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VIVIENDA

El Sindicato de Inquilinas de Madrid exige la paralización inmediata de dos obras en Lavapiés por peligro estructural

Según denuncian, los vecinos han alertado durante meses sobre grietas, vibraciones, filtraciones de agua y caída de cascotes en los inmuebles.

La calle Juanelo, en Lavapiés, ejemplifica muy bien cómo los pisos turísticos están gentrificando los barrios.

La calle Juanelo, en Lavapiés, ejemplifica muy bien cómo los pisos turísticos están gentrificando los barrios. / ALBA VIGARAY

Servimedia

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid la suspensión cautelar de las obras que se están llevando a cabo en dos edificios del barrio de Lavapiés: uno ubicado en la calle Tribulete 7 y otro en San Ildefonso 20, por un presunto riesgo estructural.

Según denuncian, los vecinos han alertado durante meses sobre grietas, vibraciones, filtraciones de agua y caída de cascotes en los inmuebles. Además, acusan a las constructoras de ejecutar los trabajos sin garantías técnicas ni supervisión urbanística adecuada.

El caso ha escalado en gravedad tras la reciente intervención de la Policía Municipal en el edificio de San Ildefonso 20, debido a la caída de fragmentos de la fachada. Ante esta situación, el Sindicato advierte: “Estamos ante un escenario que podría terminar en otra tragedia evitable. No podemos permitir que se repita un caso como el de Hileras”.

En su denuncia formal ante el Servicio de Disciplina Urbanística, el Sindicato de Inquilinas exige tres medidas urgentes:

  1. Inspección técnica inmediata en ambos edificios.
  2. Suspensión cautelar de las obras hasta confirmar su legalidad y seguridad estructural.
  3. Paralización preventiva de otras obras similares en Madrid con indicios de deficiencias.

La organización critica duramente la gestión urbanística del Ayuntamiento y denuncia la creciente privatización del control urbanístico a través de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUs), a las que califican como “empresas privadas contratadas por promotoras para validar las obras sin garantías de seguridad ni supervisión pública”.

"El Ayuntamiento debe priorizar la seguridad de las personas por encima de los intereses inmobiliarios. No se puede jugar con la vida de los inquilinos", concluye el comunicado.