Ayuso, sobre el registro de objetores al aborto: "Estigmatizar a un profesional no es propio de una democracia liberal"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado hoy que no dará una respuesta inmediata al requerimiento realizado por el presidente del Gobierno a cuatro comunidades autónomas, Madrid entre ellas, en el que las impele a crear el registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos a que obliga la Ley 27201, reformada en 2023. "Ya veremos lo que le voy a ir contestando", ha asegurado en un acto en Leganés a preguntas de la prensa. "Para una carta que escribe me tomaré con tiempo la respuesta para ser certera", ha despachado.

Ayuso ha manifestado, no obstante , su oposición a la medida en términos inequívocos. "Obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer no parece propio de una democracia liberal, del mismo modo que no se persigue a nadie por abortar o por no hacerlo", ha apuntado.

El debate en torno al aborto se ha reabierto en toda España después de que la pasada semana el PP apoyara en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid una moción impulsada por Vox para que en los espacios de saludo y de igualdad del consistorio se informara de un llamado "síndrome postaborto" que entre otras consecuencias, dice el texto, puede ocasionar "depresión, ansiedad, culpabilidad, alteraciones del sueño, aislamiento social o, por el contrario, salir sin parar, trastornos de la conducta alimentaria, ataques de pánico, consumo de alcohol y drogas...".

El propio alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida intentó salir al paso dos días después al asegurar que el síndrome postaborto no es "una categoría científica reconocida" y afirmar que no se obligará a los profesionales a informar sobre el mismo y que solo se transmitiría información "veraz". La marcha atrás del regidor de la capital no sirvió, de hecho, para atajar la polémica, sino al contrario, para hacerla seguir creciendo y avivar el debate en torno también al registro de profesionales objetores y la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo en clínicas y hospitales públicos.

Al hilo de este debate, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado hoy un requerimiento formal a Aragón, Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid en el que da a estas cuatro autonomías un plazo de tres meses para crear y regular el Registro de Personas Objetoras que prevé la ley. De lo contrario, se recurrirá a los "mecanismos legales oportunos".

A juicio de Ayuso, el movimiento responde a un intento desde el Gobierno para desviar la atención sobre otros asuntos del debate público. "Ahora toca hablar de esto con tanta frivolidad porque estamos en una campaña para tapar todos los escándalos que rodean al presidente", ha manifestado.

La dirigente madrileña ha sido taxativa al mostrar su opinión. Tras recordar que el año pasado se practicaron en España 106.000 abortos, lo que ha considerado "de una enorme tristeza" y "un fracaso como sociedad", ha enfatizado que ella ha defendido siempre lo mismo: "Que en España no se persiga ni se señale a nadie por abortar o por no hacerlo ni tampoco que se persiga o se señale a nadie por practicar un aborto o no querer practicarlo como profesional de la salud".

"Vamos a cumplir la ley"

Ayuso demorará su respuesta a Sánchez y ha mostrado su opinión contraria, pero no ha confirmado si se resistirá a la elaboración de ese registro. El pasado viernes, de hecho, en un encuentro con periodistas, su consejera de Sanidad, Fátima Matute, aseguraba que la Comunidad de Madrid iba a cumplir con la ley y elaborar ese registro, ya abierto, según avanzó.

En opinión de Matute, la publicación de ese registro puede tener carácter "punitivo" y no resulta de gran utilidad, porque un profesional sanitario puede "en el último momento" decidir que no quiere practicar un aborto o una eutanasia. "Esa lista no me puede obligar tanto si estoy como objetor o como no objetor a hacer algo", apuntaba. "A lo mejor sería más útil tener una lista de aquellos que proveen el servicio para saber con quién cuentas", señaló Matute. "¿No es más útil sacar una lista de los [centros] que lo quieren hacer? Pero sí que puedo asegurar que vamos a cumplir la ley", remachó.

El Servicio Madrileño de Salud cubre las interrupciones voluntarias del embarazo, aunque deriva prácticamente el 100%, como en otras cuatro comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La ministra de Sanidad, Mónica García, apuntó hace unas semanas que, en la última década, de los 162.000 abortos practicados en Madrid solo se hicieron 177 en centros públicos.

Matute insistió el viernes en que en la Comunidad de Madrid se provee el servicio e incluso se recibe a mujeres de otras comunidades autónomas. En concreto, señaló, el año pasado 2.600 mujeres procedentes de Castilla-La Mancha interrumpieron su embarazo en Madrid. Asimismo, aseguró, hasta en un 63% de los abortos practicados el motivo fue un embarazo no deseado.