentarios y sugerencias, parte de los cuales se recogerán en el anteproyecto. El texto, aún "completamente abierto", se sigue negociando desde que en mayo pasado se intensificaran los trabajos.

El calendario con el que se trabaja en Sol es que, transcurrido el periodo de audiencia e información pública, el documento salga del Consejo de Gobierno ya convertido en proyecto de ley hacia la Asamblea en diciembre de este año, antes de que concluya le actual periodo de sesiones, de forma que pueda debatirse y aprobarse en la primavera de 2026 y esté en vigor cuando arranque el nuevo curso.

La cómoda mayoría absoluta del PP en la cámara de Vallecas garantiza su aprobación, no sin agrio enfrentamiento. La crítica a la política universitaria del Ejecutivo regional es uno de los arietes de la izquierda madrileña, que acusa a Ayuso de favorecer la privatización en un ecosistema con seis universidades públicas y 13 privadas, más otras cuatro que han solicitado su aprobación.

Precisamente para dar ese impulso final a la ley se justifica el reciente relevo en la Viceconsejería de Universidades. Ana Ramírez de Molina, bioquímica procedente del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Alimentación, ha sido reemplazada por Mercedes Zarzalejo, doctora en Derecho y profesora del Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Economía Aplicada con un perfil marcadamente más político en tanto exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias y hasta el pasado viernes diputada regional del Grupo Popular. Ella fue, de hecho, la portavoz del PP en la comisión Begoña, la comisión de investigación en la Asamblea madrileña sobre el supuesto trato de favor de la Universidad Complutense a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

En el Gobierno regional manifiestan, en cualquier caso, que se persigue que la Lesuc sea una ley de consenso, con un nivel de detalle y de colaboración, enfatizan, como no se ha hecho nunca. Fruto de ello, aseguran, se han modificado después de dialogar con los rectores aspectos como el nombramiento de la figura del gerente, elegido por el rector, de acuerdo con el consejo social, de forma que se elimina la elección por concurrencia prevista en alguno de los primeros borradores, o la reconversión del interventor en una oficina económico presupuestaria con dos interventores, uno elegido por el rector y otro por el consejo social. La autonomía universitaria es, con la financiación, el asunto que más preocupa a los rectores de la futura ley.

En cuanto al régimen sancionador, otro de los puntos que más polémica ha levantado, la Consejería de Educación asegura que ha rebajado el importe máximo de las multas hasta un límite de 300.000 euros para las infracciones muy graves. Las primeras redacciones del texto fijaban la horquilla de castigos para los incumplimientos de mayor importancia entre 100.000 y un millón de euros. "Entre estas infracciones muy graves no se incluirán las que no estén vinculadas a los requisitos para el normal funcionamiento de los campus, como la exhibición de pancartas no autorizadas", reza una nota distribuida por la Consejería. Una afirmación ambigua que deja la puerta abierta a considerar como infracciones muy graves, sancionables, por tanto, con hasta 300.000 euros, los escraches.