La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto de universidades del Gobierno: "Es pura arbitrariedad"

La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Supremo el real decreto que endurece los requisitos para la aprobación de universidades al que dio luz verde ayer por el Gobierno. Así lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien se ha referido a la nueva norma como un "golpe" contra las universidades privadas. El texto, ha añadido la dirigente madrileña, es "pura arbitrariedad". La decisión ya había sido insinuada ayer por su consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, quien horas después de que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto anunciaba que la Comunidad de Madrid lo impugnaría. "Nos vamos a oponer con todas las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance", señalaba.

Ayuso ha concretado hoy que el recurso se formalizará ante el Tribunal Supremo y que se hará "próximamente". El decreto, ha afirmado, "es otra pura arbitrariedad" que ataca "a la libertad de empresa, a la libertad educativa y a la libertad de expresión". A juicio de la presidenta madrileña, el texto no solo "acaba con la seguridad jurídica", también ataca las "competencias legítimas" de cada comunidad autónoma.

La presidenta madrileña asegura que la Comunidad de Madrid se ve "perjudicada" por la nueva norma, pero no es la única región. "Y como estamos al servicio de España y de su Estado de Derecho, tenemos que alzar la voz", ha remachado durante su intervención en un foro sobre liderazgo organizado por el grupo Vocento.

Entre las novedades que introduce el real decreto está la obligatoriedad de un informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneca) o alguna de las agencias autonómicas. Este informe, al contrario de lo que sucede ahora, será preceptivo y vinculante. También se establece un mínimo de 4.500 alumnos y de profesores, de los que, además, al menos la mitad deberán ser doctores y, de ellos, el 60% han de acumular al menos seis años de investigación. Para adaptarse a este requisito el texto da a los centros un plazo de siete años.

En la Comunidad de Madrid existen en estos momentos seis universidades públicas y 13 privadas, y en los próximos meses se aprobará una más. El pasado abril, en el transcurso de un viaje a Ecuador, donde fue investida doctor honoris causa por la Universidad de las Américas de Quito, Ayuso anunció que el Gobierno regional había iniciado los trámites legales para que el Instituto de Empresa (IE), se convierta oficialmente en una nueva universidad privada de la región.