Sánchez insta a los ayuntamientos madrileños a que exijan a Ayuso aplicar la Ley de Vivienda

En plena pugna entre el Gobierno y las comunidades autónomas del PP por la puesta en marcha del futuro Plan Estatal de Vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al municipio madrileño de Alcorcón (173.625 habitantes) para acompañar a su alcaldesa, la socialista Candelaria Testa, en el acto simbólico de colocación de la primera piedra del futuro desarrollo urbanístico de Retamar, en el que la Empresa Estatal de Vivienda promoverá 200 pisos de los más de 3.500 que se prevén en el ámbito.

No ha ido solo. En un gesto para intentar trasladar el peso que a la vivienda pretende dar su Ejecutivo, le han acompañado los ministros de Vivienda, Isabel Rodríguez, y Transformación Digital, Óscar López, a la sazón secretario general del PSOE madrileño y previsible futuro candidato contra Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas, así como el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín.

Desde allí, Sánchez ha defendido los dos principales instrumentos que maneja el Ejecutivo en esta materia, el Plan Estatal y la Ley de Vivienda, y ha contrapuesto el modelo con los de otras comunidades. Frente a los que apuestan por que la solución al problema de la vivienda sea "una mayor liberalización del mercado", ha señalado en referencia a administraciones como la Comunidad de Madrid, aunque sin citarla, el presidente ha abogado por la intervención, como se hizo, ha ejemplificado, con el mercado energético durante la guerra de Ucrania.

Por eso, ha señalado, "es fundamental que los ayuntamientos, que las comunidades autónomas de nuestro país apliquen la Ley de Vivienda". Mecanismos como la declaración de zonas tensionadas para topar los precios de alquiler, ha insistido, se han revelado "eficaces".

"Hay importantes ciudades como Barcelona, importantes comunidades autónomas como Cataluña, donde los precios ya empiezan a bajar como consecuencia de la aplicación de la Ley de Vivienda", ha subrayado. "En Cataluña, han bajado un 5% y en Barcelona un 9% sin reducir, insisto, la bolsa de pisos en alquiler, que es una de las principales críticas falaces que se hacen". Es un argumento recurrente desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid resistirse a la declaración de zonas tensionadas porque topar los precios expulsa viviendas del mercado de alquiler.

Por contra, Sánchez ha instado a los ayuntamientos madrileños a que exijan al Gobierno de la Comunidad a que declare zonas tensionadas. "Once municipios de la Comunidad de Madrid", ha remarcado en presencia de la alcaldesa de Alcorcón, uno de esos 11 municipios, "ya han solicitado que el Gobierno Autonómico aplique la Ley de Vivienda y declare de una vez por todas las zonas tensionadas que están en vuestros términos municipales para poder tener esas palancas y defender lo que es un derecho de todos, el acceso a la vivienda. Seguid luchando por esta causa, que yo creo que es justa", ha añadido Sánchez tras cifrar en 600 euros anuales lo que una familia que pague un alquiler de 1.000 euros en Alcorcón habría ahorrado si se hubiesen topado los precios.

El presidente del Gobierno, que ha calificado de "inmoral, inaceptable e indecente" la situación de quienes "malviven en un habitáculo a precios absolutamente desorbitados", también ha defendido las virtudes y las cifras del Plan Estatal de Vivienda que pretende aprobar antes de que acabe el año. Son en concreto 7.000 millones de euros hasta 2030 los que se pretende movilizar con el compromiso de que las comunidades autónomas colaboren en la financiación del Plan en una proporción de 60-40, el 60% el Ejecutivo; el 40% las autonomías. Además, ha destacado las inversiones en vivienda del Ejecutivo central en la Comunidad de Madrid, entre las que ha señalado 1.400 millones para "la rehabilitación y para la creación de vivienda asequible y de alquiler social".

A modo simbólico, Sánchez ha introducido en una urna que actuará como primera piedra y cápsula del tiempo unos planos del futuro desarrollo urbanístico de Retamar, en el municipio de Alcorcón. Una extensión de 1.1140.000 metros cuadrados en la que se levantarán 3.503 viviendas, en una altura máxima de cuatro plantas. De esas 3.500 viviendas, un total de 1.123 tendrán algún tipo de protección pública. Entre ellas, las 200 en régimen de alquiler asequible que promoverá la empresa estatal de vivienda.