Las obras de la Ciudad de la Justicia de Madrid arrancan 20 años después del primer intento con un presupuesto de 650 millones de euros

Tras más de 20 años, más de 100 millones de euros gastados sin apenas retorno y un proceso judicial que resultó en la condena a siete de años de cárcel a un exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, la ambición de aunar en un solo lugar todas las sedes judiciales de Madrid capital podrá a partir de hoy empezar a ser una realidad. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acude hoy a Valdebebas a dar carta de oficialidad al inicio de las obras de la futura Ciudad de la Justicia, uno de los proyectos de mayor envergadura de su mandato que otros dos dirigentes autonómicos antes que ella trataron, sin éxito, de sacar adelante y que ella misma ha tenido que ir posponiendo en varias ocasiones.

Las obras que ahora comienzan materializarán una idea largamente acariciada por sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid desde la presidencia de Esperanza Aguirre. Ya en 2004 la entonces baronesa madrileña propuso aunar en un megacomplejo en Valdebebas todas las dependencias del partido judicial de Madrid. Se bautizó como Campus de la Justicia, se constituyó una sociedad con ese nombre para gestionar el proyecto y se convocó a arquitectos de prestigio internacional como Norman Foster, pero la crisis mundial que siguió a la caída, en 2008, de Lehman Brothers frustró aquel proyecto. Por el camino se quedaron algo más de 100 millones de euros por rescisiones de contratos, asesorías, proyectos y otras cuestiones. Además, la Audiencia Nacional condenó a siete años de cárcel a quien fuera vicepresidente y consejero de Justicia de Aguirre, Alfredo Prada, por prevaricación en 25 contratos y malversación en 13 de ellos entre 2055 y 2011.

Se trató de retomar luego, lo intentó, en 2014, Ignacio González, pero tampoco cuajó. Un año después, ya bajo la presidencia de Cristina Cifuentes, se volvió a congelar. Al final, prácticamente lo único que hay hoy en pie de aquellos intentos es el edificio del Instituto de Medicina Legal, el conocido como donut por su forma circular, previsto en el plan de Aguirre y completado finalmente en 2020.

La actual presidenta madrileña resucitó el planteamiento cuando llegó a Sol en 2019, pero a punto estuvo de volver a quedar encallado. La primera licitación que lanzó, de hecho quedó desierta en 2022 y solo en 2024, con nuevos pliegos, fue finalmente adjudicado. El proyecto es uno de los más ambiciosos de esta legislatura y prácticamente de toda la era Ayuso tanto en términos políticos, de infraestructuras y presupuestarios.

Hasta 653 millones de euros se prevén en una operación que aunará en un solo espacio de 470.000 metros cuadrados un total de 378 órganos jurisdiccionales hoy dispersos por 26 sedes de la ciudad de Madrid. En la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local se resalta con insistencia que será el mayor recinto judicial del mundo, por delante del Justice Palace de Estambul, con 300.000 metros cuadrados, o el Palazzo di Giustizia de Florencia, de 135.000 metros cuadrados.

65 campos de fútbol

En su extensión equivalente a 65 campos de fútbol acogerá la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que será una de las primeras en estar concluida, previsiblemente a finales de 2026 o principios de 2027, la Audiencia Provincial y los juzgados de primera instancia y el resto de jurisdicciones, pero también la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Superior de Madrid, el Decanato y otras instalaciones entre archivos, depósitos, cafeterías, guarderías, y dependencias de seguridad.

Se estima que unas 33.000 personas se moverán por la Ciudad de la Justicia a diario cuando esté completamente operativa, hacia 2028. Además, desde la Comunidad de Madrid se calcula en 80 millones de euros anuales el ahorro que puede llegar a suponer el complejo una vez esté en pleno funcionamiento.

La cifra engloba los alquileres que la propia administración de justicia está pagando actualmente y dejará de abonar así como alquileres que actualmente están pagando otras consejerías y organismos regionales que podrán mudarse a algunos de los edificios en propiedad que quedarán vacíos. Se apunta, en este sentido, a un proyecto aún embrionario de concentración de dependencias oficiales en una suerte de Ciudad de la Administración en los juzgados de Plaza de Castilla. Además, se prevén ahorros derivados de la concentración en un único lugar de servicios de seguridad, limpieza o mantenimiento.