Madrid esperará al dictamen de sus servicios jurídicos para decidir sobre el registro de objetores al aborto

"Los servicios jurídicos lo están estudiando. Cuando tengamos algo que decir al respecto, lo vamos a hacer". Así ha contestado el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, preguntado sobre la respuesta que dará al requerimiento del Gobierno para que elabore en el plazo de un mes el registro de objetores de conciencia al aborto que prevé la Ley 2/2010, reformada en 2023.

Martín ha insistido, no obstante, como viene haciendo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la interpretación de que la Comunidad de Madrid no quiere "señalar" a médicos por no querer practicar interrupciones voluntarias del embarazo.

"Para poder saber si habrá o no habrá ese registro, tenemos que ver las condiciones que están establecidas", ha señalado el portavoz del Gobierno autonómico. Los servicios jurídicos también tienen que evaluar, ha añadido, la forma de "defender la capacidad de autoorganización que tiene un Gobierno regional que tiene las competencias sanitarias".

García Martín ha asegurado, en cualquier caso, que este registro "no vale absolutamente para nada" y lo único que pretende es "señalar a determinados facultativos".

Asimismo, ha insistido en que todo el debate generado en torno al aborto en las últimas semanas es "una cortina de humo" para evitar hablar de Ábalos, el juicio al fiscal general del Estado o las investigaciones a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno. "Sacan este esta bandera, como sacaron la de Palestina, como sacaron el Francomodín, para que no hablemos de lo que de verdad preocupa a los españoles".

"Todo esto no nace de otra necesidad", ha abundado, "porque el propio ministerio tardó más de un año en aprobar el protocolo desde que se modificó la ley". El asunto llegó al Consejo Interterritorial de Salud un año después de la modificación de la ley que estableció que las comunidades autónomas debían elaborar estos registros.