La Comunidad de Madrid explotará la madera de montes públicos para prevenir incendios e ingresar cuatro millones de euros

En 2023, con la reorganización del Gobierno madrileño tras las últimas elecciones, uno de los departamentos de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior cambió de nombre. O de apellido más bien. La Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales pasó a llamarse Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal. El cambio, defienden en la cartera que dirige Carlos Novillo, no fue anecdótico. En la consejería existe la convicción de que años de conservacionismo han impulsado una regulación demasiado estricta desde el punto de vista de la relación del hombre con los espacios naturales y, en particular con los bosques.

El propio consejero lo expresaba ayer en un encuentro informativo. "Necesitamos cambiar esa relación que tenemos con las masas forestales porque, al final, de tanto protegerlas, lo que estamos haciendo es precisamente lo contrario", afirmaba. "Con esa intención de que no se tocase ningún árbol, precisamente lo que estábamos generando durante años y años es una acumulación de materia vegetal, de energía, a la disposición de los incendios, que lo que nos iba a provocar eran veranos como el que hemos tenido, y eso no lo podemos permitir".

La idea general con que se trabaja es que lo que se conoce como un "mosaico agrícola, ganadero y forestal" ponderado, además de servir como forma de reequilibrio territorial y demográfico entre los mundos rural y urbano, ayuda a prevenir los incendios. Y en la consecución de ese "mosaico" entra esa gestión forestal a la que alude el cambio de nombre en la dirección general.

Hace unas semanas, en el Debate del Estado de la Región, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció la puesta en marcha de un plan de conservación de los bosques bautizado como Madrid Forestal con 44 medidas y una inversión de 160 millones de euros entre 2026 y 2030. Y entre esas medidas, se contempla la explotación maderera de los montes de utilidad pública. La Comunidad de Madrid pretende aumentar de manera exponencial esta vía, que, además de ayudar contra la prevención del fuego, favorece la adaptación de la masa arbórea a fenómenos climáticos como sequías o grandes lluvias y la hace más resistente frente a plagas, se argumenta. "Se trata de poder conseguir montes con más capacidad de protegerse ellos mismos", mantiene Novillo.

Adicionalmente, y aunque no es la razón principal por la que se acomete, permitirá a la administración regional ganar fondos. Si se implementa el plan al ritmo que prevé la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, el Gobierno autonómico pasará de poner en el mercado 18.504 metros cúbicos de madera, con unos ingresos de 510.045 euros en toda la pasada legislatura, a sumar 357.333 metros cúbicos e ingresar hasta 4,1 millones de euros hasta finales de 2026.

El Gobierno regional ya ha conseguido arrancar el primer nuevo aprovechamiento de madera en varios años, trasladaba ayer Novillo. Es, en concreto, en un monte de utilidad pública en el municipio de Gascones, en la Sierra Norte, en el que en 260 hectáreas al año se extraerán hasta 20.000 metros cúbicos de madera de pino silvestre, según ha detallado el consejero. La Comunidad de Madrid ingresará con esta licitación medio millón de euros a través de un contrato bianual, pero la idea es extender el modelo a todos los montes de utilidad pública de la región. Desde la Consejería se traslada la sorpresa "por el alto número de empresas interesadas" en las licitaciones.

Se persigue de esta manera multiplicar por 20 el aprovechamiento maderero en la región, no solo en los montes púbicos, también en fincas privadas. De las 420.000 hectáreas de superficie forestal que tiene la Comunidad de Madrid se estima que en torno al 66% está en manos privadas.

De la mano de esta estrategia camina la prevista modificación de la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza con el fin de reforzar la cultura de la prevención y aclarar las indicaciones de los propietarios de montes en este sentido. Lo que se busca, al darle rango de ley, es reforzar la obligatoriedad que los dueños de terrenos forestales tienen de establecer infraestructuras de defensa frente al fuego. Al mismo tiempo, se prevé facilitar a los propietarios la elaboración de los planes de ordenación que son preceptivos para autorizar la gestión forestal.

Para ello se contemplan subvenciones y asesoramiento técnico sobre cómo contratar empresas que se encarguen de la explotación maderera. "La idea es que la gestión forestal aporte al propietario beneficios o por lo menos que no le cueste dinero el mantenimiento de su monte, porque si le genera un coste va a ser difícil que tengamos continuidad territorial en la gestión de los bosques", apunta Novillo.