Madrid autorizará un préstamo de 34,5 millones a la Universidad Complutense para afrontar nóminas y otros gastos

La Comunidad de Madrid concederá la semana próxima un préstamo por valor de 34,5 millones de euros a la Universidad Complutense de Madrid para afrontar a gastos de personal y de otro tipo. Así lo ha confirmado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Según ha señalado García Martín, desde la universidad se había trasladado la necesidad de ese préstamo "para hacer frente a sus obligaciones ante terceros y para el pago de nóminas a final de año". El portavoz del Gobierno regional ha añadido que ahora "la propia Universidad Complutense tendrá que hacer su parte, tendrá que equilibrar estas cuentas, tiene que sentarse y presentar un plan económico financiero".

El asunto de la financiación es una de las principales preocupaciones en el entorno universitario madrileño. Desde el Gobierno regional se mantiene que "se va a estar cerca de todas las universidades" y se va a mejorar la aportación a las seis universidades públicas madrileñas en los presupuestos de la Comunidad para 2026, que se están terminando de elaborar. El proyecto de presupuestos se presentará en las próximas semanas. En los del año 2025 el total para todas las universidades creció en 47,3 millones, un 4,2% más respecto a 2024.

En un comunicado, la Universidad Complutense ha mantenido que la situación que atraviesa responde a una "infrafinanciación" arrastrada desde la crisis económica de 2008 y que se encuentra "dentro de una realidad que comparten las universidades públicas madrileñas", como consecuencia, entre otros factores, del incremento de los costes energéticos, la inflación y "la necesidad de actualizar los modelos de financiación". Además, se argumenta que no hay un excedente de personal. El incremento de estos costes, se defiende, tiene su razón de ser en la asunción de los costes de la seguridad social de todo el personal, el incremento del número de sexenios y quinquenios del personal docente de la UCM o el aumento del número de profesores asociados de Ciencias de la Salud por exigencia legal. Unos incrementos, se añade, que "no se han visto correspondidos por la financiación ordinaria".

Como trasfondo se perfila la futura Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid, de la que de momento solo hay borradores, y el sistema de financiación que de ella pueda emerger. Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como su consejero de Educación, Emilio Viciana, ya han avanzado algunas claves. El nuevo sistema será plurianual y revisable cada cinco años e incluirá tres niveles. Por una parte, se establecerá una financiación básica para el funcionamiento de los campus. Un segundo nivel contemplará necesidades específicas de cada universidad, como por ejemplo, la rehabilitación de edificios. Por último, una tercera pata de la transferencia de recursos públicos hacia las universidades se vinculará a la consecución de determinados objetivos.

La nueva ley persigue, además, que las propias universidades se autofinancien en parte. Para ello prevé herramientas como la gestión de sus propias carteras de inversión, los préstamos entre universidades de sus remanentes en condiciones preferentes o la gestión de sus inmuebles. Por otra parte, y para favorecer un abaratamiento de los costes de funcionamiento, se activará una central de compras y se buscará el desarrollo de servicios de gestión administrativa comunes.

En medio de este debate, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el relevo de la viceconsejera de Universidades. Ana Ramírez de Molina, en el cargo desde julio de 2023, deja el puesto, que pasará a ser ocupado por Mercedes Zarzalejo. Diputada en la Asamblea de Madrid, Zarzalejo fue la portavoz popular en la comisión que se creó en la Cámara regional para investigar el presunto trato de favor a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en su relación con la Universidad Complutense.