Ayuso reclama al Gobierno de Sánchez 10.500 millones de euros por servicios e inversiones no ejecutadas desde 2019

Con el permanentemente aplazado debate sobre el sistema de financiación autonómica pendiente y el encrespamiento en torno a la financiación singular de Cataluña y la condonación de deuda autonómica de fondo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha echado sus cuentas particulares con el Ejecutivo central y le salen en rojo. Según los cálculos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, el Estado adeuda a la Comunidad de Madrid hasta 10.500 millones de euros por servicios no prestado o inversiones comprometidas no ejecutadas desde que en 2019 Isabel Díaz Ayuso accediera a la presidencia de la región.

De todas esas cantidades es la correspondiente a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) la que mayor peso tiene. Desde Sol se mantiene que el Gobierno adquirió el compromiso de que la Administración General del Estado financiara el 50% del sistema de dependencia y las comunidades se hicieran cargo del 50% restante. La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia señala que la aportación de cada comunidad autónoma será anualmente "al menos igual" a la de la Administración General del Estado.

La aportación estatal, sin embargo, viene siendo inferior a ese 50%. En 2024, según datos recogidos por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, esa contribución fue, para todo el sistema nacional, del 27,1%. De los 12.843 millones de euros de inversión pública en el SAAD el año pasado, las comunidades sumaron de media el 72,9%, unos 9.365 millones de euros frente a los 3.478 millones de euros estatales.

En comunidades como el País Vasco la aportación autonómica fue del 84% mientras que en otras como La Rioja fue del 61,4%. En el caso de la Comunidad de Madrid, el porcentaje se alinea prácticamente con la media nacional. El gobierno autonómico asumió en 2024 el 72,8% del coste de la dependencia en la Comunidad y el Estado el 27,2%.

Desde el Gobierno regional se mantiene que ningún año se ha llegado a una financiación paritaria. Y es ese margen hasta alcanzar el 50% de inversión estatal en el coste del SAAD el que la Comunidad de Madrid ha calculado que desde 2019 viene suponiendo un total de 2.430 millones de euros no inyectados por la Administración General del Estado. Se trata, trasladan desde Sol, de más de un millón de euros al día.

Inversiones no ejecutadas y fondos europeos

Las cuentas hasta llegar a los 10.500 millones de euros suponen un cálculo bastante heterogéneo. Ese desajuste que se achaca en la financiación de la dependencia es el de mayor peso. Pero junto a servicios no prestados se han estimado también inversiones comprometidas pero no realizadas, al menos de momento. Se apunta en este sentido a un total de 221 actuaciones por valor de 1.580 millones de euros contempladas en el tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo (2021-2027) no ejecutadas o a otros 1.200 millones de euros para la realización de obras en las depuradoras de La China, Butarque y Sur, las tres en el municipio de Madrid.

Otro de los conceptos en los que pone la lupa Sol son los fondos europeos asignados a las comunidades autónomas. Madrid se dice infrafinanciada. Con un total de 3.242 millones asignados hasta abril de 2025, la Comunidad es la peor financiada en términos por habitante. Del total de fondos asignados a las autonomías, la Comunidad de Madrid ha recibido el 11,3%, pero la población madrileña es el 14,6% de la española. Si se hubiesen destinado a la región el 14,6% de los fondos asignados a las comunidades hubieran sido unos 950 millones de euros más.

Otras reclamaciones son recurrentes. Esta misma semana, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, denunciaba que el Ministerio de Transportes adeudaba al Consorcio Regional de Transportes más de 250 millones de euros, 126,8 millones correspondientes a la aportación anual que hace al organismo del que forma parte y que para el ejercicio de 2025 todavía no ha transferido y una cantidad similar en concepto de las ayudas al transporte aprobadas para este año.

También García Martín, en tanto consejero de Justicia, suele recordar con frecuencia que el Gobierno central no ha financiado de momento los 44 millones de euros en que estima el coste de la aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia en este 2025, de los cuales, se afirma, cerca de la mitad se consolidarán en siguientes ejercicios. Asimismo, su colega en el gabinete madrileño Fátima Matute, responsable de la cartera de Sanidad, ha insistido recientemente en que el Ministerio de Interior tiene que abonar a la Comunidad de Madrid más de 27 millones de euros por la atención hospitalaria de reclusos en las prisiones madrileñas.

Más allá de estas reclamaciones, desde la Comunidad de Madrid se aboga por una reforma del sistema de financiación autonómica que ponga más recursos sobre la mesa, resulte más transparente y atienda de manera más clara al criterio de población. Entienden desde la Consejería de Economía que el sistema debe ser redistributivos pero no castigar a Madrid en términos de lo que recibe por habitante respecto a otras comunidades. Y se muestran particularmente críticos con mecanismos como el fondo de competitividad, pensado para compensar a comunidades financiadas por debajo de su capacidad fiscal, cuyo diseño, sin embargo, denuncia el Ejecutivo regional, excluye a Madrid. Según ha asegurado en varias ocasiones la consejera de Economía, Rocío Albert, son casi 1.000 millones de euros anuales los que Madrid se queda sin recibir desde 2019.